Por Diana Mendoza para Debates Indígenas
Asdrúbal Plaza Calvo, originario del pueblo Yanacona en los andes colombianos, lleva más de 40 años vinculado al movimiento indígena colombiano. Luego de ser maestro por varios años, Asdrúbal se graduó como abogado y, posteriormente, se especializó en antropología jurídica, políticas públicas étnicas y estudios políticos. Obtuvo su doctorado en ciencias políticas y sociales. De su larga trayectoria, él destaca el acompañamiento a procesos de recuperación de saberes ancestrales en materia ambiental con los tewalas nasa del Valle del Cauca, pero son muchos los escenarios nacionales e internacionales que, en materia de derechos indígenas, han contado con su activa participación.
Asdrúbal, tú has participado y aportado en la discusión y la construcción de propuestas sobre diversos temas de interés de los pueblos que pasan por la educación propia, la autonomía y, más recientemente, el Capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Estado Colombiano y las FARC. Aunque todos estos temas tienen desarrollos diferentes ¿podrías tratar de ayudarnos a verlos en la perspectiva del nuevo Gobierno que se instaura con la llegada de Petro y Francia?
Yo empezaría por hablar del tema de autonomía y autoridad, y te diría que se vienen dando algunas discusiones importantes en esta materia sobre las que tengo cordiales discrepancias. Te hablo específicamente del enfoque que predomina en la MPC [Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas] donde se plantea que, por ejemplo, debe haber un reconocimiento normativo de los indígenas como autoridades ambientales. Yo no comparto esa posición por lo siguiente: cuando el Articulo 246 de la Constitución Nacional dijo que los indígenas pueden administrar y legislar en sus territorios, no dijo “menos en” o “solamente en”, es decir, es una norma general. Luego, en 2003 o 2004, la Corte Constitucional se refirió precisamente a ese tema, confirmando que los pueblos indígenas tienen derecho a actuar como autoridades en todos sus asuntos (salud, educación, etc.) en su territorio. No entender el alcance que le ha dado la Corte Constitucional a la autonomía y el gobierno propio, nos ha llevado a enredarnos en el camino y pensar que debemos crear una autoridad ambiental mediante Decreto, pero si aceptamos este Decreto, mañana tendremos que tramitar otro para la autoridad educativa, luego para la autoridad en salud, y así sucesivamente. Yo pienso que esto no puede ser así. La autoridad indígena no puede ser sectorizada porque, como todo el pensamiento indígena, es integral.
En este mismo sentido vale recordar otra jurisprudencia constitucional que explica cómo, entre más consolidado esté lo propio, más autonomía tienes, y añade que, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas pueden legislar, entonces las normas que existen en sus territorios son de aplicación prioritaria frente a las demás, es decir, lo primero es lo propio. En resumen, si no queremos que nos sigan interviniendo en nuestros territorios con normatividad externa que va en contra de nuestros intereses, debemos avanzar en legislar desde el territorio, desde lo propio. Esto también requerirá que iniciemos un proceso serio de descolonización del pensamiento como paso necesario para ejercer efectivamente la autonomía en estos nuevos tiempos.
Otro campo que conoces a fondo y que se conecta directamente con las teorías de la decolonización es el de la educación propia. ¿Cómo piensas que podrá avanzarse en terreno con este nuevo Gobierno nacional?
Sin duda alguna hay una cosa que, si se nos aprueba, va a tener un impacto muy grande: es nuestra propuesta sobre el Sistema Educativo Indígena Propio [SEIP]. Este sistema va a ser importantísimo, no solo para los pueblos indígenas, sino para todo el país. Después de que logremos sacar adelante el SEIP, seguramente van a tener que revisar toda la educación nacional porque aportamos parámetros que son totalmente renovadores. Nosotros no partimos de la interculturalidad como estrategia articuladora, hablamos de educación propia y damos un vuelco a los diferentes planos que están en juego en el proceso educativo. Por ejemplo, no hablamos de docentes, damos cabida a elementos clave como son la espiritualidad, los espacios y actores educativos pero respondiendo a los modos de ser de cada cultura.
