Campesinos de la comunidad 26 de Julio del municipio San Javier del departamento del Beni denunciaron que con la decisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de revertir sus propiedades a tierras fiscales porque supuestamente no cumplen una función social económica, sólo se tapa el tráfico de tierra y madera en esa población de parte de exdirigentes, además la malversación de recursos del Fondioc para un proyecto de criadero de cerdos.
La presidenta de la esa población, Ingrid Cuellar, señaló apelarán la Resolución Administrativa No 010/2014 que los deja sin más de 10 mil hectáreas de tierras, dotadas en 2010 por el INRA para el beneficio de más de 150 familias campesinas.
“Este es un tema que se ha denunciado a nivel nacional, lo sabe el INRA lo sabe el Fondo Indígena, no creo que no investiguen, pero este fallo favorece a los corruptos va tapar esos casos de tráfico de madera y tierra que denunció mi esposo. Nosotros no nos vamos a callar. El deseo de mi esposo, al morir, fue que este caso no quede impune. Nos dijo que su muerte no quede así no más”, declaró a Erbol.
Cuellar es la viuda del exdirigente de la comunidad 26 de Julio, Jacobo Soruco, a quien supuestamente asesinaron en julio de este año por denunciar la malversación de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), el tráfico de madera y tierra en ese lugar.
La dirigente campesina aseguró que en junio hicieron conocer de estos casos al INRA y al Fondioc, pero hasta la fecha no se hace nada por esclarecerlos. Acusó a la directora del INR Beni, Maira Rodríguez, de esconder estas denuncias.
“Aquí la única culpable de todo esto es la señora Maira Rodríguez. Ella me debe la vida de mi esposo porque mi esposo le dio en sus manos (los documentos) de la denuncia, igualito yo le entregué también al director del INRA nacional (Jorge Gómez) en un ampliado departamental que tuvimos”, aseveró.
Rodríguez indicó como INRA en casos de tráfico de tierras también se constituyen en parte denunciante ante el Ministerio Público para una investigación, sin embargo, este caso en específico hay que hacer la documentación para un seguimiento. Aseveró no contaba en el momento de la entrevista con información sobre la formalización de esta denuncian por los campesinos ante esa instancia.
“Si la han formalizado (la denuncia) sí tenemos conocimiento, es mucha la información que se maneja en el INRA. Yo en este momento no podría afirmar, ni negar, si dicen que han presentado debe constar (el registro en esa entidad estatal)”, afirmó.
“Corruptos beneficiados”
Joel Guarachi, segundo Secretario General de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y delegado de esa organización ante el Fondioc, reveló la malversación de 600 mil bolivianos que se desembolsaron en 2012 como recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la implementación de un módulo para criar cerdos en la comunidad 26 de Julio.
Manifestó el INRA no puede revertir las tierras a los campesinos de esa población porque así sólo se beneficia a personas (aparentemente exdirigentes de las misma comunidad) que se quedaron con el dinero del Fondo Indígena, que traficaron tierra y madera. Las investigaciones quedarán truncadas, remarcó.
“Como CSUTCB estamos muy preocupados porque el INRA ha anulado la Resolución de asentamiento de la comunidad 26 de Julio Tierra Nueva. Preocupados fundamentalmente porque hay (un) proyecto del Fondo Indígena ahí, es plata de los bolivianos que está invertido ahí, es plata de los bolivianos que ha sido manejada por personas corruptas que han malversado fondos”, lamentó.
Contó que pidieron audiencia con los representantes del INRA, pero no los recibieron. Al contrario, dijo lo responsabilizaron de ser el causante para la reversión de las 10 mil hectáreas.
“Yo Joel Guarachi he denunciado la corrupción, he denunciado malos manejos, he denunciado que querían cometer tráfico de tierra esta gente y dicen que yo soy responsable porque tal vez por eso van a parar los asentamientos humanos ¡No pueden parar! No pueden perjudicar por culpa de unos corruptos a toda la comunidad, ni a una provincia, ni a un departamento”, aseveró.
Para que se viabilice la aprobación del proyecto productivo del Fondo Indígena en 26 de Julio y saquen el primer desembolso de dinero, el expresidente, Eliomar Guasico, reconoció que aceptó que se ponga como beneficiarios a personas ajenas a la población. Uno de ellos, que firmó como beneficiario, confesó que lo hizo porque les iban a entrar tierras de esa población.
Mientras la Contraloría General del Estado no hace conoce el informe de la auditoría que el gobierno pidió hace un año se haga al Fondo Indígena, tras denuncias de corrupción, malversación de fondos y “proyectos fantasmas”.
