Artículos de opinión

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Por: Giuseppe Bottazzi 

Despojo de tierras, amenazas, contaminación, violación de derechos laborales. Éste es el precio que la comunidad de Mapiripán (Meta) tiene que pagar por hospedar un proyecto promovido por el gobierno de Colombia supuestamente para desarrollar actividades legales en una zona plagada por el narcotráfico y los grupos armados. La situación de este municipio de la región de la Altillanura colombiana lleva tiempo bajo la lupa de medios y organizaciones locales

Ahora, una investigación llevada a cabo por dos ONG, la holandesa Somo y la colombianaInstituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), añade otros elementos sobre el proyecto de palma aceitera conocido como Poligrow Research + Green Oils, impulsado en el municipio colombiano por la compleja red empresarial del grupo italo español Poligrow.

Todo comenzó el día en que la lucha por generar condiciones de vida digna y desarrollo para los catatumberos, hizo surgir una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social.

Hace ya 10 años que la Asociación Campesina del Catatumbo ha estado presente en el departamento de Norte de Santander, desde la cordillera oriental hasta el majestuoso lago de Maracaibo.

Todo comenzó el día en que la lucha por generar condiciones de vida digna y desarrollo para los catatumberos, hizo surgir una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social.

Casi tres años después de que comenzara el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia, el territorio que desde hace 50 años se disputan sigue sin ser devuelto a sus primeros moradores. El desplazamiento forzado y la expropiación de tierras a causa de una guerra que dura ya 50 años son dos de las deudas que el país tiene con su población indígena y afrodescendiente. El informe Colombia: restituyendo la tierra, asegurando la paz elaborado por Amnistía Internacional recuerda al Ejecutivo de Juan Manuel Santos que “debe anteponer el derecho a decidir sobre la tierra al deseo de las empresas que quieren explotar estas zonas ricas en recursos naturales”.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) informó sobre las inversiones que se han ejecutado en el país para mantener la seguridad alimentaria en las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

En el año 2012 el Incoder y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron los convenios 690 donde el Instituto ya ejecutó $953 millones; y 1170, donde se invirtieron $3.180 millones.

Lo anterior para cumplir el objetivo de incrementar el autoconsumo de productos de la canasta básica a nivel familiar, y generar ingresos mediante la producción y comercialización de productos básicos a través de mercados locales y regionales.

"La Universidad tiene un rol indelegable, tanto en la formación de profesionales comprometidos en la búsqueda de alternativas de desarrollo local, así como en la articulación con las necesidades y demandas de la comunidad. La educación en un ámbito en el cual pueden desarrollarse estas estrategias, abordando la temática de la construcción de soberanía y autonomías alimentaria, energética y tecnológica como ejes transversales que atraviesan los contenidos curriculares..."

Trabajo final en el marco del Curso a distancia “Soberanía alimentaria: Introducción a las Políticas Públicas en Agrobiodiversidad" 2ª Parte: Agroecología y estrategias campesinas” (http://www.multi-versidad.com.ar/campusvirtual/)