Las Autonomías Indígenas, una estrategia de transformación de las

desigualdades territoriales en el país.

Marcelo Arandia Alarcon

A una década de la aprobación de la Constitución Política del Estado, debe entenderse que aun el país vive en un proceso de momentos constitutivos, de construcción post constituyente, de un Estado que reconoce la pluralidad no solo desde una perspectiva de reconocimientos de derechos, sino también desde unas nuevas formas de gobierno, no solo para el acceso, sino, para el ejercicio de una ciudadanía con identidad en el marco de una novedosa forma de Gestión Publica

Sin duda que los cambios en la composición de los perfiles socioeconómicos de los bolivianos y su ubicación territorial son elementos que obligan a pensar en intervenciones acordes a esta nueva entidad. A pesar que estos fenómenos son estructuralmente centrales para el futuro del país, esta situación, no debe hacernos olvidar las prioridades que el país aún tiene en materia de mejoras para un amplio sector poblacional, así como en temas relativos a la pobreza o las desigualdades en el área rural o la desruralizacion ante la ausencia de trabajo y la marginación de varios sectores, especialmente campesinos e indígenas. Creemos que parte de la solución pasa precisamente por integrar estas prioridades con aquellas emergidas en la última década, y tienen que ver con el modelo de las autonomías indígenas originarias y campesinas (AIOC) que el país proyecta como nueva forma de gobierno y visión  del desarrollo territorial, convirtiéndose  este mecanismo en el más efectivo para acercar el Estado a la ciudadanía, fortaleciendo el reconocimiento al derecho de autogobernarse y la definición de políticas estratégicas en sus territorios, orientadas a construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado.

Si combinamos los conceptos de autogobierno y desarrollo territorial, como premisa fundamental para la implementación de las autonomías indígenas, coincidiremos que estas acciones al margen de ser estratégicas, provocaran cambios estructurales en el enfoque de desarrollo de base territorial en el país. Inevitablemente estos procesos, provocaran cambios en las formas de participación y acceso y en la toma de decisiones de los actores territoriales (públicos y privados), rompiendo esquemas y estructuras, lo que provocara una reconfiguración de los decisores en la gestión pública, redefiniendo sus nuevas formas de ejercicio pleno de ciudadanía, más allá de su participación, en la perspectiva de la construcción de visiones de desarrollo de manera consensuada.

 La implementación del régimen autonómico, tiene que ver con profundas reformas del Estado, pero deben ser consideradas, no sólo como un cambio de dimensiones –de lo macro a lo micro- sino como transformaciones muy profundas en la forma de concebir opciones de desarrollo, en la organización de sus instituciones y en su relación con la comunidad. En el desafío de la implementación de las autonomías indígenas, más allá de las reformas democráticas del Estado que amplían las esferas de decisiones y adquieren legitimidad mediante la elección directa de sus autoridades, se hace necesario ver cómo se efectiviza una verdadera articulación entre la economía comunitaria y el pluralismo económico territorial, que permita proyectar no solo una verdadera transformación productiva, si no el fortalecimiento de la participación social en todos sus niveles, acortando las diferencias de género y generacionales, sobre la base de la equidad en el uso y acceso a los recursos naturales, en el marco de las competencias concurrentes, exclusivas y compartidas con las instancias estatales. Para ello se debe considerar como elemento fundamental de este proceso, la estimulación para la concertación de los diferentes actores, relacionándose con los agentes externos más importantes, para democratizar las oportunidades y la distribución de los beneficios.

Si partimos del hecho de que la implementación de las autonomías indígenas, es un proceso orientado a la transformación, social, económica, cultural, productiva e institucional de un espacio determinado, tendiente a reducir la pobreza y la desigualdad rural, veremos, por ejemplo, que la transformación productiva tendrá el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio, a mercados dinámicos, y el desarrollo institucional tendrá como objetivo la construcción de la nueva arquitectura institucional de las Autonomías Indígenas Originarias y Campesinas (AIOC).

