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La cada vez mayor demanda internacional por la soya, los bajos costos de las propiedades agrarias en Bolivia y la ausencia de capacidad regulatoria sobre el mercado de tierras por parte del Estado son los aspectos centrales que influyeron para que el fenómeno de la extranjerización crezca en Santa Cruz.

De los 2.7 millones de hectáreas cultivadas en el país, 1.8 millones se encuentran en este departamento, afirma la Fundación Tierra. La evidencia se encuentra inmersa en un estudio realizado por esa Fundación y dada a conocer por el Programa de Investigaciones Estratégicas de Bolivia (PIB), y cuyos resultados fueron expuestos por Miguel Urioste, Director de Tierra, durante el seminario internacional "Tierra, Propiedad y Poder", organizado por Oxfam Bolivia, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (Ipdrs), el Postgrado de la Universidad Mayor de San Andrés (Cides- Umsa) y Crece. 

El estudio lleva el título de "Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia" y Urioste afirma que bajo la definición conceptual de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) de que el "land grabbing" o "acaparamiento de tierras" es la compra de tierras que realizan unos Estados a otros, como el caso de China a Corea del Sur, y que en Bolivia se da el fenómeno de la concentración y extranjerización de la tierra. 

 "Más de un millón de tierras están en manos de brasileros", dijo el autor a tiempo de señalar que detrás de estas propiedades están grandes empresas productoras, sobre todo de soya, que utilizan tecnología de punta y ahorradoras en mano de obra, exportan el producto a mercados internacionales para alimentar al ganado y en segundo lugar a las personas; su producción es levantada a costa de la destrucción de cientos de miles de bosques cada año, con efectos depredadores en el medio ambiente. 

Los datos revelan que los brasileros copan el 40% de las tierras en manos extranjeras, seguido por los menonitas con el 20.2%, según el estudio. 

A pesar de ello, dijo que contrariamente en Santa Cruz, el tema de la extranjerización de la tierra no es percibido como un problema. Es más, "la CAO, Anapo y la Cainco, ven la inversión extranjera como gran cosa, como la incorporación de capital, como el flujo de inversión necesario, porque en Bolivia no tenemos capital, tecnología ni conocimientos que traen los brasileños". 

Según Urioste, organizaciones como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) o la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), no perciben este problema y por ello existe una ausencia de toma de posición al respecto. 

El estudio realizado el 2010 y publicado este año, también reveló que las tierras utilizadas para la producción de la soya, que abarcan el 52% de la superficie agrícola en Santa Cruz, no están saneadas y, por tanto, no tienen derecho propietario pleno.

"Pero es tan grande la tasa de ganancia, que se justifica el riesgo o la posibilidad de perder la tierra mediante acción pública del Estado, como la expropiación o reversión". 

Sin embargo, dijo el investigador, no hay ni un solo caso de reversión o expropiación de latifundios en Santa Cruz que se haya dado en los últimos seis años. "La Reforma Agraria no ha tocado ni una sola hectárea de la gran empresa capitalista del agro-negocio en Santa Cruz", explicó. 

Uno de los aspectos identificados como alentador para la extranjerización de la tierra en Bolivia es el hecho de que el Estado no tiene capacidad para regular el mercado de tierras, la cual se realiza de manera poco transparente a través de bancos y empresas proveedoras de insumos agroindustriales. Tampoco se conoce un Plan de Uso del Suelo (PLUS) por lo que este se encuentra sujeto al criterio de cada productor. 

Los bajos precios de la tierra en el país en relación a los vecinos sigue siendo un "gancho atractivo" para los extranjeros, dijo Urioste, debido a que en el país no hay un impuesto a la propiedad agraria y si es que se paga algún monto es irrisorio, además los productores de oleaginosas son los que más consumen diesel subsidiado. 

Urioste afirmó que la nueva Constitución Política del Estado alentó la extranjerización de la tierra al no restringir la compra de propiedades agrarias a los extranjeros, ni delimitar el latifundio, ya que si este es de propiedad de una sociedad puede llegar hasta las 100 mil hectáreas. 

 En el seminario también participaron el experto en seguridad alimentaria, Luis Camacho de OXFAM; la historiadora económica, Silvia Lilian Ferro de Argentina; demás del investigador peruano, Fernando Eguren.

www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20111118/fundacion-tierra-revela-que-mas-de-un-millon-de-hectareas-estan-en-manos_149944_311020.html

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