Se trata de 31 niños, entre 7 y 18 años, que tienen derecho a la restitución de tierras según explicó la Subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Adriana María González Maxcyclak.
“La Ley de Víctimas tiene un capítulo especial para la protección de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto armado y que no solo ampara a quienes han sido reclutados, sino también a quienes han sido víctimas de otros delitos en el mismo escenario. La restitución de tierras es una de las obligaciones que tenemos con estos niños, sobre todo con aquellos que quedaron huérfanos”, dijo González.
Este proceso inició luego de que ICBF hiciera un llamado a la Unidad Administrativa para la Gestión de Restitución de Tierras de Personas Desplazadas o Abandonadas, para que se aclarara el caso de 60 niños y niñas huérfanos del municipio de Recetor, Casanare. De ahí salieron los 31 casos viables.
“Se creó una alianza entre el ICBF y la Unidad de Restitución de Tierras, con el apoyo de Unicef, para generar los mecanismos especiales que permitan recoger la información de estos niños y realizar un trabajo en terreno con ellos”, explicó la funcionaria.
Una vez fueron identificados, la Unidad de Restitución de Tierras inició el proceso jurídico de los casos. Así mismo, ambas entidades solicitaron ante el Consejo Superior de la Judicatura que se nombre un juez especial para que los atienda.
“A través de sus testimonios, los niños nos indicaron dónde vivían, quiénes eran sus vecinos y otros datos. Siempre evitamos recordar el suceso violento, ya que muchos fueron testigos de hechos trágicos, incluso de la muerte de sus padres”, resaltó González.
Este tipo de ejercicios de reconstrucción de memoria se realizará en distintas zonas del país, para encontrar más casos de niños huérfanos del conflicto y reconocerlos como víctimas, para que se les reparen sus derechos y restituyan sus bienes.
