Como una contribución a la seguridad alimentaria, el autor propone, a partir de una descripción técnica detallada, el desafío de entender y promover sistemas de producción tradicionalmente utilizados por las familias campesinas indígenas en Guatemala, que combinadas constituyen una perspectiva integral, en la cual se facilitan el cuidado mutuo entre las especies, la rotación de cultivos y el mantenimiento de la calidad de los suelos. Este artículo mereció una mención en el concurso “Alimentos y pensamientos, siempre en agenda”, llevado a cabo este año por el IPDRS con auspicio de Oxfam e ICCO.

Producción Integral de  Alimentos.
Un pensamiento estratégico de sobrevivencia campesina y de defensa de la soberanía alimentaria

Ronnie D. Palacios M.*

La sustitución de la agricultura tradicional de los pueblos originarios por la agricultura europea significó de manera general cambios en todos los campos de la vida y de forma particular cambios en la forma de producir los alimentos en América. Los europeos introdujeron animales y plantas que solían cultivar y criar en sus países, que luego pasaron a formar parte de las especies cultivadas en el Nuevo Mundo, las mismas que, junto con las especies nativas, hoy constituyen la riqueza agro biológica de nuestros países, tan importante para la alimentación de una nueva población multicultural.

En algunos rubros esto representó que la población originaria abandone conocimientos y prácticas de su manera tradicional de cultivar y criar, así como de preparar y consumir los alimentos. Pese a ello, hoy día quedan algunos rasgos que es importante revalorar, porque siguen siendo la principal fuente de alimentos.

Algunas de las tecnología tradicionales que sobresalen son el manejo del riego de inundación, el uso medicinal de las plantas, las terrazas de banco, los sistemas de recolección de agua, la roza, el barbecho, el calendario agrícola basado en la luna y el sol y el sistema milpa, entre otros.

Sistemas integrales

Los sistemas integrales de cultivo son aquellos en los que se cultivan de forma intercalada, en una misma parcela, diversas especies de plantas y animales, para que convivan favoreciéndose entre sí. Para ello se utilizan criterios complejos deducidos del comportamiento de cada especie cultivada y criada, tratando de aprovechar al máximo los espacios de la parcela, que en estos tiempos se atomiza y cada vez es más reducida.

Actualmente la agricultura moderna promueve campos de monocultivo, donde se pueden obtener productos homogéneos, en un mismo tiempo de cosecha, con alta productividad y con el uso de tecnología (transgénicos, tractores para la labranza del suelo, fertilizantes, plaguicidas, riego, etc.), que generalmente entran en contradicción con la mentalidad integral campesina

No se trata solo de esas contradicciones, también la modalidad de agricultura integral campesina puede ser inapropiada e inaccesible, pues las condiciones que enfrenta el campesino son distintas y marginales, muchas veces en minifundios de infra y subsistencia, sin capital, en laderas, sin fuentes de agua y con temporadas limitadas a la época lluviosa, etc.

Los problemas mencionados ocasionan que los productores campesinos tengan, en consecuencia, baja productividad, lo cual los pone cada vez más en condiciones económicas y nutricionales críticas. Por otro lado, los productos obtenidos dependen de la volatilidad y encarecimiento de los precios de los insumos y de los cambios en el mercado.

Visión sobre Guatemala

En Guatemala se observan diversos tipos de sistemas campesinos integrales de cultivo, muy modestos por la falta de estímulo y protección, pero que aún son la principal forma de autoabastecimiento alimentario familiar y del mercado local. Aunque estos sistemas se caracterizan por la predominancia de un cultivo principal, según las condiciones agroclimáticas donde se sitúe, convive con varios otros. A continuación se citan algunos ejemplos.

La milpa es un sistema en el que predomina el cultivo de maíz sobre el cual trepa fríjol de enredo y bajo el suelo, como una cobertura que impide el crecimiento de otros “montes” no deseados, crecen las distintas especies de calabazas conocidas como chilacayotes, cumes y ayotes. Además, aunque en menor densidad, en terrenos donde no se usan herbicidas, crecen espontáneamente el miltomate, el tomate cimarrón, la yerba mora, el colish o hierba blanca, la lechuguia y otros, dependiendo de la condición agroecológica, como el chipilín, bledo o amaranto, yuca, camote y ñame.

Otro sistema destacado es el del solar o traspatio que, como su nombre lo indica, generalmente se establece atrás o alrededor de la vivienda campesina, donde pegue más el sol. Esto abarca la parte de la macetas, ubicadas generalmente en los corredores y alrededores de la casa, donde se cultivan múltiples especies, principalmente y en orden de énfasis, las plantas para condimentos, las ornamentales, frutas y medicinales.

En algunos casos también se cultivan algunas hortalizas, generalmente en las partes con menos pendiente y que disponen de agua para regar. En otros casos, cuando hay mucha ladera, se observan medidas de protección de suelos como terrazas con camas elevadas y surcos a nivel contra la pendiente, o a favor de la pendiente, para evitar encharcamientos y favorecer el drenaje de la escorrentía, que siempre ocasiona problemas de erosión. En esos casos podemos ver huertos de ajo y cebolla, en camas elevadas y en asocio con cilantro, apio, rábanos y hierbas; tomatales o chilares, frijolares para ejote y frijolares para grano, etc.

Generalmente el huerto alrededor de la vivienda sirve para la producción propiamente y a la vez de sombra a las especies. Más recientemente se está adoptando un huerto mixto de hortalizas, que generalmente se protege con un corral hecho de palos rollizos o caña de maíz, para evitar que los animales lo rasquen y coman.

La parcela agro frutícola es el primer piso de este sistema, por lo que suele verse en forma vertical. Son frutales que por su porte pueden variar de tamaño, entre árboles de porte alto, como aguacates y zapotes, y de mediano porte, como cítricos, guayabos, anonales (plantaciones chirimoya) y otros arbustos. Muchas veces bajo éstos, dispuestos en fajas paralelas, se establecen cultivos anuales como ñame, malanga, mashan, camote y malanga. A la vez estos árboles son el sostén de enredaderas como la granadilla, el quixtán y el güisquil.

Por otra parte destaca la parcela forestal, un tipo de sistema que se desarrolla donde ya naturalmente existe un bosque o al menos una arboleda natural, a la cual en algunos casos se le introducen algunos otros árboles forestales. El primer piso de este sistema son los árboles forestales, bajo el cual se dejan crían múltiples especies de crecimiento espontáneo como la Santa Catarina en climas fríos y el xate en climas cálidos.

En otros casos se establecen sistemas artificiales, como los cafetales, que generalmente tienen sombra de árboles nativos con especies introducidas fijadoras de nitrógeno, mayoritariamente del género Inga, pero hay también otras nativas. En este sistema, al igual que el de frutales, los árboles forestales sirven de sostén a especies trepadoras como el güisquil y la granadilla. En este sistema, además de producir alimentos, también se producen forrajes para animales, leña, madera y broza, entre otros.

Los cercos vivos y barreras vivas forrajeras se cultivan en principio como especies “brotonas” alrededor de las parcelas, con el propósito principal de delimitar la parcela, a cuya estaca se denomina mojón. Se busca que sean especies vivas, para no recurrir a siembras constantes, como lo requieren los postes muertos, pero que hoy día también se les está encontrando otros usos, como la producción de forrajes, leña y frutas, tal es el caso del palo miche o pito, anona, moral, sauco, entre otros. En algunos pocos casos se establecen barrera contra vientos de árboles altos, para evitar los daños a los cultivos, a los animales y a las viviendas

El manejo de mini potreros constituye otra forma destacada, aunque no en todos los casos las familias campesinas cuentan con potrero, pues no se suele tener hatos grandes de ganado, sino unas pocas cabezas, ya que ello significaría tener mayor extensión de tierra En realidad, ocurre que, en algunos casos, donde hay ya naturalmente praderas donde crece pastos, éstas se cercan y se utilizan para pastar ganado bovino, equinos (caballos, mulas, burros) y especies menores como ovinos y aves.

Simples y complejos

Suele ocurrir que las familias campesinas solo tienen uno de los sistemas mencionados, pero también se da el caso de que hayan logrado instalar varios que pasan a ser subsistemas de toda una parcela integral mayor. Ello depende principalmente de la extensión de tierra disponible, ya que entre más tierra es más probable el acceso a más de estos sistemas. Otra cualidad importante es que en la mayoría de casos la familia campesina no concentra en una sola parcela toda su extensión de tierra, sino repartida en varias, por lo que muchas veces puede dedicarse cada una a sistema diferente, obteniendo, de este modo, un conjunto integral.

Estos sistemas presentan retos tecnológicos invisibles, es decir que requieren de innovación, pues no se trata de un manejo único, sino del conocimiento de múltiples manejos de cada especie, así como de la aplicación de múltiples tecnologías. Aparentemente, son procedimientos simples, pero, aunque se trate de plagas inferiores, se necesita tener muchos conocimientos sobre los hábitos de crecimiento de las plantas, para saber moverlas y ordenarlas, como en un juego de ajedrez.

Es destacable que estos sistemas tienen bajo requerimiento de insumos externos, pues, en la mayoría de casos, ellos mismos proveen de los materiales que se convierten en abonos al suelo, como su biomasa y rastrojos o la fijación de nitrógeno.

Lamentablemente, muchos productos provenientes de este tipo de agricultura, hoy día son indiferentes para los consumidores, que dan preferencia a los que tienen una mejor presentación, aunque éstos no contengan la calidad nutricional y sanidad requeridas, al estar expuestos a plaguicidas y que, por falta de información el consumidor, no se reconocen aún los beneficios que consumir estos alimentos producen en la salud, en la economía local y en el medio ambiente.

En general pareciera que son sistemas sin renta aceptable, improductivos e incompetentes, pero puede que sea todo lo contrario, pues la diversidad de productos que se pueden obtener y que generalmente se utilizan para la alimentación, no se compran, sino que se producen a costos bajos. Por estas razones constituyen parte de una estrategia fundamental de la economía campesina y de un mecanismo importante en la resistencia y defensa de la soberanía alimentaria.

¿Ejemplo a seguir?

Si estos sistemas tradicionales de alimentación fueran fortalecidos en vez de despreciarlos, además de resolver otros factores estructurales como el acceso a tierra y de protección ante los tratados de libre comercio, principalmente, no habría los preocupantes índices de desnutrición que registra Guatemala, que son del orden del 50% de los niños y niñas.

En este sentido, vale la pena recalcar que la agricultura no puede ser vista solo con fines lucrativos y en condiciones de mercado, como promueve el agro negocio, sino también es importante valorar las contribuciones que hace en la protección de especies de la vasta diversidad biológica y el medio ambiente, el rescate de los conocimientos y prácticas tradicionales y la dieta diversa y nutritiva.

La producción integral de alimentos demanda y pone múltiples retos a los científicos y profesionales de la agricultura para estudiar y promover estos sistemas integrales y su producción y productividad; el grado de equilibrio ecológico, su funcionamiento ante el cambio climático, su contribución a la soberanía alimentaria, la cuantificación de los beneficios económicos y las técnicas de su diseño.

Los y las técnicos profesionales de la agricultura y la veterinaria sustentables no siempre deben ir a “capacitar” y “asesorar” a mujeres y hombres de las familias campesinas, sino que primero tienen que observar y entender qué tipo de sistema de producción éstas están aplicando y en qué componente de ese sistema los técnicos pueden contribuir, facilitando procesos participativos de análisis e intercambio, es decir interactuando horizontalmente y tratando de aprender y acompañarse uno al otro.