Hemos querido proyectar esta misma perspectiva al SISPI [Sistema Intercultural de Salud de Pueblos Indígenas] es decir, nos cuestionamos la idea de interculturalidad porque creemos que, al igual que en la educación, la salud debe ser la propia, la indígena. La interculturalidad es un principio transversal válido, pero no podemos perder de vista que lo que nos interesa fortalecer es lo propio o, de lo contrario, ¿dónde quedan la ancestralidad, las cosmovisiones? Porque tal como había venido construyéndose la propuesta de salud, lo occidental era lo principal, mientras que lo propio era lo accesorio. Eso, seguramente, debe cambiar porque ahora tenemos mayor claridad y mejor estructurada nuestra propuesta sobre procesos de salud indígena propia.
En estos campos de educación, salud y otros como el de economías propias, ya tenemos muchos avances, incluso logramos abrirles camino pese a los gobiernos de turno. La propuesta de educación está lista: logramos acordar el eje normativo de la Ley, que se desarrollará con decretos reglamentarios. Ya tuvimos un primer encuentro con el Ministro designado Alejandro Gaviria, y tenemos su compromiso para sacar adelante la propuesta normativa de educación indígena propia, y para tratar la emergencia educativa que está declarada desde 2019.
Ahora me preguntas ¿qué puede pasar hacia adelante? Lo primero que debe quedar claro para nosotros es que no somos gobierno, porque si lo fuéramos, podríamos ordenar y decidir directamente. Es cierto que ahora tenemos un gobierno amigo, tal vez un gobierno afín a nuestros intereses –como dice una de nuestras autoridades-, pero no podemos sacrificar nuestros procesos ni renunciar a nuestros mecanismos de presión porque llegó un gobierno amigo. No podemos detener nuestros procesos ni caer en la burocracia, ni menos hipotecar por cooptación la autonomía, gobierno propio y decisiones comunitarias.
¿Crees entonces que existe un riesgo de mayor burocratización de los líderes y las organizaciones en este momento político?
Es una verdad inocultable que en todos los pueblos hay liderazgos que le apuntan a sus intereses y beneficios personales, entonces ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo armonizamos internamente nuestra casa antes de armonizarle la casa a los demás? Es cierto que podemos aprovechar este momento para fortalecernos internamente y ver cómo irradiamos esa armonía interna, pero no nos podemos quedar atascados en lo interno porque se pasan los 4 años y no hacemos nada. Debemos, simultáneamente, reunirnos con el Gobierno y dar las pautas. Para eso tenemos que acordar, como pueblos indígenas, qué prioridades tenemos, a qué le vamos a apostar, y cómo lo vamos a desarrollar. También debemos definir cómo vamos a garantizar la continuidad de un gobierno amigo para poder seguir avanzando en los procesos, porque de no ser así, nos puede ir peor en el futuro.
Hablemos un poco de la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz del que hiciste parte. Luego de muchos esfuerzos de los pueblos indígenas, afros y raizales por tener un espacio como contrapartes del Acuerdo y verse ante la negativa, tanto del Gobierno Santos, como de varios integrantes de las FARC, ustedes pudieron, desde la Comisión Étnica de Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, hacer valer su vocería como una tercera contraparte del Acuerdo e incluir el Capítulo Étnico. ¿Consideras que luego de 4 años de retroceso en su implementación, efectivamente llegó el momento de ponerlo andar?
Te cuento una anécdota. Hace unos días, después de haber sido designado como nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Álvaro Leyva -a quien conocimos en la Habana en la época de los diálogos de paz-, se comunicó con nosotros. Su interés era que continuemos participando en el fortalecimiento del Acuerdo, y coincidió en que le demos un impulso al Pacto Político Nacional que se plantea en el Acuerdo de Paz. Este es un compromiso prácticamente olvidado del Acuerdo, una iniciativa de enorme alcance porque pretende convocar a todos, amigos y contradictores, sindicalistas, mujeres, LGBTIQ+, pueblos étnicos, campesinos, empresarios, etc., en un gran pacto por la paz. Con el doctor Leyva tuvimos un acercamiento previo. Durante el proceso de diálogos, lo conocimos e invitamos para presentarle nuestra propuesta respecto a las reformas estructurales que habíamos identificado. Sabíamos que el Pacto Político Nacional no iba a ser impulsado por el Gobierno Duque, y que las FARC no tenían la posibilidad de convocatoria requerida para hacerlo. Ahora queremos retomarlo.
