Posts @IPDRS

En base a datos provenientes del Instituto Nacional de Reforma Agraria de Bolivia (INRA, 2016)), el Informe de Acceso a la Tierra y Territorio 2016 advierte que en Bolivia se han consolidado importantes desigualdades en la dotación y acceso a tierras productivas.

“Los campesinos han consolidado 14 hectáreas (ha) por familia en promedio, a nivel nacional; los indígenas y originarios lograron consolidar 56 ha por unidad familiar; y finalmente, los empresarios agroindustriales consolidaron 930 ha en promedio por unidad empresarial”, detalla el informe, que para Bolivia fue elaborado por Fundación Tierra, junto con el Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS).

Asimismo, destaca que las tierras productivas continúan en manos de agroindustriales: “El saneamiento en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija prácticamente estarían concluidos. En estas regiones se encuentran las mejores tierras y fueron ocupadas por agroindustriales desde hace más de cuatro décadas. Si a la fecha ese sector logró consolidar 9 millones de ha, lo hicieron en las zonas que tradicionalmente ocuparon, por lo que su situación preferencial sobre la calidad de la tierra no ha cambiado”.


Otro aspecto importante es que, “hasta ahora la redistribución de tierras ha sido un mecanismo secundario dentro del proceso de entrega de tierra”. Redistribuir significa revertir el derecho propietario de tierras que no son trabajadas para entregarlas a personas que necesitan la tierra.

En el caso de los campesinos e indígenas de tierras altas (valle y altiplano), con el saneamiento lograron consolidar sus posesiones y actualizar sus derechos de propiedad. En cuanto a los indígenas de tierras bajas, sí se menciona un proceso “visible e importante” de distribución de tierras fiscales, especialmente bajo la figura de TIOC (Territorios Indígena Originario Campesinos).

“No obstante, en la práctica, este hecho no ha implicado grandes procesos de reversión y redistribución; salvo situaciones puntuales, se ha tratado solamente de dotación de tierras de dominio del Estado”, detalla el informe.

Escasa y desordenada distribución de tierra fiscal
La superficie de tierra fiscal que es susceptible a la distribución es de 8.135.593 ha. Hasta el 2016, según el INRA, se distribuyeron 2.844.349 ha a favor de 36.056 familias.
Según la Ley INRA, la totalidad de tierras fiscales deberían ser dotadas gratuitamente a favor de pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, el informe advierte que “existen casos de entrega de tierra a personas individuales bajo la figura de adjudicación (el Estado vende la tierra a un nuevo propietario)”.

Lamentablemente no se dispone de datos que permitan distinguir entre la cantidad de tierras que fueron dotadas de las que fueron adjudicadas, por lo que  “no es posible saber cuánto de esas tierras fiscales efectivamente favorecieron a indígena originario campesinos”.

Por otra parte, el IPDRS-Fundación Tierra añaden que, si bien existe un procedimiento descrito en el reglamento de la Ley INRA sobre cómo se debe distribuir las tierras, “en los hechos, sólo es aplicado parcialmente, sobre todo en lo que se refiere a la elaboración y aprobación de planes de asentamientos”.

En la mayoría de los casos, la entrega de tierras fiscales “no responde a una estrategia nacional y lo que se ha formalizado es la negociación directa entre el INRA y los demandantes que –mayoritariamente- se organizan a la cabeza de tramitadores”. En esas condiciones, logran acceder a tierras los que tiene mayor capacidad de incidencia ante la institución. De ahí que las denuncias de corrupción sean tan explicitas y frecuentes.

Al respecto, el informe del INRA del año 2016 muestra que se habría beneficiado a 1.010 familias, pero no se indica cuál es su origen o bajo qué argumentos técnicos se distribuyeron esas tierras, y tampoco se justifica técnicamente la sostenibilidad de esos asentamientos.

“Más bien, lo que se conoce son evidencias de comunidades fantasmas que fueron abandonadas en asentamientos lejanos y desprovistos de servicios básicos”, indica el informe.

Según el INRA, está pendiente el 23% del total de tierras por sanear, y puntualiza que solamente restaría por intervenir 5% del territorio sujeto a saneamiento, mientras el restante 18% son zonas que fueron intervenidas pero que aún están siendo tramitadas.

Tras analizar las imágenes satelitales del avance del proceso, la Fundación Tierra afirma que “es posible identificar que 5% de la superficie no intervenida, cubre zonas principalmente campesinas extremadamente parceladas”, por lo que “el trabajo que aún resta es altamente complejo”.

Asimismo, advierte que en la superficie que aún falta sanear, “la presión por la tierra ha llegado al punto de que existen familias que son dueñas de franjas de tierras de no más de 100 metros cuadrados, por tanto, el saneamiento de esas tierras no cambiará la situación de inequidad en términos de tenencia, ni significa el acceso a nuevas tierras”.

En este sentido, la complejidad en la tenencia de la tierra obliga a que cualquier intervención por actualizar los derechos de propiedad “esté acompañada de políticas que enfrenten el minifundio y que ayuden a resolver los variados conflictos intrafamiliares, para consolidar unidades familiares campesinas económicamente viables”, afirma el informe.