Para ello es necesario dejar de pensar que la identidad de los territorios indígenas en el país es sinónimo de sector agropecuario; debemos apostar a temas que dinamicen un desarrollo territorial y plantearnos la necesidad de establecer vínculos con procesos que permitan mejorar los actuales niveles de productividad y que estimulen los escenarios de concertación social, inter-sectorial y público-privada, como mecanismo de articulación de todos los sectores sociales del territorio.

Para nadie es un secreto que en su gran mayoría los territorios indígenas, independientemente de los esfuerzos estatales de asignación de recursos económicos, aún se encuentran relegados en varias dimensiones del desarrollo, precisamente por haber replicado modelos externos a su realidad, que han provocado que estos territorios indígenas aun sufran estancamiento, soporten crisis recurrentes y situaciones de pobreza.

Es importante destacar que aún persiste  contradicciones en ciertas políticas públicas, por un lado con la vigencia del modelo de desarrollo que enfatiza sobre actividades extractivas,  fuertemente respaldado por argumentos y cifras para demostrar su aporte en divisas al país,  versus,  el “modelo alternativo” de desarrollo basado en la gestión integral de los recursos naturales, el desarrollo sustentable y el “vivir bien”; que aunque cuenta con leyes ya promulgadas e institucionalidad se mantiene con escaso avance. Sin embargo, a mediano plazo corresponderá sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente al sector indígena, que no ha renunciado a su agenda estratégica, reencausar y exigir el cumplimiento de dicha normativa.

Bajo este contexto, dentro los territorios indígenas en los próximos años continuarán la construcción e implementación de grandes proyectos, que sin duda van a afectar, tanto o más que ahora, sus territorios y formas de vida, así como la de los pueblos o centros poblados intermedios. Esta situación, va a tensionar y generar mayor conflicto entre diferentes sectores, presentes fundamentalmente sobre los territorios indígenas por los recursos naturales que en ellos se encuentran, perforando las condiciones básicas de una gobernabilidad territorial consensuada.

Con la Ley Nº 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), se enfatiza que la planificación del desarrollo integral del Estado debe estar articulada con la planificación territorial, aspecto fundamental para fortalecer el proceso de implementación del régimen autonómico. Históricamente ambos aspectos estaban desarticulados en planes de desarrollo y en planes de ordenamiento territorial, generando un proceso fragmentado de la planificación, dispersando esfuerzos y promoviendo procesos paralelos y desconectados. La implementación de este sistema, dependerá de la metodología que permita levantar las propuestas insertadas en los Planes de Gestión Territorial Comunitario para el caso de las AIOC, y como el sistema de planificación las asume como parte de su Planificación, lo que interpela actualmente al Estado, es la adecuación de varias normas nacionales como la Ley SAFCO, para comenzar a operativizar el nacimiento formal de las autonomías indígenas.

Actualmente es necesario seguir impulsando acciones orientadas al  acceso, uso y aprovechamiento equitativo de los recursos naturales, mediante la promoción de modelos alternativos en los territorios indígenas, fortaleciendo la generación de propuestas de diversificación productiva y de desarrollo resiliente, basándose en la gobernabilidad territorial a través de la construcción de amplios consensos con visión de largo plazo y en el fortalecimiento capacidades de resiliencia y adaptación frente al cambio climático, como temáticas centrales de una estrategia de intervención integral. Asimismo, se hace necesario seguir  fortaleciendo a la sociedad civil, entendiendo las capacidades y desafíos de actores clave (tales como mujeres, jóvenes e indígenas) para propiciar los cambios institucionales necesarios para avanzar hacia mayores niveles de justicia y equidad; de ahí que  el  proceso de consolidación de las autonomías indígenas como nueva forma de autogobierno, es una apuesta, en la perspectiva de lograr un desarrollo diversificado y sostenible  orientado a reducir las vulnerabilidades y sobre todo a eliminar las inequidades interseccionales (género, generacionales y étnicas), que todavía se constituyen en los núcleos duros de la desigualdad en la sociedad boliviana.