Nosotros, los pueblos y comunidades étnicas, podemos impulsar este Pacto porque somos el tercer actor político del Acuerdo. Es algo inédito en la historia de los acuerdos de paz del mundo, que hayamos podido abrirnos ese espacio. Tú sabes que la introducción del Capítulo Étnico del Acuerdo está llena de anécdotas y situaciones increíbles, y que logró concretarse en el último minuto del último día del anuncio público de la firma. Pero, como todos sabemos también, no se ha implementado.
El primer problema que tiene que resolverse es el funcionamiento de la CSIVI [Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz], que depende exclusivamente del Gobierno y las FARC. Sin esta instancia, tampoco puede funcionar como corresponde la IEANPE [Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos], el organismo asesor y consultivo de primer orden de CSIVI para el cumplimiento de los 97 indicadores del Capítulo Étnico. Tampoco puede funcionar un organismo de seguimiento creado por las mujeres para el seguimiento de los temas de género. Pero como el Gobierno saliente nunca aceptó el Acuerdo de Paz y no quería reunirse con las FARC, la CSIVI nunca funcionó. En lugar del Acuerdo, crearon un programa de Gobierno que se llamó “Paz con Legalidad”, que no es el Acuerdo de Paz, y con eso quiso suplantarlo con todas las consecuencias que ya conocemos.
Ante ese panorama, tomamos la decisión de avanzar como IEANPE y así se lo hicimos saber al Gobierno Duque y a las FARC. Nosotros tenemos la misión de verificar la implementación, pero no tenemos la posibilidad de movilizarnos por todo el País. No tenemos siquiera la capacidad logística para socializar el Capítulo Étnico entre las comunidades. Cuando empezamos a plantear este problema a nivel internacional, el Consejero Archila [Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Gobierno Duque] se comunicó con nosotros para decirnos que el Fondo de Paz había aprobado unos recursos para la IEANPE. Lamentablemente, aunque conformamos un equipo técnico y empezamos a trabajar, la pandemia nos obligó a reducirnos a lo virtual. Aun así, empezamos a exigir información sobre avances de las diferentes entidades gubernamentales responsables de la implementación del acuerdo de paz y, aunque al principio se reían, se vieron obligadas a tomarse en serio el Plan Marco de Implementación y el desarrollo de los indicadores étnicos. En medio de todas estas vicisitudes, alcanzamos a elaborar un primer informe de la IANPE que se hizo público hacia diciembre de 2021.
Definitivamente, es un hecho que la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y sus organismos consultivos y de verificación, no han empezado a andar. Sin embargo, después de estos cuatro años perdidos, debe haber algunos aspectos que ahora ustedes identifican como más estratégicos a futuro. ¿Es así?
Si. Es importante destacar de ese Capítulo Étnico las Salvaguardas Sustanciales. Esas salvaguardas tienen que ver con la Objeción Cultural; la Consulta Previa, Libre e Informada; con el enfoque de mujer, familia, género y generación, y con la progresividad y no regresividad de los derechos. Son 4 salvaguardas, pero como son transversales y no quedaron indicadores de verificación para medir su cumplimiento en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo, no les han dado la importancia que realmente tienen. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo un cuestionamiento serio sobre los municipios PDET donde están aplicando los MEC [Mecanismos Especiales de Consulta]. Estos mecanismos son una violación de la Consulta Previa porque no reúnen los mínimos estándares internacionales, los vulneran totalmente y habrá que revisar al detalle lo hasta ahora ocurrido para trabajar en los correctivos necesarios.
Estos y otros aspectos sobre los cuales ya tenemos un mayor conocimiento, deberán ser revisados. De hecho, ya le hemos pedido al Gobierno entrante que hagamos un relanzamiento del Proceso de Paz y, al parecer, estaría de acuerdo. También es cierto que haber producido el primer informe de la IANPE dio pie para que, a nivel internacional, se atienda y acompañe en mejor forma el proceso de la implementación del Capítulo Étnico. Por ahora, con ellos estamos viendo la posibilidad de impulsar la Objeción Cultural, así como estamos viendo cómo puede ser el apoyo de Leonor Zalabata desde la ONU. El escenario internacional es un importante desafío para nosotros como pueblos indígenas, porque debemos ocupar los espacios vacíos, tanto para la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, como para el impulso de los temas cruciales que tienen que ver con la garantía de todos los derechos individuales y colectivos que nos han sido vulnerados por siglos.
(Artículo sin editar por pedido de la autora)
Diana Alexandra Mendoza es antropóloga, Máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural. Tiene una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambiente y cultura.