Conflictos por acceso a tierra y territorio
En los últimos años se han identificado conflictos de diversa naturaleza y envergadura, que afectan a comunidades campesinas e indígenas con terceros, entre comunidades, entre la ciudad y el campo, entre un uso de la tierra y el agua y otro.

Entre los conflictos relacionados al acceso y tenencia de tierra, destaca en Santa Cruz el conflicto se dio entre los pobladores de la comunidad indígena de Choreti y el cuartel militar Abaroa, ubicado en el municipio de Camiri.

Según la Fundación Tierra, las comunidades habían reconocido (2012) que los terrenos eran del Regimiento Abaroa; “no obstante, debido a la escasez de tierra, varios comunarios intentaron retomar esas tierras en beneficio de sus familias”. El conflicto sigue latente.

En La Paz, se dio un conflicto por tierras entre comunidades, que es un problema ya antiguo entre las comunidades campesinas de Atahuallpani y Loriacani, del municipio de Sorata. El conflicto  derivó en un enfrentamiento con el saldo fatal de un campesino muerto. Este problema también sigue latente.

Un caso de Potosí se debió al acaparamiento de una fuente de agua para riego por parte de una familia, lo que movilizó a los pobladores de las comunidades de La Palca y Santa Lucía, en el municipio de Yocalla provincia Tomás Frías. Los comunarios tomaron la oficina departamental del INRA exigiendo el saneamiento de tierras en sus comunidades, para esclarecer los derechos de propiedad de las fuentes de agua.

Por otra parte, también destacan conflictos por la afectación de territorios y derechos colectivos.  El año pasado, hubieron movilizaciones de  comunidades campesinas originarias de los departamentos de Oruro, Potosí y Chuquisaca.

Pero quizás los conflictos más conocidos a nivel nacional respecto a la afectación de territorios y derechos colectivos son los casos de la Reserva Nacional de Tariquía en Tarija, y de El Bala-Chepete en La Paz.

Como se sabe, en el caso de Tariquía las comunidades circundantes a la reserva han expresado su preocupación ante el anuncio del ministro de hidrocarburos, Luis Sánchez, que informó que la actividad petrolera podría iniciarse en el año 2018.

Según las comunidades y activistas ambientales, el impacto de la actividad petrolera puede repercutir en la contaminación del agua y en consecuencia, problemas de salud. El gobierno ha negado tales impactos. Aún no hay información clara, objetiva y esclarecedora al respecto.

Las represas de El Bala-Chepete, proyectos ubicados en El Parque Nacional Madidi, debieran generar 3.676 MW con un costo estimado de 6.000 millones de dólares y por lo que el Presidente Evo Morales firmó un contrato entre la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la italiana Geodata.

Indígenas y ambientalistas debatieron los peligros que supondrían estos megaproyectos, inundaciones y daños a distintas especies de fauna y flora; daño a las comunidades indígenas en su base económica, social y cultural; afectación a los territorios indígenas Mosetén, T’simane, Tacana, Uchupiamonas y Leco, que reclaman la vulneración de sus derechos y exigen un proceso de consulta.

Los proyectos también afectarían el territorio de grupos en aislamiento voluntario, como los Toromonas. Por su parte, el gobierno asevera que el efecto no llegará a 1%. La movilización y vigilia de las comunidades, lograron circunstancialmente detener el estudio de diseño técnico, al menos temporalmente. Un problema complejo que implica prioridades nacionales y locales que no han sido discutidas como sociedad.

Afectaciones a la producción agropecuaria
En varios lugares de Bolivia se han producido estos problemas. En El Alto, el manejo de la basura de esa ciudad afecta a las comunidades campesinas, particularmente de El Ingenio del Distrito 13, que ha denunciado que la contaminación por el relleno sanitario y el rebalse de la piscina de lixiviados y residuos líquidos tratados con elementos químicos, afecta la alimentación de su ganado ovino y camélido, y hay temor de contraer enfermedades estomacales, respiratorias y alérgicas.

Agosto de 2016. En Potosí, los comunarios de Pati Pati, en las cercanías a la ciudad, dejaron sin agua a parte de la urbe, vaciando las tres lagunas que tenían 250.000 m3 de agua hacia sus reservorios, “de manera ilegal”. Un conflicto debido a la sequía y a la laxa interpretación de los usos y costumbres sobre las fuentes de agua.
En Cochabamba, la sequía también ocasionó una disputa por el control de la laguna Saytu K’ocha, los productores de hortalizas de los municipios de Tiquipaya y Colcapirhua se enfrentaron a las comunidades de las alturas del Tunari, como Titiri Pampa, Titiri Central y Chapisirca.

El más sonado caso fue el de desabastecimiento de agua en la ciudad de La Paz, 90 barrios del sector Este, la zona Sur de la ciudad y varias zonas de la ciudad de El Alto, causado por mala gestión y además por la sequía.

FUENTE: EL DÍA

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar