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Para unos está condenado al fracaso, para otros saldará deuda histórica con víctimas del conflicto.

La nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor el 1 de enero, busca devolver cerca de dos millones de hectáreas que fueron usurpadas por la violencia y la corrupción en los últimos 20 años en Colombia, uno de los países con más desplazados en el mundo.

El gobierno reconoce los riesgos de una iniciativa que se adentra en el corazón de las causas del conflicto armado que padece Colombia desde hace casi medio siglo, pero considera que también puede ser una vía de solución. "Este es un proceso propio de una etapa post-conflicto, pero que Colombia puso en marcha cuando el conflicto como tal no ha terminado", señaló el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

"Solucionar el problema agrario es una manera de ir acabando el conflicto. Es una ley que arrebata banderas políticas a la guerrilla", cuyo discurso ha estado enfocado en denunciar las injusticias en el campo, argumentó.

El propio presidente Juan Manuel Santos ha recalcado que la correcta aplicación de esta ley justifica por sí sola su presidencia

 Los mayores despojadores en Colombia fueron las organizaciones paramilitares que, en muchos casos, ofrecieron después las tierras a nuevos compradores.

El expresidente Álvaro Uribe, impulsor de la desmovilización de los paramilitares, ha alertado que la restitución puede derivar en "nuevos odios" contra empresarios en Colombia, donde los niveles de violencia se han reducido en los últimos años.

Desde la izquierda, el senador del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda denuncia que empresarios, algunos de ellos relacionados con el propio Uribe, se aprovecharon de las acciones paramilitares en la pasada década para adquirir terrenos abandonados a precios muy favorables en regiones como Montes de María. Pero el legislador duda que el gobierno de Santos tenga la intención de revertir el 'status quo' agrario en Colombia.

"La ley tiene graves vacíos y es claramente insuficiente para atender a las víctimas. Contiene medidas de seguridad jurídica para los empresarios", explicó Cepeda.

El programa de restitución de tierras, que forma parte de una iniciativa más amplia de compensación a las víctimas en Colombia, creó unidades de investigación de las denuncias y jueces especiales para revertir los despojos.

Restrepo resaltó que en las primeras seis semanas de aplicación ya se han presentado demandas por 600.000 hectáreas, lo que reafirma que "está bien enfocada". Y avanza que esta formalización de la propiedad estará complementada en la próxima legislatura por un "gran proyecto de desarrollo rural" que el Congreso empezará a estudiar en julio.

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