* Ingeniero agrónomo con especialidad en fruticultura, del Centro Universitario del Noroccidente, Huehuetenango, Guatemala. Experiencia en investigación y coordinación de redes y espacios de diálogo en el área. Actualmente es facilitador general de la Red Centroamericana de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional (REDCASSAN).

Este artículo expone los puntos en común que poseen los dos movimientos: el de los derechos de la naturaleza y el que promueve la soberanía alimentaria. Conceptualmente ambos pretenden ser alternativas al modelo económico actual, generando un cambio de paradigmas para lograr una nueva sociedad, donde las formas de producción y de relacionamiento entre los distintos seres sean más democráticas. Consideramos que ambos son dignos representantes del movimiento altermundialista que promueve que "otro mundo es posible".

Dos ideas a las que les llegó su tiempo

Estos movimientos tienen orígenes comunes, son propuestas que desde el sur buscan acortar la brecha con el norte. Una muestra de ello son procesos constitucionales ocurridos en Ecuador y Bolivia, que se enriquecieron con la incorporación de las nociones sobre soberanía alimentaria y derechos de la naturaleza, con el fin de construir el paradigma del Buen Vivir, propuesto por los pueblos originarios de América del sur.

Como resultado de ese aporte, la Constitución Ecuatoriana del año 2008 promueve la soberanía alimentaria en su Art. 13 y la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en sus artículos 404 y 406. Ecuador, además, reconoce en su Constitución que la naturaleza o Pachamama tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. La naturaleza también tiene derecho a la restauración integral (Art.71-74).

Seguir sumando

El reconocimiento y valoración de los saberes ancestrales es un punto fundamental para hacer posibles tanto la soberanía alimentaria como la plena implementación de los derechos de la naturaleza. No se trata de un retorno romántico al pasado, sino de recuperar la visión holística de los pueblos originarios a la hora de desarrollar e implementar innovaciones sociales y tecnológicas. Se trata de sumar saberes y de sumar derechos.

Los derechos de la naturaleza se conciben como complementarios a los derechos humanos; así como se reconoce que todos los seres vivos estamos intrínsecamente relacionados. La naturaleza tiene derecho a que se recuperen y conserven sus ciclos vitales, como por ejemplo: el flujo de nutrientes dentro de un ecosistema, que ayudan a conservar la fertilidad del suelo, el ciclo del agua que permite regar los cultivos, las cadenas tróficas que ayudan a controlar la emergencia de plagas agrícolas, y los ciclos vitales de plantas y animales, entre otros. Por tanto, al garantizar los derechos de la naturaleza, garantizamos el derecho humano a la alimentación.

Sin duda una producción sostenible de alimentos no sería posible sin los ciclos naturales que sostienen la vida. Al mismo tiempo, no es posible disminuir la dependencia a insumos externos sin tomar en cuenta la necesidad de restablecer los ciclos naturales que se rompen con la agricultura convencional. Por lo tanto, los derechos de la naturaleza y la soberanía alimentaria son aliados en la construcción de alternativas más sostenibles y democráticas de producción.

Este profundo entendimiento de la naturaleza y los ciclos que la sostienen lleva a que ésta no sea considerada como una propiedad. Mientras los impulsores de los derechos de la naturaleza expresan la necesidad de reconocerla como un sujeto, los movimientos sociales que buscan alternativas a la crisis alimentaria señalan que es momento de dejar de ver los alimentos -y los recursos naturales- como mercancía sujeta a especulación. Este cambio provocará finalmente relaciones más equilibradas entre los seres humanos y la naturaleza.

La complementariedad entre los principios que agrupan a los movimientos sociales que promueven los derechos de la naturaleza y los que defienden la soberanía alimentaria es evidente. Así como es claro que la situación global actual exige un cambio de paradigma que permita un ejercicio pleno del buen vivir. La agenda de varios eventos internacionales, por ejemplo Rio+20, debería verse como es: una oportunidad para que los movimientos sociales sumen sus fuerzas y generen relaciones sinérgicas.

Los procesos son largos y se busca continuar la acumulación de saberes, convencimientos y alianzas. Por ello, es imprescindible fomentar la discusión y aportar en la construcción de estas nuevas relaciones entre los movimientos sociales,  pero también entre la naturaleza y los seres humanos.

La tierra es uno de los sustentos de la cultura, así como de la propia existencia de los pueblos indígenas. La tierra está dotada de valores simbólicos más allá de ser una propiedad. Por eso es un símbolo de la lucha indígena por la auto preservación y la  autodeterminación. Luchar por la tierra, va más allá que el espacio territorial en sí. Simboliza la preservación de la existencia de los diversos pueblos indígenas. En esa línea de reflexión, el presente artículo (en versión resumida del documento, del mismo autor, TERRAS INDÍGENAS: garantía de sobrevivencia física e cultural dos povos, publicado simultáneamente en la serie Exploraciones, del IPDRS) visita la historia contemporánea del proceso de derechos indígenas en Brasil, partiendo de los estereotipos y prejuicios sobre sus identidades hasta llegar al contenido de normas legales específicas.

El año 1988 el Estado brasilero contemporáneo reconoció a los indígenas el derecho originario sobre sus tierras, a su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones. Es decir, una garantía para mantener su cultura y valores. Actualmente, es un deber del Estado promover la demarcación de las tierras indígenas, como determina el artículo 31 de la Constitución Federal.

Sin embargo, el procedimiento administrativo de demarcación de tierras indígenas en Brasil es lento y, al depender de gestiones del Ministro de Justicia, homologadas por la Presidencia de la República, varía según los cambios de gobierno y los intereses políticos y económicos. En ese camino,  persisten muchas contradicciones entre el Derecho y los hechos.

Visiones sobre los pueblos indígenas brasileros

Los modelos de mujer y hombre indígenas erigidos en el imaginario brasileiro del Siglo XIX: Iracema y Peri, incluso hoy, son verdaderos símbolos nacionales, clásicos en la obra de José de Alencar quien, con sus novelas indianistas, ayudó a cambiarla representación de un prototipo de indio que debería representar la raza brasilera.

La obra de José de Alencar está asociada al Romanticismo, una corriente de la época íntimamente ligada "[...] à Revoluçâo Francesa, à ascensâo da burguesia e ao liberalismo" (Literatura Brasileira. Faraco, Carlos Emílio y Moura, Francisco Marto. 2003. p. 102). Por tanto, contaminado por las ansias nacionalistas despertadas en la revolución burguesa. Los artistas de la época valorizaban la historia y los símbolos de sus patrias, enalteciendo, de esa forma, elementos como el nacionalismo, la exaltación de la naturaleza y una visión idealizada de la patria (Ibíd., p. 101). Propiamente, no se describe lo indio, sino se inventa aquello que podría ser el "buen salvaje", según los rasgos que propugnó Rousseau, en su Discurso sobre el Origen de la Desigualdad, que destaca la superioridad de quienes viven en "estado natural".

Víctimas de los estereotipos históricos, la condición de ser indígena aún está impregnada sustancialmente, por la idea de parecer indígena (con todos los adjetivos que eso pueda requerir: aislados, rústicos, exóticos... etc.). Ser indígena parece algo transitorio, porque el indio que se apropia de artefactos y elementos de la "cultura del hombre blanco" estaría condenado a dejar de ser indio, por lo tanto no connota autodeterminación y reconocimiento por parte de las propias sociedades indígenas.

¿Qué significa ser indígena? En el diccionario la palabra indio define "que ou quem é originàrio de um grupo indígena e é por este reconhecido como membro" (Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa - Versão monousuário 1.0. Houaiss, Antônio. 2009). Mientras que la etimología del término remite a un error: "a denominação provém de um equivoco de [Cristòvao] Colombo, que, ao tocar a ilha de Guana(h)ani, pensou ter chegado às indias [...]" (Nascentes, 1923 apud Houaiss, 2009). Por tanto, la palabra que nombró a los primeros habitantes del país, a priori, nada tenía que ver con ellos, con su modo de vida y su cultura, ni siquiera era un término usado entre ellos. De modo que la diversidad de sociedades que habitaban en lo que ahora es Brasil fue transformada en una única masa amorfa, gracias a un error europeo.

Posteriormente la denominación de indígena se precisó como: " 1. relativo a ou população autóctone de um país ou que neste se estabeleceu anteriormente a um processo colonizador/1.1 relativo a ou indivíduo que habitava as Américas em período anterior à sua colonização por europeus/ 2. que ou o que é originário do país, região ou localidade em que se encontra; nativo" " (Houaiss. 2009). Es interesante notar que la palabra está directamente vinculada a la colonización o el dominio de un pueblo sobre otro.

Darcy Ribeiro, el antropólogo brasileño célebre por su trabajo junto a los indígenas (aunque actualmente es criticado por algunas corrientes de la antropología), en su libro Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno, de 1970, presenta un concepto muy  general, según el cual lo indígena en Brasil estaría conectado por una especie de inadaptación con el resto de la sociedad brasilera (porque lo que los identifica es ser diferentes al conjunto de la población).

En la década de los años setenta, la Ley 6.001, del 19 de diciembre de 1973, conocida como el "Estatuto do Indio", en su artículo 1: "[...] regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional"3. Vale destacar a enorme ambiguidade contida em "integrá-los à comunhão nacional ". Esta ley expresa lo que sería la concepción del Derecho brasilero sobre qué es lo indio. De este modo, se verifica que, así como  los conceptos del diccionario y de la obra de Ribeiro, el "Estatuto do Indio" reitera la idea de los indígenas como personas conectadas por un origen común: la era pre colonial. No obstante, vemos que, para efectos legales, no basta la autodeterminación, es necesario que el grupo social se reconozca en esa definición.

Lo más problemático de los artículos citados es la idea de los indígenas como seres aislados que no son parte de la sociedad nacional. Al final, es eso lo que se desprende de la expresión: "cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional", o sea, como la cultura indígena no integra aquello que se entiende como cultura brasilera o nación brasilera, ellos no son ciudadanos de este país.

La Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Brasil  ratificó por Decreto Legislativo 143, en junio de 2002, expresa el anhelo de la comunidad internacional por garantizar la protección de los derechos humanos relativos a esos pueblos, reconociendo sus aspiraciones por "asumir o controlar sus propias instituciones y formas de vida y su desarrollo económico, y mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del ámbito de los Estados donde viven".

Un sentido similar tiene la definición de Naciones Unidas el año 1986 "Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing on those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal system" (United Nations. The Concept of Indigenous Peoples).

¿Qué piensan los indígenas sobre sí mismos? Gersem dos Santos Luciano en una publicación del año 2006 bajo el título O Índio Brasileiro: o que vocé precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje, relata el largo proceso histórico, desde el contacto con los portugueses, pasando por el período en que ser indio era una ofensa y llegando a la época de revalorización, autoidentificación étnica y del orgullo de la identidad. El autor sugiere que, actualmente, los indígenas pasan por la fase del orgullo de ser indio, y propone que es fundamental que esa perspectiva sea difundida entre las nuevas generaciones que, no necesitan quedar absolutamente adscritas y aisladas de la cultura del pueblo al que pertenecen; afirmando que estar en la modernidad no significa abdicar del origen, ni dejar de interactuar de manera consciente con otras culturas.

