Miles de campesinos y campesinas se encuentran nuevamente movilizados en la capital, sus principales reclamos apuntan a la falta de cumplimiento de acuerdos alcanzados en marzo pasado por parte del gobierno. Como trasfondo se encuentra una profunda y prolongada crisis que atraviesa la agricultura campesina, abandonada por el Estado y arrinconada por el voraz avance del agronegocio.
El pasado 24 de marzo el gobierno y las organizaciones integrantes de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) llegaron a un acuerdo para asistir a más de 30 mil productores campesinos mediante la entrega de kits alimentarios, ejecución de proyectos productivos y asistencia a los pequeños productores. Durante la movilización el campesinado también logró la aprobación de una Ley de Emergencia por la Sequía que afectó al país, y cuyos efectos se mantienen hasta la fecha, dicha ley permitía el uso de fondos públicos para la asistencia a productores y productoras, sin embargo, según denuncian las organizaciones, ningún compromiso se ha cumplido por parte del gobierno.
Más allá de las promesas incumplidas la movilización campesina tiene un trasfondo mucho más profundo, desde 2016 la propia CNI, realiza movilizaciones denunciando la crisis crónica que atraviesa la producción campesina en el país, con sus consecuencias sociales y económicas, como la expulsión de familias campesinas, el aumento de la dependencia alimentaria y otros. En aquel momento el gobierno de Horacio Cartes, y su Ministro de Agricultura Jorge Gattini, habían promovido el cultivo de algunos productos de renta que no obtuvieron mercados y precios favorables para los campesinos que quedaron endeudados y sin ningún tipo de asistencia estatal; las tierras de miles de pequeños agricultores se encuentran hipotecadas, fueron rematadas o reclamadas judicialmente por entidades financieras privadas profundizando la situación de exclusión y despojo en el campo.
Entre los meses de julio y agosto del 2017 la CNI protagonizó una de las movilizaciones sociales más prolongadas de la historia permaneciendo en la capital por 39 días hasta con los mismos reclamos que permanecen hasta hoy, en aquel momento, el Presidente Horacio Cartes, promulgó la Ley que declaraba en Emergencia a la agricultura campesina pero vetó la Ley que otorgaba subsidio a las deudas campesinas por lo que sólo se lograron acuerdos parciales respecto a la asistencia a los pequeños productores.
En el año 2018, en febrero, la CNI retornó a la capital debido al incumplimiento de la Ley de Emergencia mediante la cuál debía asistirse a las familias campesinas dedicadas a la pequeño producción mediante la entrega de instrumentos de labranza, semillas y otros insumos, además de kits de alimentos para paliar la situación de hambre que existe en el campo, en ese entonces los dirigentes denunciaron que el MAG no entregó los insumos prometidos y señalaron que existió corrupción y desvío de los fondos públicos que debían destinarse a la Agricultura Familiar. En marzo de 2019 la Coordinadora se movilizó nuevamente exigiendo soluciones ante la agudización de la problemática de la deuda campesina y la crisis de la agricultura familiar que no encontró apoyo en entes estatales; en junio del mismo año volvieron a la capital con propuestas concretas para asistir a sus asociados, ya que el acuerdo anterior había sido nuevamente incumplido.
En noviembre de 2020 tras varios meses de aislamiento social, la CNI, junto a otras articulaciones campesinas se volvió a movilizar, añadiendo a los reclamos históricos de asistencia a los pequeños productores y de poner fin al endeudamiento campesino, la necesidad de recuperar las tierras malhabidas. Movilizaciones similares se repitieron en agosto del 2021, tras la etapa más dura de la pandemia, y el pasado mes de marzo.
La reiterada protesta campesina tiene como trasfondo un modelo agrario excluyente, que termina impactando sobre el clima, afectando de sobremanera a la agricultura familiar. El modelo sostenido y apoyado por el poder político y económico que domina el país, excluye y empobrece a la población campesina, al punto que apenas 347 mil hectáreas de las tierras cultivadas se destinan a la producción de rubros de la agricultura campesina, mientras el agronegocio acumula más de 5.5 millones de hectáreas.
Según señala el analista e investigador especializado en la temática de movimientos sociales, Abel Irala, «un modelo agrario que promueve la concentración de la tierra, la de los medios de producción, las modificaciones de las semillas, formas agroganaderas en oposición al medio ambiente y a prácticas culturales, es un modelo que necesariamente será cuestionado por la mayoría de la población campesina e indígena». En ese sentido indica que la aplicación de estos modelos excluyentes provoca enormes desigualdades sociales y son cuestionados por varios sectores de la sociedad, pero principalmente por quienes son expulsados de sus territorios, familias campesinas e indígenas «en este orden de cosas, Paraguay se ha ubicado como el país con la desigualdad casi perfecta en cuanto a la distribución de tierras»
