Representantes de comunidades indígenas de Ecuador pidieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se obligue a ese país a proteger a los pueblos originarios y sus territorios de las actividades extractivistas y que se respete su derecho a la identidad cultural.
“Estamos siendo afectados dentro de nuestro territorio por las transnacionales y vemos peligrar la vida y continuidad de nuestra identidad”, dijo la presidenta del pueblo kichwa sarayaku, Miriam Cisneros, ante la CIDH.
En el territorio sarayaku, ubicado en la provincia de Pastaza (este), el 94 por ciento del bosque es primario y en él se han concesionado tres bloques petroleros que, según los demandantes, afectan al 91,18 por ciento del territorio y a 67 comunidades, que no fueron consultadas antes de la concesión.
Cisneros solicitó además que se inste al Estado ecuatoriano -que no asistió a la audiencia- a cumplir una sentencia de la CIDH emitida hace cuatro años que demandó el retiro de pentolita de territorio sarayaku, un explosivo que pone en riesgo la vida de los habitantes de este pueblo.
Por su parte, el presidente del pueblo indígena Arutam, Vicente Shair, recordó que durante años han mantenido “una profunda armonía con la naturaleza” que se ha visto afectada por la “concesión extractivista sobre la cordillera del Cóndor”, una cadena montañosa ubicada en los Andes.
El pueblo shuar Arutam está integrado por 47 comunidades que viven en 220.000 hectáreas y que reclaman por la entrega de 13 concesiones mineras a la empresa china Expo Cobres, lo que afectaría al 50 por ciento del territorio shuar.
Sahir considera que “los verdaderos representantes del pueblo deben ser quienes participen en la toma de decisiones sobre el territorio y no delegados que no viven ni pertenecen a nuestra selva”.
El dirigente planteó que no se oponen a la extracción de recursos naturales en sí, sino “a la forma en que el Estado nos trata” con “persecuciones y amenazas a nuestros representantes”.
Lo que critican, añadió, es “la irresponsabilidad en el trato con las personas, animales y recursos que habitamos, como si fuéramos nosotros los invasores de una tierra en la que llevamos siglos”.
Por su parte, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, reclamó la presencia del Estado ecuatoriano, pues “la comisión valora mucho cuando los Estados están acá y lamenta mucho cuando un estado no participa porque nos priva de conocer mayores elementos de información y de diálogo”.
Los pueblos originarios justificaron su reclamo en la intensificación de las actividades extractivas que, desde su perspectiva, comprometen sus derechos legítimos a conservar su identidad cultural.
En la audiencia participaron los pueblos zápara, kichwa, sarayaku y shuar.
Activistas de Ecuador piden a la CIDH garantías para los defensores de derechos humanos
Activistas y organizaciones sociales de Ecuador denunciaron el viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existe violencia y hostigamiento contra defensores de derechos humanos en el país y pidieron que se obligue al Estado a garantizar la protección de estas personas.
“Pedimos que se recomiende tomar las medidas necesarias para garantizar la labor de los defensores de derechos humanos, especialmente entornos propicios y seguros y que la sociedad cuente con espacios suficientes para presentar sus denuncias”, señaló el abogado representante de la sociedad civil, Harold Burbano, a la CIDH.
El Estado ecuatoriano no concurrió a las audiencias del 163 período de sesiones de la CIDH, celebradas desde el lunes y hasta el viernes en Lima.
Burbano recordó que hace semanas organizaciones indígenas presentaron pedidos de amnistía para 167 personas y de indulto para 20 más, que están siendo resueltos individualmente y que, en su opinión, requieren más celeridad.
“Fueron personas detenidas por su resistencia al arresto, manifestantes que, en su mayoría, han actuado en forma pacífica y se espera la pronta intervención del Estado para favorecer con el indulto o amnistía al resto de casos”, dijo Burbano.
Asimismo agregó que Ecuador necesita un “sistema especializado para defender los derechos de las personas acusadas, procesadas o víctimas de amenazas”.
Los demandantes denunciaron, en primer lugar, las agresiones contra los defensores de derechos humanos y la falta de debida diligencia en los procesos de investigación, sanción y reparación en casos de violaciones y hostigamiento.
Además, se quejaron por “la deficiente institucionalidad existente en el país para la protección de las y los defensores en el ejercicio de su labor”.
El vocero de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos en Ecuador (Cedhu), Francisco Hurtado, manifestó que aunque es verdad que Ecuador cuenta con recursos legislativos idóneos para tramitar estos casos, solo existen “en teoría, pero no hay diligencia en el accionar, no hay acceso a la justicia como tal”.
FALTA DE INFORMACIÓN
Por su parte, la presidenta de la mesa que recibió a los demandantes, la comisionada, Esmeralda de Troitiño, expresó su preocupación por la ausencia del Estado ecuatoriano y por “la falta de información que existe en derechos humanos entre instituciones estatales y ciudadanos”.
“Esta es una oportunidad que tenemos, un mecanismo que tiene la Comisión para establecer los puentes de comunicación que nos permitan escuchar a las partes y poder hacer este intercambio de información en un tema tan especial como es la proyecciones los derechos humanos”, apuntó Troitiño, quien hizo un llamado al país para que muestre su versión de los hechos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos y la Cedhu representaron a los defensores de derechos humanos en la audiencia que se desarrolló en el marco del período de sesiones 163 de la CIDH. (Sputnik).
FUENTE: EL PAÍS.cr