Con base en esa lógica, Luciano enumera criterios recurrentes entre los pueblos indígenas para su autodefinición. A saber: vinculación con la red global de los pueblos indígenas; identificarse como diferentes de la sociedad nacional; lengua, cultura y creencias definidas; continuidad histórica con sociedades pre coloniales; sistemas sociales, económicos y políticos bien definidos y estrecha vinculación con su territorio.

La tierra como espacio de reproducción humana y cultural

¿Qué es tierra indígena? Según Karin Naase (Populagöes, territorialidades e Estado na Amazonia, de 2010, p.13), "território é entendido como espaço físico, a própria natureza e os recursos naturais nele contidos". Según la geógrafa Bertha Becker (Novas territorialidades na Amazônia: desafio às políticas públicas. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas. Belém. v.5. n.1. 2010, p.19) " o território é o espaço da prática. Por um lado, é um produto da prática espacial: inclui apropriação de um espaço, implica a noção de limite - um componente de qualquer prática -, manifestando a intenção de poder sobre uma porção precisa do espaço [...] um produto usado, vivido pelos atores".

A partir de esas acepciones, podemos concluir, por extensión, que las tierras indígenas son territorios, espacios demarcados que son apropiados y vividos por los actores. Lo que confiere peculiaridades alas tierras indígenas, en relación a los demás territorios posibles, a la apropiación de los indígenas en tanto actores específicos, quienes, así como consta en la Constitución brasilera, las ocupan con carácter permanente y las utilizan para el desarrollo de actividades productivas, de su reproducción física y cultural.

Las definiciones antropológica y geográfica del concepto de territorio aún no dejan entrever toda la dimensión simbólica que tiene para los pueblos indígenas, para quienes, además de hábitat y espacio de producción,  la tierra es elemento de identificación de sí mismos. La tierra indígena también es el espacio de la territorialidad indígena, que no es una concepción meramente física del espacio, sino que busca comprender las correlaciones de fuerza y poder que ocurren en ese espacio.

Vemos cuán complejo puede ser el significado de tierra indígena cuando se trasciende la mera concepción de territorio como espacio físico, para aceptar la de territorialidad.

Como en el concepto de territorio, la territorialidad asume imágenes peculiares cuando se trata de la cuestión indígena. " A territorialidade indígena não tem nada a ver com soberania política, jurídica e militar sobre um espaço territorial, como existe em um Estado soberano. Tem a ver com um espaço socionatural necessário para se viver individual e coletivamente " (O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Luciano, Gersem dos Santos. 2006, p.103). Por tanto, para los indígenas, la tierra no es un simple patrimonio (Posse Agroecológica & Manejo Florestal. Benatti, José Helder. 2008).

Benatti destaca una posible pluralidad de acepciones sobre propiedad, en perspectiva de la diversidad de etnias indígenas, al reconocer que la enorme variedad de grupos indígenas implica diversas nociones sobre propiedad, familia, sucesiones, etc. De este modo, nos ayuda a comprender que esa concepción especial que los indígenas tienen sobre la tierra sería un hilo de unión, aún con las variaciones entre las propias etnias.

Esto permite inferir por tanto, que para los pueblos indígenas, más que solo un bien (en la concepción del derecho civil), la tierra es un espacio indisociable de la vida de la propia sociedad. Es un espacio dotado de valor simbólico y cultural. Cuando el Estado brasilero reconoce la existencia de los pueblos indígenas, en gran parte de sus políticas públicas de asistencia a éstos, está reconociendo también la necesidad de garantizar su derecho a la demarcación de sus tierras. Por ello, la lucha de los pueblos indígenas por la tierra se ha convertido en el centro de su lucha por los derechos humanos.

La  tierra como garantía de los derechos indígenas

Entre los años 70 y 80, en Brasil hubo una revalorización del sentido de ser indígena, incluso por parte de los propios indígenas, con lo cual el orgullo étnico fue revitalizado. Gersem Luciano explica que fue justamente la lucha por la tierra lo que "possibilitou o surgimento do movimento pan-indígena no Brasil [...] unindo e articulando povos distintos, muito dos quais eram inimigos nas antigas guerras intertribais". Si los derechos  culturales son entendidos como derechos fundamentales en el caso indígena y la tierra es indisoluble de la idea de cultura e identidad, entendemos que garantizarla es garantizar los propios derechos humanos de los pueblos indígenas.

El investigador mexicano Rodolfo Stavenhagen, en su obra Los Pueblos Indígenas y sus Derechos, compara estudios de diversas entidades internacionales, como la OIT y el Banco Mundial, llegando a la conclusión de que "[...] no sólo (que) las condiciones de vida de los indígenas, en general, deplorables, sino también (que) su situación está estrechamente relacionada con la discriminación y otras violaciones de los derechos humanos [...]" (Los Pueblos Indígenas y sus Derechos. Stavenhagen, Rodolfo. 2007. p. 24). En ese contexto Stavenhagen enumera los principales problemas de los indígenas en la lucha por sus derechos, [...] los derechos a la propiedad de la tierra y al territorio; la educación y la cultura; la organización social y los sistemas consuetudinario; la pobreza, los niveles de vida y el desarrollo sostenible; la representación política, la autonomía y la libre determinación (Ibid., p.24). Como se ve, el investigador menciona la lucha por la tierra es el primer aspecto.

En esa misma dirección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el año 2001 se manifestó sobre la violación de los derechos humanos contra la comunidad indígena Awas Tingni, de Nicaragua, donde el Estado habría violado el derecho  a la protección judicial y el de la propiedad. La CIDH recordó la obligación estatal de demarcar y proteger los territorios indígenas, recurriendo a todo el aparato legislativo, administrativo y cualquier otro que fuera preciso para garantizar tales derechos.

La semejanza del caso nicaragüense con el de la tierra indígena Raposa-Serra do Sol en Brasil es evidente. En ambos está presente el silencio estatal sobre los actos demarcadores; en ambos los Estado quieren explotar recursos naturales sin consulta previa  a los indígenas. Otorgar a terceros la explotación de los recursos en las tierras indígenas, sin su aprobación es una clara violación de sus derechos.

Otros casos similares analizados por la CIDH relativas a pueblos indígenas son los de las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, ambas paraguayas, el primero de 2005 y el segundo de 2006. Ambos ejemplifican cómo la garantía de la demarcación de las  tierras tradicionalmente ocupadas es fundamental para la protección de otros derechos fundamentales, incluso el propio derecho a la vida. Tanto en el caso de Yakye Axa como en el de Sawhoyamaxa, se argumentó que la imposibilidad del acceso y uso de las tierras acabó poniendo a las comunidades indígenas en situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, médica y sanitaria, afectando, obviamente, su propia sobrevivencia.

Aunque la Convención169 data de junio de 1989, el Estado brasilero, que se regía desde el año anterior por la actual Constitución Federal, incluyó aspectos avanzados en lo que concierne a la defesa de las tierras indígenas: " Os territórios indígenas, no tratamento que lhes foi dado pelo novo texto constitucional, são concebidos como espaços indispensáveis ao exercício de direitos identitários desses grupos étnicos [...] etnia/cultura/identidade são [...] indissociáveis." El hecho es que el Poder Constituyente de 1988 reconoció la necesidad de salvaguardar el derecho originario de los indígenas sobre sus tierras, así como el usufructo exclusivo de las riquezas de su  territorio (Art. 231).

Consideraciones finales

Infelizmente, en el Brasil, el tiempo de los pueblos indígenas no está marcado en días, sino en siglos: desde la invasión portuguesa hasta de la tiranía brasilera, se cuentan las décadas sucesivas de la demora estatal y de los años de litigio en la Suprema Corte. Sin embargo, ellos sobrevivirán.

Desde hace 512 años los indígenas luchan contra la espoliación de sus tierras, contra una demarcación discontinua, contra la intervención arbitraria, contra la retirada impuesta por el Estado (como el caso de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el Estado do Para, de la Amazonia brasilera), demostrando cómo todavía no superamos la idea del indio como un mito, como algo distante y romántico, sin lograr pasar a su aceptación como seres del presente, que quieren mantener su cultura y su historia, sin necesidad de prescindir de los beneficios del mundo contemporáneo, como cualquier ciudadano brasilero.

Para los indígenas, la lógica de "qualquer terra é terra" no funciona. Por eso, ¿cómo puede el Estado intervenir sus tierras sin, al menos, consultarles sobre eso? La consulta es un derecho humano garantizado por normas internacionales.

Por otro lado, no basta promover la demarcación y garantizar legalmente (o sea en el papel) el acceso a la tierra, es fundamental asegurar medios de sobrevivencia en sus mismos territorios. De ahí la necesidad de políticas públicas articuladas que posibiliten planes de aprovechamiento económico sustentable.

Para los pueblos indígenas, la tierra está directamente ligada a la existencia y la  continuidad. Eso es lo mínimo que se puede garantizar para quienes estaban aquí  primero y,  a pesar de todo, todavía tienen que luchar para preservar sus orígenes.

(*) Diego do Santos es Graduado en Derecho por la Universidad Federal do Pará y en Comunicación Social por la Universidad de la Amazonia, y Maestrante en Ciencias Políticas en la Universidad de Rio Grande Do Sul, Brasil.

El presente artículo es un resumen del primer premio de la categoría Ensayos del Concurso alimentos y pensamientos, siempre en agenda, llevado a cabo por el IPDRS con auspicio de ICCO y Oxfam en julio de 2012.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

La joven autora de este texto, SEGUNDO PREMIO en la categoría de artículos del Concurso Alimentos y pensamientos, siempre en agenda, argumenta con apasionada convicción la hipótesis de que el mundo sería perfectamente capaz de alimentarse a sí mismo a través de una ecuación virtuosa entre respeto a la naturaleza, producción de alimentos y control del consumismo capitalista.

Soberanía alimentaria, un objetivo posible

Katherine Fernández*

En el escenario actual los temas relativos a la seguridad y soberanía alimentaria son parte de una competencia entre dos protagonistas mundiales clave. Uno de ellos goza los poderes que le otorga el dominio del modelo económico con todas sus dinámicas. El otro tiene un poder que no ejerce, que es el de la sabiduría suficiente para brindar alimentación natural y económicamente accesible a toda la humanidad. El primero va deglutiendo al otro en los términos más básicos de la colonización, a través de dos brazos estratégicos: la biotecnología y el desarrollo entendido como crecimiento individualizado.

En esa disputa el primer actor tiene una composición diversa que incluye al empresariado privado transnacional, al sistema financiero mundial y a los gobiernos que asumen entre sus políticas públicas alimentarias los lineamientos de la libre oferta y demanda del mercado. Por su parte,  el  segundo actor está conformado por una fracción de la sociedad que tiene relación corporal directa con la tierra y la naturaleza, capaz de asegurar los elementos suficientes para vivir en un esquema de intercambio armónico con todos los elementos de su entorno vital, que es, a la vez, distinto y opuesto al dominio de ser humano.

Este panorama bipolar ha ubicado en una especie de intersección al grueso de la población, convertido prioritariamente en consumidor. Consumidores de alimentos, vestimenta, vivienda, tierra, placeres, sentimientos y hasta de seres humanos. .

