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El acaparamiento y extranjerización de tierras es un fenómeno que se intensifica en América Latina y el Caribe y agudiza las desigualdades, la exclusión y los conflictos sociales con implicaciones políticas.

  "Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región. Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento", subrayó el profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Saturnino Borras.

El experto fue uno de los que tuvo a su cargo el análisis de un estudio realizado en 17 países latinoamericanos y caribeños por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), divulgado a fines de 2011.

Un especialista en desarrollo social, Martine Dirven, alertó entonces acerca de que en América del Sur "estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importantes".

Puso como ejemplo el caso de Uruguay, donde en los últimos 10 años el precio de la tierra ha aumentado siete veces.

Pero la concentración de los terrenos para la seguridad alimentaria y el sustento social en manos privadas y foráneas, va más allá de ser una problemática económica.

Para el director del Centro Peruano de Estudios Sociales, Fernando Eguren, "es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo y, finalmente, también tiene que ver con restricciones en la democracia," acotó.

Los investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos y donde participan gobiernos extranjeros, no solo se restringe a Brasil y Argentina, sino que afecta a gran parte de la región.

PARAGUAY: MÁS DEL MILLÓN DE HECTÁREAS VENDIDAS EN CINCO AÑOS

Un botón de muestra sobre esta temática llega de manos del investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, doctor en Ciencias Políticas Luis A.Galeano.

En su estudio acerca del desarrollo de esta problemática en Paraguay, concluye que ascienden a un millón 830 mil hectáreas las compradas por empresarios foráneos en las regiones de más intensiva extranjerización entre los años 2006 y 2010.

Los compradores tienen una gama de nacionalidades: brasileños, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles.

Una importante proporción de las empresas agrarias extranjeras se dedican, de forma preferente y combinada, a rubros productivos como trigo, maíz, ganado bovino y mayoritariamente soja.

Galeano calcula que en las últimas dos décadas las empresas extranjeras han adquirido entre nueve y 10 millones de hectáreas de tierras paraguayas, lo cual significa entre el 25 y 30 por ciento del conjunto de la superficie productiva del sector primario.

En su opinión este proceso está generando una creciente exclusión del acceso a la tierra por parte de los productores campesinos y las comunidades indígenas, lo cual agudiza los conflictos.

En respuesta, las más dinámicas organizaciones campesinas demandan el acceso a nuevas tierras y la puesta en ejecución de la reforma agraria.

Consideran que la expansión de las empresas agrarias extranjeras genera la exclusión de la tierra de numerosos grupos campesinos e indígenas, daña el medio ambiente y pone en peligro la salud de las comunidades rurales.

Asimismo provoca la pérdida de la soberanía política y limita fuertemente la alimentaria.

En la medida que la respuesta del Estado ha sido ineficiente, debido en gran parte a la oposición cada vez más firme de los agentes del capitalismo agrario, nacional e internacional, dichas organizaciones apelan a medidas de fuerza, como son las ocupaciones de las grandes propiedades, señaló Galeano.

Los conflictos por la tenencia de la tierra, añadió, suelen trascender su connotación meramente social y tienden a incorporar implicaciones políticas, en la medida en que involucran no sólo a importantes actores sociales, sino también a actores políticos de peso.

FALTA DE GOBERNANZA GENERA CORRUPCION

Tras estudiar el tema en 61 países, la FAO y el organismo mundial anticorrupción Transparency Internacional (TI) concluyeron que una gobernanza débil incrementa la posibilidad de corrupción en la tenencia y administración de la tierra, al tiempo que intensifica el impacto de la presión sobre su uso.

La corrupción con respecto a la tierra dijeron varía desde sobornos y fraude a pequeña escala hasta abusos a alto nivel desde el poder gubernamental y los círculos políticos.

Asimismo ratificaron que el acceso seguro a la tierra y la protección de los recursos naturales de un uso incontrolado es una de las claves para garantizar la seguridad alimentaria, la estabilidad social, las inversiones, un crecimiento económico de amplia base y el desarrollo sostenible.

Finalmente abogaron por la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de las tierras para que, de ese modo, beneficien a todos y no solo a los poderosos.