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El Parlamento colombiano aprobó la conciliación final denominada "Ley de Víctimas", con la que buscan efectuar una reparación a los 4 millones de personas que fueron víctimas del conflicto que afectó al país en los últimos 25 años. Esta fue ahora la nueva bandera del gobierno de Juan Manuel Santos.

La normativa fue aprobada por 155 votos a favor y 6 en contra entre ambas cámaras legislativas. La ley reconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia, lo que contradice lo sostenido hasta ahora por los gobiernos anteriores y especialmente por la administración de Álvaro Uribe Vélez, antecesor de Santos.

"Con la aprobación de la ley estamos enviando un mensaje al mundo: Colombia es un país de filosofía liberal que está buscando cómo superar un conflicto doloroso y a la vez que está en la búsqueda de una solución definitiva al conflicto comienza a reparar a sus víctimas", dijo el presidente del Congreso colombiano, Armando Benedetti.

La ley promete a los afectados reparación económica y simbólica, además de la restitución de por lo menos 2 millones de hectáreas de tierras a campesinos desplazados de sus predios por grupos armados a partir de 1991.

Para la politóloga Claudia López, experta en el conflicto interno de Colombia, la ley se destaca por ser la primera en el país "que se ha hecho para las víctimas". "Hasta la fecha, se habían votado leyes para que los victimarios confesaran sus crímenes, para que dejaran las armas, pero nada realmente para sus víctimas", dijo López, al evocar la ley de Justicia y Paz (2005), que acompañó la desmovilización de los paramilitares de extrema derecha.

La magnitud del reto que afrontará Colombia para cumplir con esta ley se puede medir en cifras: entre 3 y 5 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto, y muchas viven por esa razón en la pobreza (46% de la población).

La confesión de crímenes por parte de paramilitares desmovilizados arrojan cifras escalofriantes: 46.154 homicidios, 1.614 masacres y 562 actos de tortura, según un informe de la Fiscalía de 2010. Se calcula además que las desapariciones forzadas causadas por las Fuerzas Armadas y los paramilitares podrían alcanzar los 200.000 casos, aunque oficialmente sólo se registran 26.500.

La ley "ofrece un marco" para reparar a las víctimas pero "los retos que quedan son mucho mayores", indicó Michael Reed, director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

El gobierno de Santos enfrentará el peculiar reto con el conflicto aún en curso, con 10.000 combatientes activos de las guerrillas y entre 6.000 y 11.000 miembros de nuevas bandas criminales que integran ex paramilitares aliados con narcotraficantes.

Ahora resta que la ley pase el control de la Corte Constitucional y luego, el texto final irá a la firma del presidente del país, en un acto que se realizará el próximo 10 de junio en el que estará presente el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.

Desde que Santos sumió el gobierno en agosto de 2010 y anunció su intención de restituir las tierras despojadas, once líderes de campesinos desplazados han sido asesinados.

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