Nunca como ahora un modelo económico ha sido capaz de agotar la biología del planeta con la fórmula de estímulo al consumo como canal que encauza el destino del dinero en la misma dirección, que tiene como consecuencia su concentración en una zona del mundo. La producción industrial de alimentos procesa cantidades enormes de insumos transformados en comida destinada a la venta, pero, si no se vende en un tiempo limitado, se bota. Se desechan miles de toneladas de alimentos que quedan fuera del alcance de la humanidad que no las puede pagar y, de esta manera, se consolida el poder del productor quien, además, acapara los insumos para su elaboración e influye en los precios de toda la cadena productiva. Esto desequilibra la producción campesina indígena, ya que las y los productores no pueden vender ni intercambiar el resultado de su trabajo porque el sistema no le permite utilizar sus propias dinámicas económicas, incluso las primarias, como el trueque.

En síntesis, quien tiene el dominio de la fórmula económica y sus cambios, tiene el poder,  y generalmente no son los gobiernos, sino los capitales privados, que toman distintas máscaras accionarias en todos los países y tienen al sistema financiero internacional (banca, ONG, etc.) como su instrumento ecopolítico.

La alimentación, entendida como complejo productivo y no solamente como cadena, está sufriendo la introducción de una serie de mecanismos para asegurar el dominio desde las semillas, para enfrentar la crisis de materia prima ocasionada por el cambio climático y para mantener el poder de la producción y el comercio.  Estos mecanismos son, por ejemplo la tecnología transgénica, los biocombustibles, el comercio de bonos del carbono,  la introducción de la cultura crediticia en los agricultores, el entorno de la economía verde y la manipulación de la información para justificar la concentración de la producción alimentaria en la industria como si fuera la única opción para abastecer de alimentos al mundo.

Alternativas en debate internacional

En la competencia entre dos poderes bipolares surgen alternativas que se van combinando, entre la recuperación de saberes y prácticas antiguas y la ciencia y pensamientos que responden a los problemas generados por la economía capitalista de concentración, que termina creando el problema de la falta de alimentos para la humanidad y también planteando supuestas soluciones.

El sistema de las Naciones Unidas, conformado por los gobiernos del mundo es uno de los escenarios de discusión de alternativas ante la llamada crisis alimentaria que, en realidad, es una crisis de distribución y disponibilidad de alimentos. En las numerosas Convenciones y Cumbres surgieron acuerdos y protocolos, que se van quedando en niveles simbólicos, porque no se aplican a la realidad. Mientras ésta es diversa, concreta y compleja, las propuestas manejadas por las transnacionales determinan las políticas, normas y decisiones de los Estados primermundistas que dan línea al resto del mundo.

Sin embargo, han ido surgiendo movilizaciones sociales y debates paralelos, básicamente indígenas y campesinos, con el desafío del cambio climático, que está acelerando la necesidad de medidas de acción directa con propuestas ajenas al modelo económico hegemónico.  A continuación se enuncian algunas.

Madre tierra versus medio ambiente

La definición de Madre Tierra se recuperó del pensamiento andino para entender que, en el complejo vital, la tierra es origen y el fin de la vida, en una transformación biológica permanente, que establece una relación circular donde los seres vivos están interrelacionados entre sí, mundo animal, vegetal, tierra, agua y aire en una relación permanente de intercambios que hacen funcionar la vida en el planeta, con un componente fundamental: el de los sentimientos y los afectos entre los seres y la tierra. De esta manera, la tierra no es un objeto,  sino un ser vivo, superior al ser humano.

Con ese principio, la definición clásica de recursos naturales también va quedando obsoleta, y pasa de la concepción de materia aprovechable a la de fuente de vida. En este sentido, el pensamiento sobre la Madre Tierra supera el concepto de medio ambiente, que se quedó en el nivel racional, frío y material con que el modelo capitalista acostumbra a explicar la realidad, para referirlo al entorno vital.

Armonía frente a sustentabilidad

Uno de los principios de vida del pensamiento indígena campesino es mantener una relación armónica con la naturaleza, recibir de ella la alimentación necesaria para vivir y propiciar que pueda recuperarse de manera natural para seguir siendo fértil. Esto implica que no se la sobre explote para responder a una demanda creciente, sino que, por ejemplo en la agricultura, la práctica de la rotación implica que se cultive una parte de la tierra por un lapso y luego se la deje descansar un tiempo prudente para recuperar su fertilidad. Otro ejemplo de la selva, se caza un animal para comer bajo la idea de que cuando el cazador muera, su cuerpo abonará la tierra de la cual los hijos del animal se alimentarán. Así estas relaciones se inscriben en el esquema circular de interdependencia vital.

Por esta razón el principio de armonía supera el de sustentabilidad, que es un concepto surgido en el momento en que la industria necesitaba mantener o recuperar espacios para asegurar la producción de materias primas, una vez que la tierra había agotado su capacidad y entró en etapas erosivas. La sustentabilidad se maneja actualmente como una noción relacionada a la aplicación de transgénicos; ligada al monocultivo o la necesidad de patentar descubrimientos y procedimientos productivos para monopolizar su manejo. 

Sin embargo, la naturaleza no necesita de acciones humanas que la conviertan en sustentable, porque ella misma asegura en sus propios procesos vitales el abastecimiento de fuentes de existencia para todos los seres vivos.

Vivir bien y desarrollo sostenible

En términos generales los conceptos sustentable y sostenible se manejan como sinónimos. El desarrollo sostenible es justamente un producto conceptual de la industria. Su alternativa es el pensamiento de Vivir Bien, entendido como una forma de vida que supera al individualismo y concibe a la satisfacción de las necesidades básicas de una persona y el goce de la vida como un fin colectivo, es decir que nadie puede considerar que ha alcanzado calidad de vida si el otro que comparte su entorno vive mal. Lo mismo se aplica a la relación del ser humano con la naturaleza, si se la daña para satisfacción propia, tampoco puede concebirse que la persona viva bien.

La interrelación de dependencia entre el Vivir Bien de las personas entre si y de éstas con la naturaleza debe ser equilibrada y recíproca, por lo tanto, el concepto rompe con la definición convencional de desarrollo sostenible porque éste utiliza la naturaleza como objeto a favor del ser humano asumiendo que, simplemente, se le puede compensar cualquier daño que se le haya ocasionado.

Interculturalidad y globalización

La globalización surgió como un fenómeno de uniformización de la humanidad en una misma cultura y una sola identidad. Aunque todavía es un concepto discutido, en un determinado momento se intentaba consolidar la condición de consumidores de las personas,  para asegurar el funcionamiento de la industria como única fuente proveedora de objetos y medios de vida. Sin embargo, esa concepción trajo conflictos en las sociedades, cuando hizo crisis por planteamientos de recuperación de identidades específicas.

El concepto de interculturalidad surgió desde los pueblos que se encuentran fuera del primer mundo, para establecer las diferencias que existen entre una persona y otra y entre sus colectivos culturales, distinguiendo la diversidad de pensamientos, prácticas, creencias, costumbres y, sobre todo, de alimentos; las formas de producirlos y de asimilarlos. Diversidad que expresa también la riqueza de opciones que posibilitan la vida, y que enfrenta el peligro de extinción frente a la globalización.

La globalización plantea una relación desigual porque solamente una parte del mundo pauta la "manera de vivir" mientras el resto se adscribe a ella. En cambio, la interculturalidad plantea el respeto a los orígenes de las formas y el intercambio equitativo entre las personas sobre opciones, formas, metodologías y prácticas de relacionamiento, comportamiento, economía, organización, creencias y, sobre todo, la libre elección.

Soberanía alimentaria en el sistema mercantil

En el panorama de cosmovisiones contradictorias la soberanía alimentaria surge y lucha por abrirse paso, con el objetivo del pleno ejercicio del derecho humano a la alimentación, Esto supone lograr el acceso libre de los seres humanos a los alimentos, cuyos precios reflejen el esfuerzo que significa producirlos y estén sujetos a mecanismos de intercambio equitativo.

El origen de la demanda de soberanía alimentaria viene, justamente, del campesinado internacional, que plantea que el planeta tiene las condiciones físicas para dar a la humanidad alimentos producidos de manera tradicional, sin elementos ajenos al ciclo reproductivo natural de la tierra, en el que intervienen las variaciones climáticas estacionales, el ciclo hídrico y la mano del hombre en relatividad. El factor determinante para que este acceso sea posible es que se elimine el manejo industrial de los alimentos y que sus distintas transformaciones también sean manejadas en un nivel de provisión necesaria, de acuerdo a la cantidad que un cuerpo necesita para vivir, no de acuerdo a la cantidad que la industria necesita vender para concentrar el poder económico.

La tendencia actual del debate sobre soberanía alimentaria es que su aplicación significaría  un desequilibrio en las economías nacionales pero, en términos generales, las políticas de autoabastecimiento cambiarían los índices de desnutrición y mortalidad que ocurren por falta de alimento, lo cual, finalmente,  es el fin sustancial de cualquier Estado.

En su definición básica la soberanía alimentaria es la posibilidad de que la población decida sobre su alimentación desde la producción u obtención por recolección; la transformación y la circulación, hasta la elección del tipo de alimentos que necesita y desea. A este proceso se añaden dos elementos fundamentales: Primero, la posibilidad de confiar en que los alimentos sean sanos y saludables, con una estructura normativa legal que asegure que no se vulnere el derecho humano a la alimentación de calidad. Y segundo, que haya información suficiente para que las personas sean capaces de elegir alimentos sanos y saludables.

Hoy por hoy, una población que es solo consumidora puede decidir convertirse otra vez en un conjunto de personas que elijan libremente, con información suficiente a través de canales educativos y mediáticos. 

Aunque parezca imposible, este complicado proceso se inició ya con conceptos como el consumo responsable, y acciones concretas, como las movilizaciones indígenas y campesinas en distintas partes del mundo, demandando el respeto a sus derechos agrarios y territoriales, y denunciando el abuso de la industria a través de la difusión de documentales, investigaciones científicas independientes e informes técnicos a través de redes sociales.  

Otro rasgo del proceso es que el primer mundo paga cada vez mejores precios por importación de alimentos orgánicamente producidos y transformados y el grado de demanda de las certificaciones posibilita que éstas sean menos burocráticas.  También se puede destacar la elaboración de leyes y normas nacionales, como en los casos de Bolivia y Ecuador, que elaboraron nuevas Constituciones, incorporando principios y valores como el Vivir Bien, el derecho humano al agua, a la alimentación o los derechos de la Madre Tierra. Aunque en la práctica gubernamental estos principios no se estén aplicando todavía, marcan una diferencia en el pensamiento y la concepción del tipo de país que desean ser, y está planteada legalmente la posibilidad de construir políticas públicas en esos marcos.

Estas Constituciones se convirtieron en referentes para otros países y forman parte de los debates internacionales, lo cual plantea la apertura a la posibilidad de un camino todavía costoso, frente a una industria que invierte ingentes recursos en publicidad para convencer a la gente de que sus productos no solo son buenos, sino que son imprescindibles para vivir.

Finalmente, el poder tradicional y la sociedad consumidora, tienen la posibilidad de enfrentarse al poder industrial para recuperarse y demostrar que se puede vivir con dignidad, soberanía, goce y transformación de la economía dependiente en una nueva alternativa que ahora el planeta necesita para contrarrestar el cambio climático. 

(*) Licenciada en Ciencias de la Comunicación con intereses y experiencia en foros de debate especializados en seguridad y soberanía alimentaria y defensa del medio ambiente.

