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Marina sembró y cuidó durante seis meses el maíz, la arveja, la arracacha y los lirios en su finca de hectárea y media cerca de Duitama. Lo hizo atenta a las facetas lunares y previendo las épocas secas y lluviosas del año, tal como se lo enseñó su mamá y a ella, la abuela. Pero la lluvia se adelantó y la quebrada se desbordó. La huerta quedó inundada y la pérdida fue total. Tal vez pueda empezar a sembrar mandarinas y naranjas a 2600 metros, especies de tierra templada y caliente que empiezan a darse cada vez más arriba. El nuevo clima está desplazando las papas y otras cultivos de tierra fría hacia los páramos, en donde sería mejor dejar tranquilos a los musgos que reservan el agua para todo el Orinoco.

De las 5,3 millones de mujeres rurales en Colombia, la mitad vive en condiciones de pobreza y el 22,3%, no sabe leer ni escribir. En las ciudades, el analfabetismo de las mujeres es del 8,2%. Yina, que estudió derecho sin apoyo del Estado, sino por hacer parte de organizaciones sociales desde joven, le exige al gobierno un Plan Nacional de Educación de mujeres rurales. La educación no debe implicar odiseas y riesgos. Pero además, el Plan debe considerar que las mujeres en el campo son distintas. No es lo mismo una mujer de Montes de María que vive en María a Baja a una del Cauca. Allá somos negras y acá son indígenas, explica Yina y por lo tanto, la educación, la salud y la vivienda deben tener en cuenta las diferencias.

A pesar de las diferencias culturales, la mayoría de las mujeres del campo labran la tierra y no permiten que el hambre entre a la casa. Tampoco el mugre. La casa impecable, la ropa limpia, las comidas listas. A veces no solo para su núcleo familiar, sino para los otros hombres que el esposo lleva a almorzar. Hacer tareas con los hijos, darle el agüita al abuelo enfermo o ayudarle a comer. Labores en doble o triple jornada que no aparecen en las cuentas oficiales de actividades económicas y por eso no dan el derecho a la pensión, ni por vejez, ni por invalidez, explica Yina.

Esto que ha sido por generaciones –basta revisar la biografía de las abuelas propias-, hasta ahora está siendo analizado por el Estado colombiano. Ángela María Penagos, de Planeación Nacional, expresó que está sobre la mesa el planteamiento de un sistema de seguridad social que tenga en cuenta las características de mujeres del campo, de tal forma que puedan acceder a salud y pensión.

Y es que ellas le están ahorrando costos al gobierno en sus obligaciones de garantizar la salud, el cuidado y educación a niños y ancianos, por ejemplo. El significado económico de estas actividades se analiza hoy bajo la “economía del cuidado”. Cecilia López, quien hoy hace parte de Misión Rural, un espacio creado por el gobierno para darle recomendaciones sobre el campo, subraya una y otra vez no olvidar este punto, porque de lo contrario, las mujeres nunca van a tener tiempo y energía para hacer proyectos, participar en decisiones políticas o estudiar.

En otra región del país, en territorio indígena Nasa, al norte del Cauca, las mujeres temen salir porque los campos están minados, cuenta Gloria Peña de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Los niños hablan de artefactos deguerra como si se tratara de juguetes y a sus maridos los señalan de guerrilleros. El conflicto armado está infiltrado en sus vidas diarias. La Unidad de Víctimasregistra hechos de violencia contra mujeres: tres millones de desplazamientos, 424 mil homicidios, 69 mil desapariciones forzadas, entre otras.

En el caso de restitución de tierras, solo un tercio de las solicitudes son hechas por ellas. Muchas familias rurales no formalizan su propiedad por los altos costos que esto implica. Y si lo hacen, la tierra queda en nombre de los hombres. Una tradición patriarcal que todavía está vigente en Colombia. Durante el conflicto armado, muchas han asumido liderazgos, pero las tierras no pasan a sus manos, explica Edilia Mendoza, Integrante de la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas, de la Mesa Nacional de Unidad Agraria y de la Cumbre Agraria Étnica y Popular.

Y en el difícil acceso a la propiedad de la tierra empieza una espiral de barreras. Los créditos para cualquier proyecto solo se los dan a los propietarios. Ante esta situación, Ángela Penagos de Planeación Nacional, enfatizó en el foro que el gobierno actual tiene que incluir en el Plan de Desarrollo un programa específico de formalización de títulos de mujeres rurales, además de revisar las condiciones para acceder a créditos. Para Penagos, los requisitos vigentes para apoyo del gobierno poco tienen que ver con las actividades económicas de las mujeres rurales. Y las mujeres sí producen. Nelly Velandia, de la Asociación Nacional de mujeres Campesinas, narra que sus productos conforman el 70% de la oferta de mercados campesinos.

