Amnistía Internacional (www.territorioindigena.com.ar) tiene contabilizados 183 conflictos en Argentina respecto de pueblos indígenas y sus territorios frente a empresas agropecuarias, mineras, petroleras, inmobiliarias, etc., por problemas que van desde usurpación de tierra hasta daños ambientales.
“Para nosotros es dificultoso disponer de un papel [de propiedad], pero un papel no da derecho a destruir un ecosistema”, explica Deolinda Carrizo, dirigente del Mocase (Movimiento Campesino Santiago del Estero, norte de Argentina) en Zaragoza, España. Refiriéndose a al menos 9 mil familias, que hace más de dos décadas, luchan contra el desalojo silencioso de terratenientes y grandes empresas que promueven el monocultivo de la soja transgénica.
Santiago del Estero forma parte del Gran Chaco, una región caracterizada por la gran propiedad de la tierra, que a partir de títulos de origen incierto, intensificaron la ocupación de tierras que le correspondían incluso a pueblos originarios.
Desde 1996, se intensificó en Argentina una lógica desarrollista por la ocupación de tierras para el cultivo de soja transgénica. Ahora se vive una profundización, pues el gobierno de Mauricio Macri ha eliminado los impuestos que gravaban la exportación de soja, maíz y productos mineros, y ha abolido el límite de 20% de la propiedad de la tierra al que podía acceder el capital extranjero.
Con estas propiedades, el avance de la maquinaria que agranda el espacio terrateniente y empresarial, a la vez que achica los territorios comunales, va de la mano con dos estrategias para amedrentar a los indígenas, “las fumigaciones indiscriminadas, incluso sobre los pequeños núcleos de población y sus escuelas, y la aparición de escuadrones de la muerte (…) están contratando a grupos armados paramilitares para expulsar a las familias. Se está reactivando la criminalización en la lucha por la tierra, como en los años noventa”, indica Deolinda Carrizo, en buena parte, refiriéndose a los recientes conflictos y violentos ataques a familias y comundiades mapuche.
“Muchas familias llevan siete, diez y más generaciones en esas tierras, y la ley ampara tanto a las comunidades históricas como a las familias que cultivan durante veinte años de manera pacífica un terreno”, explica Carrizo. Normalmente, cada familia combina la crianza de cabras, vacas y chanchos (cerdos) con el cultivo de parcelas de 10 a 30 hectáreas de secano, más extensiones secas de varios miles con otros grupos, con cuya producción subsisten y suministran a los mercados locales, esta forma de vida es la que la resistencia a las empresas y corporaciones, se está defendiendo y que desde los años noventa, sus dirigentes y organizaciones, no se cansan de denunciar.
Como miembro de la Vía Campesina, MOCASE ha apostado por dos líneas de trabajo para mejorar la situación de las comunidades de Santiago del Estero: fomentar las fábricas de transformación agroalimentaria y promover una Escuela de Tecnicatura Agroecológica, que combina en la enseñanza, técnicas académicas y tradicionales. Estos esfuerzos se enmarcan en un reto mayor, poner en marcha el Instituto de Agroecología Latinoamericano, una especie de universidad popular de esta disciplina que cuenta con el apoyo de centros de Argentina, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Fuente original: MRxTT