Este texto mereció la designación del SEGUNDO PREMIO en la categoría artículos en el Concurso Alimentos y pensamientos, siempre en agenda, gestionado por el IPDRS, con auspicio de ICCO y Oxfam, en julio de 2012.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de la autora y no comprometen la opinión y posición del IPDRS

Los avances tecnológicos del mundo contemporáneo suelen hacernos olvidar que previamente, durante milenios, la humanidad siempre encontró modos eficaces para comunicarse, producir y prosperar. Los caminos del intercambio y la reciprocidad son ejemplo de ello, tal como se describe en el presente artículo, versión número 87 del boletín quincenal Apuntes. Este trabajo mereció, por otra parte, el PRIMER PREMIO de la categoría artículos del concurso Alimentos y pensamientos, siempre en agenda, promovido por el IPDRS en alianza con ICCO y Oxfam.

... el Perú es un camino... el Perú es sus caminos: por su diversidad  geográfica, ecológica y cultural.

Antonello Gerbi, Caminos del Perú, historia y actualidad de las comunicaciones viales.

En Perú, numerosas familias campesinas que tienen experiencias exitosas en la conservación de la diversidad agro-silvo-pastoril habitan en las provincias de Lamas, Moyobamba, Rioja, Picota, Bellavista y Ucayali de los departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali, Amazonas y la Libertad, ubicados en la vertiente nororiental y occidental de los Andes Centrales peruanos. Ambas vertientes conforman una región geográfica y cultural cuya particular riqueza es la conexión entre los pueblos andinos y  amazónicos.  

Desde siempre, estas comunidades campesinas amazónicas, andinas y de las costas del Pacífico, han mantenido relaciones de interculturalidad para la regeneración y conservación de sus cultivos y los saberes vinculados a ellos. Estas relaciones han hecho posible el mantenimiento y el incremento continuo de su agro-bio-diversidad, especialmente la nativa, en las chacras campesinas; sustentada en los saberes ancestrales de estas culturas chacareras y montaraces, que tienen como atributo común el hecho de ser itinerantes o nómadas por tradición.

Los caminos amazónicos andinos

Ñan es camino en quechua, y purindero se decía al que camina de un lugar a otro, por ejemplo, conozco un lugar donde hay diversidad  de plátanos, de yucas, ya estoy caminando allá  para traerles. Nuestros abuelos eran grandes caminantes, desde antes que hagan carreteras  ellos tenían sus caminos y así siempre acarreaban semillas de toda clase.

(Darwin Pinchi  Fasanando, campesino del distrito de Tres Unidos, Picota, San Martín).

El aporte campesino puede proporcionar al mundo ese bien común que es la biodiversidad, y así enriquecer el conocimiento de nuestro planeta desde diversas cosmovisiones, es decir desde los diversos modos de ser, sentir y vivir de los pueblos, como en este caso, las de los pueblos amazónicos y andinos, relacionados con la conservación y uso sostenido de la biodiversidad nativa. Así ocurrió ya con la papa (Solanum tuberosum), domesticada por nuestros ancestros andinos, que hoy sirve de alimento al mundo y es cultivada en muchos países de zonas templadas. Un proceso similar ocurrió con el cultivo de la yuca (Manihot esculenta), domesticada por nuestros ancestros amazónicos, que a través de sus diversos caminos llegó a ser cultivada por muchos países tropicales. Desde siempre, nuestros pueblos han sabido realizar procesos de verdadera "globalización" de semillas y alimentos, como parte de sus relaciones de reciprocidad.

El atributo de caminantes de los pueblos andinos-amazónicos hace posible la continua recuperación del vigor genético, la diseminación, adaptación y el incremento de la diversidad de sus semillas y, con ellas su suficiencia alimentaria, en un circuito permanente de redes de relaciones de reciprocidad y redistribución entre las familias campesinas de diferentes condiciones agroecológicas. Precisamente la eficacia está en la diversidad, ya que se trata de redes que, pasando por fisiografías, topografías y vegetación heterogéneas, transitan por climas y suelos diversos, lo que hace que los cultivos también lo sean. Al mismo tiempo se ha desarrollado un mosaico de culturas chacareras, con muchos rasgos comunes, que se vinculan de un modo dinámico y permanente, haciendo de la vertiente nor oriental y occidental de los Andes-Amazónicos, un importante genocentro de diversidad nativa y sus afines silvestres.

De las ocho regiones naturales del Perú, identificadas por el arqueólogo Javier Pulgar Vidal (Geografía del Perú 1981), en la vertiente nor occidental y oriental de la Andes Amazónicos tenemos siete, constituyendo un verdadero genocentro o conjunto de lugares de concentración de la biodiversidad. En la vertiente nor occidental, están: la Costa o Chala desde el nivel del mar a cero metros hasta los 500 m.s.n.m., la Yunga desde los 500 hasta los 2300 m.s.n.m., la Quechua desde los 2300 hasta los 3500 m.s.n.m. y la Suni o Jalca desde los 3500 hasta los 4000 m.s.n.m.; mientras que en la vertiente oriental tenemos: la región de la Selva Alta o Rupa Rupa desde los 400 a 1000 m.s.n.m. y la Selva Baja u Omagua desde los 80 hasta los 400 m.s.n.m.

Cuando transitamos por este genocentro encontramos toda una red de caminos diversos, que vendrían a ser la trama que une las chacras, las cuencas y microcuencas y las comunidades campesinas; organizándose en movimientos locales, regionales e inter regionales y, en determinadas circunstancias, en movimientos mayores, como son los movimientos panandinos y amazónicos. Todo esto constituye la organicidad campesina en sus diferentes niveles, que por miles de años ha facilitado el transitar de las semillas, proceso denominado y descrita en detalle por el ingeniero Julio Valladolid Rivera, como "Los caminos de las semillas" (Kawsay Mama 2005).

Para describir los "caminos de las semillas" puede tomarse como ejemplo el caso de las leguminosas de granos nativos. Los pallares (Phaseolus lunatus) y algunas variedades de frejol como el frejol canario (Phaseolus vulgaris) provienen de la vertiente occidental de las regiones Chala y Yunga, y llegan al conjunto del territorio peruano y a otros países vecinos.

De las regiones pertenecientes a los valles interandinos de clima templado y de los altiplánicos de clima frío, como son las regiones de Yunga, Quechua y Suni o Jalca de las vertientes occidental y oriental salen las leguminosas de grano conocidos como chochos (Lupinus mutabilis) y algunas variedades de frejoles como los frejoles pintos y bayos (Phaseolus vulgaris).

Desde la vertiente oriental entre los Andes y la Amazonía, en la regiones de Selva Alta y Selva Baja circulan muchos de los frejoles conocidos como huascas ucayalinos, huascas awishos, huascas lamistas y allpas (Phaseolus vulgaris), llegando a algunas regiones interandinas, costeras y a la llanuras de los países amazónicas en las cuencas del océano Pacífico.

La diversidad proteica de las leguminosas de grano se acompaña en los caminos con una gran diversidad de productos agro-silvo-pastoriles, acuícolas y de minerales, que a su vez poseen otros muchos importantes aportes nutracéuticos que curan y alimentan. Todo esto se intercambia entre los pueblos andinos y amazónicos en sus permanentes redes de interculturalidad, enriqueciendo, de este modo, la sabiduría ancestral culinaria de nuestros pueblos, que se expresa, por ejemplo, en los sabores que dan las familias campesinas a los frutos de más de 70 variedades de platos típicos, obtenidos de una serie de combinaciones y transformaciones de su rica diversidad cultivada y silvestre.

Con relación a la diversidad de alimentos de la chacra campesina, Doña Rosenda Sangama Cachique, campesina de la Comunidad del Huayco, manifiesa: Verdad pues, toda clase de animales hay en este monte-chacra: esos chorchor, esos rimurucos, añujes, pihuichos, manacaraco... bastante se halla. Por eso decimos, a nosotros nunca nos falta "nuestra pobreza"... para comer, para vivir; sembrando de todo, aunque sea poco-poco, tenemos: camote, tomates, papayas, zapallos. También esas cosas se venden en el mercado... nunca se desperdician. Cuando nos visitan nuestras familias, ya tenemos qué regalarles... ya regresan contentos.

Nuestra comida sale de la chacra y de la naturaleza, de su agua y de los montes, y por tratarse de un mundo heterogéneo, la comida también es diversa, y se incrementa con la diversidad de combinaciones y formas de preparar los alimentos.

Intercomunicación regional

En el transitar por ambas vertientes se encuentran decenas de mercados locales que juegan un rol central para compartir esta diversidad con la poblaciones citadinas, que en su gran mayoría no se han desprendido de sus parientes del campo, manteniendo una mancomunidad urbano-rural para su seguridad y calidad alimentaria.

En los mercados, bajo la forma de ferias agropecuarias, se expende una gran diversidad de productos frescos y sanos, provenientes de las miles de chacras campesinas, generando, además, empleo e ingresos económicos para miles de comerciantes minoristas, quienes, con cierto valor agregado, facilitan el acceso a productos de calidad a los consumidores locales, parte de las mayorías poblacionales, que todavía tienen estos productos subsidiados por las familias campesinas, lo que representan más del 70% de la canasta básica.

Así mismo,  los productos nativos generan una dinámica económica muy importante en las regiones. Se calcula, por ejemplo, que solo el frejol nativo "huasca amarillo", producido con dos campañas por año en las regiones de Loreto, Ucayali y San Martín, genera una dinámica de 400.000,00 dólares por año. Con estos cultivos tradicionales los mercados locales se convierten en centros de intercambio de saberes, semillas y alimentos sanos y baratos.

Además de los caminos longitudinales y transversales de la conservación de diversidad, existen diversas prácticas tradicionales para hacer chacra. En la zona costera se encuentran las pozas hundidas o wachaques; en la zona alto andina están los andenes y terrazas; en la Amazonía alta están las chacras huertas y en la Amazonía Baja, las playas, barriales y restingas. Todas estas formas constituyen un mosaico de diversidad de prácticas agronómicas que hacen posible la conservación de suelos, el mejoramiento de microclimas y el uso intensivo de la tierra, compatibles con la conservación de la biodiversidad que garantiza nuestra suficiencia, autonomía y soberanía alimentaria.

Estos caminos también se vinculan a los Apus o cerros sagrados y a los centros ceremoniales. En la zona costera está Chan Chan; en la zona alto andina tenemos a Kuelap, y en la selva alta el Gran Pajatén. Son espacios de alta espiritualidad, donde se encuentran manifestaciones muy antiguas de lo que significan los cultivos nativos y la diversidad silvestre para los campesinos.

En estos lugares los campesinos sabios o Yachacs realizan rituales para entrar en diálogo con las diversas expresiones de la naturaleza y las deidades amazónicas-andinas. De este modo, predicen cómo se presentará el año agrícola y ofrendan alimentos como señal de agradecimiento a la naturaleza, las deidades y a la madre Tierra por los frutos que brindan a los seres humanos.  Esto evidencia el alto sentido de respeto que los campesinos amazónicos-andinos tienen por su entorno natural y cultivado y, con ello, su "cosmovisión de la comida", que no es un mero recurso a manipular para el beneficio humano, sino de todos los seres vivos: aquí todos comen de todo y entre todos.

Un futuro promisorio depende de buenas decisiones

Establecer y afirmar el modo de vida andino-amazónico, integrando  redes de relaciones en sus diferentes niveles, proporcionaría suficientes alimentos como parte de nuestra seguridad alimentaria. Combatir el hambre y la desnutrición no es solo cuestión de ingerir calorías, se trata también de la calidad de la dieta, lo que significa variedad de alimentos, ya que una mayor y sostenida diversidad productiva tiene como consecuencias una alimentación variada y sostenida.