El viceministro de desarrollo rural, Aníbal Fernández de Soto anunció que el gobierno está desarrollando toda una política de Estado para el mundo rural y que hay muchos esfuerzos encaminados hacia allá. El primer acuerdo de la Habana, para el viceministro, contiene las reclamaciones que las mujeres presentaron en el foro.   Pero con independencia de que se firme o no la paz, afirmó que el gobierno va a seguir las recomendaciones de Misión Rural sobre el tema y va a construir políticas con la información que arroje el censo agropecuario que se convocó por primera vez en 44 años. Además, explicó que el gobierno convocó el Pacto por el Agro y el Desarrollo Rural, y ha recibido 98.550 propuestas de 900 municipios y gobernaciones. El viceministro subrayó que lo rural no puede limitarse a lo agrario y por eso hay un trabajo con otros ministerios.

La atención sobre el campo, y sobre las mujeres rurales podría sacar a las instituciones de un letargo histórico que en la última década pareció un estado de coma.   Para Nelly Velandia y Cecilia López, hubo algunos avances en los años noventa en reconocimiento de derechos de las mujeres rurales, pero todo esto se vino al traste desde el 2002. Aún así, las mujeres han logrado triunfos como la ley de mujeres rurales (L731 de 2002), de la que varias organizaciones de mujeres son coautoras.

Pero mucho de lo que está ahí no se ha cumplido. Si no hay dolientes, es muy difícil, concluye Nelly y por eso varias organizaciones proponen la creación de un Viceministerio o Dirección de Mujer Rural que cuente con presupuesto propio y funcionarios capaces de asumir todos estos retos. En la falta de plata destinada a las mujeres rurales es donde se han ahogado las mejores intenciones.

Hoy hay un propósito de superar este problema. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri anuncióque desde el primero de enero de 2015 habrá un trato preferencial para las mujeres rurales en todos los programas del Ministerio, como por ejemplo de asistencia técnica, entrega de vivienda y otras políticas. El 30% de los recursos será para ellas.

Las mujeres celebran este paso, aunque consideran que el porcentaje debería ser mayor, porque ellas representan la mitad de la población rural. Además, piden conocer con claridad cómo se cumple esta política. Y para hacerle seguimiento a este y los demás propósitos, Marlen Alfonso, presidenta de la Federación departamental de mujeres campesinas de Cundinamarca, subrayó la importancia de tener un sistema único de información estatal desagregado por sexo, que no existe.

Ellas también aplauden que haya una subcomisión de género en La Habana y una Alta Consejería para la Mujer, pero exigen que tengan dientes, así como que Cecilia López no esté sola en Misión Rural en este tema, sino que cuente con un equipo. En suma, las organizaciones de mujeres reivindican participación en la plana mayor de los escenarios de decisiones sobre los temas rurales que en todo caso, no se quedan solo en la agricultura.

Para Luz Amparo Vásquez, de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Cundinamarca, la participación de las mujeres en las decisiones y en su implementación en los territorios va a garantizar que haya paz en Colombia. Hay indicios y experiencias en el mundo, según el Informe de Desarrollo Humano de 2011, de que la participación de mujeres es importante no solo por razones de equidad, sino también porque ellas influyen en decisiones más sostenibles social y ambientalmente. Esto puede esperarse sobre todo de las mujeres rurales que por su actividad diaria están familiarizadas con el suelo, el agua y la biodiversidad. Las mujeres del campo, sean indígenas, campesinas o afrodescendientes son portadoras de conocimientos ancestrales sobre semillas, relaciones entre las especies de fauna y flora, y tecnologías limpias.

A Irene Fonseca le preocupa que las respuestas del gobierno en el Foro pasaron por alto los daños que sufren las mujeres por la degradación ambiental. Por eso, le exigió al gobierno no permitir proyectos que dañen los suelos, contaminen las fuentes hídricas o que vayan en contra de ecosistemas estratégicos como los páramos, especialmente la gran minería.

Por su lado, 130 organizaciones de campesinos firmaron un comunicado en contra del programa gubernamental de agricultura familiar que lanzó en junio el gobierno. Ahí afirman que “el programa concibe la agricultura familiar como una categoría de la agricultura empresarial y no como un sistema económico y cultural de producción y generación de bienestar rural.”

Y es que sobre el ordenamiento del territorio y sobre el desarrollo económico del campo hay todavía muchos desacuerdos entre organizaciones del campo con el gobierno. Un ejemplo de eso es el reciente proyecto de Ley de Baldíos, radicado en el Congreso, en donde se promueve un tipo de desarrollo empresarial que para muchos asfixia aun más la economía campesina y propia de las comunidades indígenas y afrocolombianas.

El optimismo de las mujeres está en que hoy están organizadas y son conscientes de su situación. También en que hay procesos en marcha en donde lo rural es protagonista y las mujeres están conquistando espacios. Pero la relación entre mujeres rurales, desarrollo económico, medio ambiente y cambio climático todavía está por reconocerse, al menos del lado del gobierno.

 

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