Las vertientes noroccidental y oriental pueden proporcionar la base de esa ambición, como demuestran los textos: "Nutrición en el Antiguo Perú" (Santiago Antúnez de Mayolo, Banco Central de Reserva del Perú. Lima, 1988) y "Lost Crops of the Incas" (National Academy Press, Little - known Plants of the Andes with Promise for Worldwide Cultivation. Washington, 1989), que describen científicamente la capacidad nutritiva de la flora y fauna nativa de los Andes y la Amazonía, así como los conocimientos de los antiguos peruanos sobre la agricultura y sus modos de organización para las diversas actividades que practicaban para vivir en bienestar.

Cuando se desliga la alimentación de la cultura de la comida, cada bocado ingerido deviene en un conjunto de datos objetivos, clasificados en carbohidratos, proteínas, vitaminas, grasas y minerales. Ese modo de ver la vida, hace invisible lo que genéricamente se denomina las "costumbres del comer", es decir, los modos de concebir el alimento, las formas de preparar los productos, el ambiente social alrededor de la comida y los valores y principios que subyacen en las relaciones entre la familia, la naturaleza, la agricultura y los propios elementos de ese ambiente familiar que se llama cocina (ARAA/CHOBA-CHOBA, Compartiendo las Crianzas: Comida, Organicidad y Biodiversidad en la Recuperación Agroecológica y Nutricional de los Quechuas Lamas. Tarapoto, 2000).

A través del presente artículo se han mostrado algunos de los caminos que durante milenios las comunidades campesinas de una región andino amazónica en Perú vienen transitando para enriquecer su diversidad cultural y biológica y, con ella, su seguridad y calidad alimentaria, incluso en las condiciones ambientales y sociales más difíciles. Esta práctica crece integrándose de modo vivencial en un marco de interculturalidad permanente entre los diferentes pueblos andino-amazónicos y contribuye, de este modo, con las políticas del Estado y los gobiernos regionales y locales en sus intereses de integración regional y en la formación de mancomunidades en sus diferentes niveles para optimizar y hacer eficientes sus propuestas de desarrollo.

(*) Estudiante universitaria, de la facultad de Ciencias de la Salud de la carrera profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Martín, en Tarapoto, departamento San Martín, Perú.

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Este artículo, con el título original de "Integración regional y seguridad alimentaria en la vertiente nor occidental y oriental de los Andes-Amazónicos" fue calificado para el PRIMER PREMIO en la categoría artículos del Concurso Alimentos y Pensamientos, siempre en Agenda. IPDRS, agosto de 2012. 

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de la autora y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

¿Qué significa actualmente y qué potencialidades en el futuro inmediato tiene la reciente incorporación de Venezuela en el MERCOSUR? Alrededor de esta idea, Oscar Bazoberry Chali reflexiona sobre los próximos pasos del proceso de integración sudamericana y sobre los probables movimientos de fichas en las principales instancias que lo articulan y representan, como UNASUR, la CAN y el propio MERCOSUR.

Luego de la crisis política de Paraguay, en la que se destituyó al Presidente Fernando Lugo, vino la suspensión de la participación de ese país en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y, posteriormente, la decisión de los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay de aceptar la incorporación de Venezuela al bloque.

Esta sucesión de acontecimientos nos recuerdan más allá de los detalles, la importancia de la política, con todos sus enredos y complejidades, en el desempeño de los gobiernos nacionales, pero también y fundamentalmente, de su repercusión en los bloques regionales y, seguramente, en las plataformas multilaterales.

Aunque todavía el Senado paraguayo reclama para sí la decisión del ingreso de Venezuela o de cualquier otro país al MERCOSUR, es ya evidente que soplan nuevos aires en la integración de los países de Sudamérica. Se van acelerando procesos que parecían postergarse hasta el tedio. El desbloqueo y la firmeza con que actuaron los presidentes de Brasil, Argentina y Uruguay, el 29 de junio para luego ratificarse el 30 de julio de este año, tendrá algunas consecuencias sobre las que podemos especular.

Ampliación del bloque

El MERCOSUR dejó de ser solamente un bloque soyero y triguero. Al incorporar a Venezuela las fronteras del bloque ya no están solo en el sur, sino que se amplían hacia el norte de Sudamérica (Venezuela - Brasil) que en los hechos incluye a toda la Amazonía que podría convertirse en un tránsito del sur hacia Venezuela. Además de la reconocida capacidad de la región en la producción de alimentos, hoy hay que contar con el aporte petrolero de Venezuela y los enormes recursos forestales e hídricos que conectan a ambos países. Es este gran potencial de complementariedad lo que ha entusiasmado a las presidentas Rousseff y Kirchner y al presidente Mujica en sus discursos de bienvenida a Venezuela, y marcó el tono de agradecimiento del presidente Chávez.

En términos de mercado, se incorpora alrededor de un 10% de nueva población consumidora al bloque, que este año 2012 llega a 280 millones de habitantes, lo cual equivale al 70% de la población sudamericana. La situación de Paraguay continuará siendo compleja, a pesar de la insistencia de la diplomacia brasilera en que se trata de una suspensión sin consecuencias en los acuerdos de mercado. En términos prácticos, se reforzará el comercio de alimentos hacia Venezuela, estrategia comercial que Argentina ha venido impulsando desde años atrás.

Reconfiguraciones posibles

Por su parte, la Comunidad Andina (CAN) tendrá que abandonar la esperanza del retorno de Venezuela, país que se retiró de la Comunidad en el año 2006, entre conflictos con Colombia y Perú por su firma de tratados de liberalización comercial con los Estados Unidos de Norte América. Aunque hay varios de los países que están asociados en ambos bloques, no parece que la tendencia sea la adhesión de nuevos Estados miembros al bloque andino. La presidencia de Ollanta Humala le dio un respiro a la integración andina, ya que, finalmente, la sede andina se encuentra en Lima. Sin embargo, es claro que la política exterior peruana mira a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, con los últimos acontecimientos y la cercanía que se dice tiene con Brasil, podría determinar un cambio de rumbo.

El proceso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP), cuyos países miembros son Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda, es diferente. Posiblemente aquí se tradujo gran parte de la propuesta de comunicación, finanzas y geopolítica impulsadas por Venezuela, presentándose como bloque alternativo. Hoy su situación es menos clara, pues se encuentra ante la disyuntiva de que Venezuela tenga la habilidad de manejarla de manera complementaria a su nuevo acuerdo con el MERCOSUR, transmitiendo los grandes avances del ALBA - TCP al MERCOSUR y UNASUR, o se irá disipando en favor de estos otros acuerdos que, progresivamente, exigirán más atención de sus países miembros.

Entrando en plena vigencia la decisión del Consejo del Mercado Común que reza: "a partir del 12 de agosto del 2012, la República Bolivariana de Venezuela adquirirá la condición de Estado Parte y participará con todos los derechos y obligaciones del MERCOSUR y el pleno ejercicio de las capacidades de este país como miembro, Venezuela tiene hasta el año 2016 para adecuarse a las reglas del MERCOSUR, por ejemplo desgravaciones, tarifas y pactos internacionales, y nomenclatura de comercio exterior. Además, la participación en reuniones de ministros, grupos de trabajo, comisiones, parlamento, foros, entre otras gestiones. ¡Menudo trabajo!, que tomará la atención del gobierno Venezolano quien, según las declaraciones conocidas, las realizará con prioridad. En todo caso, se entiende que estas medidas no modificarán lo avanzado en los acuerdos del ALBA - TCP y otros de Venezuela con los países de la región.

Finamente, el paso dado por Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela, podría también acelerar la ampliación del MERCOSUR a otros países, coincidiendo idealmente con el territorio de la UNASUR. Aunque sería exagerado decir que ésta fue siempre la estrategia de Brasil, sin embargo, es un criterio presente, aunque los países del núcleo más duro hayan mostrado que, si algo tienen, es paciencia, y prefieren una ampliación ordenada antes que una avalancha.

En la prensa de esta semana, volvió a evidenciarse el interés de Ecuador por convertirse en Estado Parte de MERCOSUR, por lo cual, no sería descabellado pensar que algunos de los otros países asociados, como Bolivia, Chile, Colombia y Perú sigan ese camino. El caso de Ecuador es especial, pues hasta el momento no tiene frontera con ninguno de los Estados Parte, por lo que su incorporación podría romper el principio de continuidad geográfica con el que MERCOSUR se ha movido hasta el momento, mientras que es más probable un ingreso acordado de Colombia, por ejemplo.

En síntesis

Como puede verse, un solo movimiento de ficha puede abrir en los espacios regionales de integración regional nuevas oportunidades y distintas posibilidades en Sudamérica. Por lo tanto, posiblemente asistamos en el futuro inmediato a movimientos más rápidos o menos lentos, para reajustar los procesos que han ido quedando truncos o los que se solaparon.

Haciendo proyecciones positivas, sería ideal recuperar las mejores iniciativas de cada experiencia, dar un carácter multidimensional al concepto de mercado, ajustar la institucionalidad a la estricta necesidad de la integración y establecer mecanismos que permitan a los países más pequeños y los sectores más pobres obtener una ventaja en la noción de comunidad regional. Ecuador dará continuidad al debate, probablemente lo seguirán otros países.

* Sociólogo, experto en desarrollo rural. Dirige el IPDRS y es coordinador de la maestría de desarrollo rural del  programa de post grado CIDES - UMSA en La Paz, Bolivia.

Elizabeth Vargas Solá (*)

Para la región el debate sobre seguridad y soberanía alimentaria es crucial. De ahí el interés que despertó la propuesta boliviana de que ése sea el tema principal en la 42 Asamblea General de la OEA. Un evento al que el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) siguió de cerca durante sus etapas preparatoria y de realización, y al que, pasado un mes, junto con otros interlocutores, se sigue evaluando. En esta nueva entrega del boletín quincenal Apuntes, Elizabeth Vargas desconfía de las buenas intenciones y sugiere rutas críticas posibles, en el entendido de que, más allá de las formalidades, la seguridad alimentaria es un aspecto crucial para los países.

La 42 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) asumió como su principal tema de agenda el de la Seguridad Alimentaria con Soberanía de las Américas Este evento, como es usual, congregó a todos los países miembros representados por sus cancilleres, vicecancilleres y los Jefes de Estado de Bolivia y Ecuador, durante el pasado mes de junio, en Cochabamba, Bolivia. La Asamblea concluyó con la firma del acuerdo para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Declaración de Cochabamba.

Intereses y desencantos

Aunque era previsible, de todos modos desencantó a muchos que la reunión no diera relevancia ni profundizara la reflexión sobre el tema principal, al menos fue priorizado formalmente. Esta situación se vio reflejada en la cobertura de los medios de información, que reportaron los otros temas que efectivamente ocuparon la mayor parte del tiempo de los y las participantes, como los pedidos de restructuración de la OEA, las reformas del CIDH, las Malvinas y la demanda boliviana de salida al mar. El debate sobre seguridad y soberanía alimentaria mereció menor cobertura porque, efectivamente, se debatió en menor medida.

Finalmente se logró la aprobación de la Carta Social y de la Declaración de Cochabamba, aunque a partir de un debate muy débil. La declaración trata aspectos interesantes sobre la seguridad y soberanía alimentaria, entre ellos: el apoyo a la agricultura familiar, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad de productores rurales al hambre y la pobreza; el establecimiento de estrategias y mecanismos para responder a situaciones de crisis alimentaria; la realización efectiva del derecho a la alimentación y nutrición; el compromiso de avanzar en la lucha contra la desertificación y sequía y la necesidad de una sesión especial para revisar la situación alimentaria y nutricional en las Américas. Aspectos que se espera no se queden en buenas intenciones y deseos de la OEA.

Balance

Buenas intenciones y mejores deseos, ya tenemos, bastante. Sin ir muy lejos, en la nueva Constitución Política de Bolivia, se reconoce el derecho a la alimentación y la obligación del Estado para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, dando preferencia a los pequeños y medianos productores de alimentos. Asimismo, la Ley de la Revolución Productiva Agropecuaria prioriza la seguridad alimentaria y, aunque con contradicciones en su articulados, reconoce a las comunidades campesinas como organizaciones económicas comunitarias (OECOM) y busca favorecerlas -como también busca favorecer a los agro exportadores que basan su producción en transgénicos-.

Sin embargo, a pesar de algunas medidas específicas a favor de los campesinos, los avances son limitados y, en situaciones de crisis, no se duda de prestar más atención a los grandes empresarios y agro exportadores para garantizar el abastecimiento de alimentos de consumo masivo; dejando de lado a los productores campesinos.

Falta hacer algo más, las buenas intenciones no bastan. Primero se debería dejar claro si hay un reconocimiento real y oficial -en constituciones, leyes y políticas- del rol y la importancia que asignan los países latinoamericanos al pequeño productor campesino, tomando en cuenta las décadas y quizá siglos de desatención del Estado a este sector. En los países latinoamericanos es claro el dominio del agro negocio y la agroindustria, y la tendencia de los gobiernos es a fortalecerla sin importar la tendencia política-ideológica. Se sabe que las y los productores campesinos indígenas constituyen la mayoría de los productores agropecuarios. En Bolivia de las 660.000 unidades productivas el 87% son del sector campesino indígena y en Brasil de los cinco millones de unidades agropecuarias 4.3 millones se clasifican como agricultura familiar. Esta mayoría, por tanto, debería debe ser considerada.

Rutas posibles

Para lograr ese reconocimiento y la determinación e implementación de políticas adecuadas, es necesario ver la realidad alimentaria de cada país y el aporte a la seguridad alimentaria de los pequeños productores y otros sectores. Para esto será necesario que se realicen censos y estudios oficiales que sustenten esa realidad, ya que los estudios de la situación agraria y alimentaria, al menos en el caso boliviano, no están actualizados. Con esa información oficial, se podrá hacer efectiva, esa "sesión especial para revisar la situación alimentaria en las Américas", que indica la Declaración de Cochabamba.

Por otro lado, la Declaración de Cochabamba, señala también el establecimiento de estrategias y mecanismos para responder a situaciones de crisis alimentaria. Este aspecto es muy importante, sin embargo, el trabajo debe incluir estrategias para no dejar de lado a los productores campesinos.

En la crisis alimentaria del año 2008, que dio lugar a la escasez y alza de precios de los alimentos, muchos países -entre ellos Bolivia - pusieron restricciones a sus exportaciones y favorecieron a la importación de alimentos; teniendo impactos negativos directos a los productores campesinos, con la baja de precios de sus productos. La realidad muestra que en esas situaciones los gobiernos buscan garantizar el abastecimiento de los productos de consumo masivo, y se empieza a negociar solamente con agroindustriales y grandes productores, dejando de lado, nuevamente, a los pequeños productores.

En ese sentido, la búsqueda de estrategias debe garantizar la protección del sector campesino indígena y su participación en el mercado con precios justos, caso contrario seguirán siendo un sector marginado y seguirá siendo una realidad, en el caso boliviano, tal como lo que indica Oscar Bazoberry, sobre el productor campesino indígena: "al ser soporte político del gobierno, ha pasado, en su propio discurso, de explotado a solidario, de demandante a demandado y, si este proceso fracasa, de víctima a culpable" (Revista Mundo Siglo XXI, volumen VII, (2011:93). México).

Los postulados en la Declaración de Cochabamba sobre seguridad alimentaria con soberanía dejarán de ser deseos buenas intenciones si se encara la problemática del productor campesino, a nivel local, nacional y a nivel de las Américas. En primer lugar, reconociendo el aporte alimentario de este sector; segundo. En segundo lugar, haciendo efectiva las políticas favorables a ellos, es decir garantizar su implementación. Finalmente, en situaciones de crisis alimentaria, prever que las medidas tomadas protejan y también promuevan el aporte alimentario del sector campesino indígena.

(*) Elizabeth Vargas S, es Ingeniera Agrónoma y Antropóloga, con Maestría en Sociología del Desarrollo Rural. Fue Directora de CIPCA Cochabamba, también Facilitadora de la Plataforma Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible así como Coordinadora de proyectos productivos en la Reserva de Tariquía (Tarija). Fue miembro del Directorio de PROLINNOVA (Promoción de la Innovación Local en Manejo de Recursos Naturales y Producción Agroecológica) Internacional y Coordinadora de la CGIAB (Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia)".

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¿Un relanzamiento de la investigación agraria en la región andina requiere de nuevas relaciones entre ONG, Estado y universidades? Con esa pregunta comenzó un fructífero diálogo entre varias personas de distintos ámbitos institucionales ligados unánimemente al interés por potenciar la investigación en el área del desarrollo rural de base campesina indígena. Intentando responder a esa interrogante el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) recurrió a las experiencias del Sistema de Investigación Agraria en Ecuador (SIPAE), el Programa de Investigación de Bolivia (PIEB), el programa de post grado de la Universidad Mayor de San Andrés CIDES, unidades de proyecto de las agencias de cooperación ICCO y Oxfam, el Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST), la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) y consultoras como la empresa Agrodata. Los resultados del intercambio se sintetizan en el presente artículo.

Desde hace varias décadas la mayoría de los Estados de la región sudamericana disminuyó su apoyo o dejó de promover investigaciones en el ámbito del desarrollo rural, función que tomaron para si principalmente las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Este desinterés estatal no fue fortuito, sino que correspondió a la tendencia de abandonar la producción campesina como un sector estratégico, mientras que crecía, imparable, la corriente de fomento a la agro industria, agricultura para la exportación o, como se denomina de manera más general, al agro negocio.

Nuevos escenarios, nuevos temas

Actualmente hay nuevos escenarios económicos y políticos. Por un lado, la crisis mundial de encarecimiento de los precios de los alimentos contribuyó a volver a poner en agenda la producción campesina como una de las estrategias más fiables y continuas para proveer de alimentos a las poblaciones urbanas. Por otro lado, luego de la década de reformas institucionales y el achicamiento del aparato y las competencias del Estado, en general, hay un "retorno" de la presencia estatal en la mayoría de los países y en algunos están en ejercicio gobiernos de tendencia neo populista, mostrándose un notable fortalecimiento estatal en todos los ámbitos, desde la banca hasta las comunicaciones.

Basado en la experiencia ecuatoriana, Francisco Hidalgo, coordinador del SIPAE, un consorcio de ocho instituciones, entre ellas dos universidades estatales, plantea nuevos tópicos que deberían desafiar a la investigación en desarrollo rural en la región, comenzando desde la necesidad de nueva legislación coherente con las nuevas Constituciones, como en los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que debe incluir aspectos centrales como territorios, equilibrio entre modelos de producción campesina y agroindustrial, derechos indígenas y regulación de las industrias extractivas en función a sus efectos sobre el medio ambiente en general y sobre la agricultura campesina en particular.

En los casos de Bolivia y Ecuador las respectivas nuevas Constituciones del Estado son el marco referencia para una amplia agenda de temas de investigación vinculada al desarrollo rural de base campesina indígena. Pese a tensiones, errores y hasta conflictos, las Cartas siguen siendo una representación simbólica de lo que las mayoría de los países en su momento quisieron y expresaron con una amplia participación, entre ello, el reconocimiento de la diversidad y un mayor empoderamiento de lo indígena.

Hay, por lo tanto, muchas leyes nuevas en los países andinos, pero la mayoría se está quedando en proyecto, porque llegan hasta el momento de la votación y ésta no se produce debido a conflictos de intereses (por ejemplo leyes sobre propiedad de la tierra o sobre recursos hídricos en Ecuador) o porque el acto se agota en la promulgación, sin lograr transitar hacia la efectiva aplicación, debido a ineficiencia o contradicciones entre discurso y práctica (por ejemplo revolución productiva, en Bolivia).

Un caso realmente ejemplar de esas contradicciones es el de las políticas públicas sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria, que aparece como un permanente tema de interés en las agendas públicas, pero no cuaja en normativa y menos aún, en estrategias y programas aplicables.

Amenazas y desafíos

Pese a que los gobernantes asumen una reconocida debilidad en lo agrario (la gran deuda, según el presidente ecuatoriano Correa) la región sigue viviendo un proceso aparentemente imparable de ampliación de las fronteras agrícolas con el incremento de cultivos de cacao, palma africana, caña para etanol, soya y otros granos forrajeros, alimentando la agro exportación. Al mismo tiempo, en el contexto no puede dejar de identificarse el aumento progresivo de la explotación minera a cielo abierto, con sus consecuentes efectos de contaminación y disputa por los recursos de tierra y agua.

Coinciden, por otra parte, dos procesos aparentemente distintos en sus fuentes, pero que convergen en los resultados. Por una parte la crisis financiera de los países europeos repercute en una significativa disminución de los fondos de cooperación y, por la otra, los gobiernos neo populistas intentan copar las universidades estatales y controlar las ONG. Ambos reducen fondos para la investigación en los ámbitos del desarrollo, por lo que debería haber una reacción de diagnóstico y respuesta desde la sociedad, particularmente en el área de la investigación y desde el papel de las universidades y las ONG.

Hay contribuciones importantes desde las ONG y las universidades, pero la mayoría coyunturales, con giros notables, poniendo temas en agenda, como por ejemplo la "territorialización" tendencia sobre la que nadie puede ahora dudar y antes no se reconocía. Al mismo tiempo, en la actualidad hay más fondos en las universidades para la investigación, pero como no hay líneas generales rectoras, se está produciendo una gran dispersión.

Sin embargo, entre los desafíos también es necesario que la investigación precise sus objetivos y campos de estudio y se comprometa con las expectativas actuales de sectores y organizaciones campesinos indígenas. Por ejemplo, podría estudiar más las prácticas del agro negocio, considerado lo contrario a la producción campesina; se necesita saber más sobre la forma como funciona, cómo se expande, etc. En Brasil, el Movimiento Sin Tierra (MST) tiene experiencias en marcha promoviendo formación de profesionales, con acreditación formal y en coordinación con universidades estatales. La orientación de estos programas es "conocer mejor al enemigo", por lo que trata de entender, decodificar, más allá de prejuicios y consignas, en qué consiste en agro negocio, por ejemplo.

Crisis y autocrítica

En general, en los países de la región las ONG, particularmente las que intervienen en ámbitos del desarrollo rural, se mueven en un círculo cerrado, se conocen entre ellas y con las agencias de cooperación, pero no tienen verdaderos puentes y alianzas con otros sujetos, como el Estado, lo que dificulta lograr mayor repercusión de los resultados de investigaciones que podrían tener mayor impacto.

Hay contradicciones entre la lógica de corto plazo de las ONG y la lógica de largo plazo que se necesita para la investigación; se da la misma contradicción entre la intervención ONG, generalmente muy local o temática, frente al ámbito más amplio de las agendas de investigación. Todo esto resulta en el hecho de que la investigación ya no está solamente en el campo de las ONG, ni es tarea prioritaria de éstas, de hecho, hay otros sujetos interesados en la investigación como método para la construcción de conocimientos, y debe volver a ser tarea de las universidades.

Algunos académicos piensan que en Bolivia hay una crisis de investigación, porque faltan fuentes confiables, acumulación de información y directrices claras para que una base de investigación ayude a los potenciales usuarios, a tomar decisiones correctas en políticas públicas y en cualquier tipo de acción pública. Un ejemplo notable son los sucesivos retrasos para la realización, varias veces postergada, de los censos de población y agropecuario y la encuesta de hogares, dos años en el primer caso y cinco en el segundo y el tercero. Al no contar con esta base, las y los investigadores trabajan con fuentes secundarias, muchas veces con datos repetidos y con información obsoleta.

Si las ONG quieren potenciar sus aportes en y con la investigación tendrían que hacer autocrítica de sus procesos y limitaciones, identificar los hitos de su propia historia que les hicieron tomar determinadas decisiones y, fundamentalmente, reconocer y enfrentar sus necesidades de formación para realizar investigaciones de calidad y con posibilidades de influencia en la sociedad.

En resumen, retomando la reflexión del ecuatoriano Francisco Hidalgo (SIPAE), los principales desafíos incluyen "potenciar centros de investigación en la universidad estatal pública, la formación de los/as jóvenes investigadores/as, la investigación participativa y los roles de los movimientos sociales y redes de sociedad civil y el intercambio regional de experiencias, alianzas y redes.

* Lawrence Morroni

El presente artículo toca los problemas de la tierra y del ejercicio de los derechos campesinos indígenas en Paraguay, que son estructurales y preceden largamente a la crisis de gobierno que encara actualmente el hermano país. El IPDRS considera que el análisis es oportuno para comprender lo que viene ocurriendo en Paraguay y las limitaciones de los procesos que sigan. Por ello, insistimos en que el principal motivo de la crisis política y de las permanentes tensiones en ese país se origina en la inequitativa distribución de la tierra y los recursos que en ella se encuentran. Lawrence Morroni presenta en esta versión número 83 de la serie de artículos Diálogos la perspectiva de una aguda y sensible mirada, la mirada de un extranjero que se comprometió con el pueblo paraguayo.

"Nada ha cambiado, son las mismas promesas de años atrás, solo que ahora hay muchos mas demagogos y también banderas de otro color. Se concentran, hablan, se dirigen al pueblo campesino con tono doctoral y hasta a veces ensayan un guaraní o yopará mal hablado. Nadie ensaya una verdadera revolución, en donde haya más hospitales o atiendan como tienen que atender, como se debe, a nuestro pueblo que crece en la desazón sin planificación alguna". Santiago Leguizamón, 1991.

De pura casualidad, como muchas veces suelen pasar las cosas en la vida, empecé a trabajar con comunidades campesinas e indígenas en el Paraguay. Mis maestros de iniciación fueron Tomas y Sebastián Palau, quienes me sugirieron y apoyaron con el tema de la producción y comercialización campesina para mi tesis de maestría. Después de unos años trabajando con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) italianas y paraguayas, se abrió la oportunidad de colaborar con el Gobierno del entonces Presidente Fernando Lugo y su Programa de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Este artículo es una breve reflexión sobre la cuestión agraria en el Paraguay.

La tierra es una clave fundamental

Como ya escribió Tomas Palau en su articulo "El desarrollo rural en el Paraguay. Detalles de una deuda anunciada", publicado en el boletín Apuntes de este mismo portal, (Dialogos 20, 31 Agosto 2009), el Paraguay es uno de los países con mayor concentración de tierra en el mundo, resultado de su herencia histórica de la colonia española, los gobiernos posteriores a la Guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, entre 1864 y 1879) y de la larga dictadura de Stroessner (de 1954 a 1989).

La concentración de la tierra aumentó en los últimos veinte años, según una comparación del censo agropecuario del año 2008 con el anterior censo del 1991, gracias a la fuerte penetración de la producción de soja y un aumento de la inversión en la ganadería. Estos eventos, alentados por una percepción racista, también heredada de los europeos y sus descendientes, hacia los campesinos e indígenas, resultan en una cada vez mayor pobreza, marginación y expulsión de las y los pobladores rurales hacia las ciudades paraguayas y extranjeras.

La respuesta a los problemas de concentración de la tierra y a la pobreza rural ha sido diversa según los diferentes actores involucrados. Durante los 60 años continuos de gobierno del Partido Colorado (1947-2008), el Estado benefició con sus políticas generalmente a los sectores de productores agropecuarios medianos y grandes. Incluso cuando eran programas explícitamente a favor de campesinos e indígenas (como la reforma agraria durante la dictadura del General Alfredo Stroessner), los recursos fueron repartidos entre políticos, militares, empresarios, correligionarios y extranjeros. Fueron miembros de la sociedad civil, incluyendo una parte de la Iglesia, los sindicatos, las ONG y las mismas organizaciones campesinas e indígenas quienes apoyaron a la población rural, reivindicando sus derechos, denunciando los abusos e impulsando proyectos comunitarios.

Esperanzas y desencantos

Con Fernando Lugo, que asumió la Presidencia en agosto del año 2008, y cuyo mandato debía termina en agosto del próximo año 2013, muchos referentes de la sociedad civil pasaron a ocupar diferentes cargos públicos, -ministros, viceministros, direcciones, asesorías y consultorías- en las instituciones que se dedican directa o indirectamente a la cuestión rural: el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), la Secretaria de Acción Social (SAS), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, entre otros.

Esta masiva incursión de progresistas en el Estado, además del propio discurso del ahora ex Presidente, que anunciaba la reforma agraria como primera prioridad de su Gobierno, generó, naturalmente, una gran expectativa que, con el tiempo y vistos los escasos resultados, se volvió una gran decepción. El año 2009 Palau decía en el artículo mencionado líneas arriba: "Habiéndose cumplido un año de gestión, los resultados son desalentadores; no sólo no se logró avanzar en prácticamente nada, sino que en declaraciones recientes, el propio Presidente dijo que no podrían esperarse resultados en materia de reforma agraria sino hasta el 2023".

Casi tres años después de ese análisis, y aun con algunos avances en las compras de tierras para comunidades indígenas y campesinas, el veredicto sigue igual: las políticas agrarias del Gobierno Lugo se limitaron a mensajes populistas y parches asistencialistas o a la mera compra de tierras.

Pelando la cebolla

No es una casualidad que el detonante del procedimiento constitucional que destituyó a Fernando Lugo, aplicado apresuradamente por el Congreso, haya sido, precisamente, la represión a una toma de tierras, que cobró las vidas de 17 ciudadanos campesinos paraguayos. No es un lugar común ratificar que se trata de un problema complejo y estructural que está carcomiendo las bases de la democracia en el país, por ello, el análisis debe ser ecuánime y cuidadoso.

En primer lugar, evidentemente hay que ser realistas y poner en su contexto objetivo los pobres resultados de la gestión Lugo, así como la entendible frustración que están generando. Mas allá de los sueños y las esperanzas, es impensable que ni el pasado, ni, probablemente el actual y recientemente instalado Gobierno del Vicepresidente Franco, quizá tampoco el próximo que sea elegido en las futuras elecciones, puedan revertir una centenaria estructura social y mental fundiaria, en un solo período de cinco años y, sobre todo, después de seis décadas de un proceso prácticamente ininterrumpido de estancamiento político y sus consecuentes secuelas en los ámbitos intelectual, cultural y moral.

En segundo lugar, como se mencionó líneas arriba, la mayoría de las personas que formaron parte del gobierno de Lugo, empezando por el mismo Presidente, no tenían experiencia anterior de política formal, lo que implicaba destinar un tiempo necesario para el aprendizaje. Hay que conceder también, lastimosamente, que algunas de estas personas no resultaron ser políticamente ni moralmente lo que se esperaba. Tampoco ayudó que el Parlamento estuviera en manos de la oposición del tradicional Partido Colorado ni que el aliado Partido Liberal haya actuado muchas veces como si fuera parte de la oposición, lo que implicó, en los hechos, que el Gobierno contó con pocos parlamentarios a favor para apoyar sus políticas y programas sociales.

Por otro lado, en cuanto cabe a la responsabilidad del Poder Ejecutivo, los escasos avances en materia agraria en el conjunto del cuerpo normativo del país, desde hace décadas, son resultado de un proceso de formulación y de ejecución de las políticas y los programas poco transparente y poco participativo.

Sin embargo, uno de los grandes desafíos para un gobierno democrático y progresista que quisiera priorizar las políticas sociales y mejorar las condiciones de vida de la población, debería ser dar mayor espacio y participación -real y no simbólica- en la discusión y programación de las políticas a los beneficiarios, no solo a los dirigentes si no también a las bases, incluyendo especialmente a las mujeres y los jóvenes.

La participación no solo es una necesidad en el ámbito público en general y de cualquier Gobierno en específico, si se declarara a favor de necesarios cambios sociales y económicos, sino también en los ambientes progresistas. Una rápida mirada a los referentes de la sociedad civil da cuenta de que se trata de las mismas personas de hace diez, veinte o más años atrás. Sin restar valor al aporte histórico y su experiencia, resulta difícil creer que no pueda haber mayor participación y renovación del liderazgo también en la sociedad civil, para inyectar nueva sangre y nuevas ideas en los debates sociales y el ámbito agrario en particular.

De todos modos y a pesar de los innumerables obstáculos existentes, los ensayos que el Gobierno Lugo y la sociedad civil estuvieron poniendo en práctica, podrían considerarse como una primera aproximación a un tema tan complejo e indispensable como es la reforma agraria en el Paraguay. ¿Qué depara el futuro inmediato a estos procesos? Solo el tiempo lo dirá.

*  Licenciado en relaciones internacionales por la Universidad de Toronto, Canadá y master en Cooperación y desarrollo de la Universidad de Pavia, Italia. Trabajó en Paraguay durante varios años, como asesor en el Vice Ministerio de Agricultura. Actualmente reside y trabaja en Canadá.

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.

* Oscar Bazoberry Chali

En el IPDRS planificamos redactar este número de la serie Diálogos sobre la seguridad y soberanía alimentaria, tema central del 42 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Desde nuestra perspectiva está claro que es un tema de interés para el desarrollo rural y no solamente un asunto de abastecimiento, como se lo suele enfocar. Pero, ante los resultados, preferimos dedicar este artículo en tres aspectos de la integración regional y de las instituciones que, se supone, deberían impulsarla.

En verdad, hubo mucho ruido preparatorio, y muchos fuegos artificiales durante el evento, pero, finalmente, la Declaración sobre Seguridad alimentaria con soberanía en las Américas emanada de la OEA evitó la referencia de los actores y sujetos concretos que la promovieron, por ejemplo de los campesinos indígenas, y diluyó la definición de agricultura familiar y de la pequeña producción a unas cuantas consideraciones generales. Finalmente, el contenido de la Declaración resultó insuficiente y perdió su valor agregado, tomando en cuenta el país, el gobierno y el entorno político en que fue preparada.

Sin embargo no tenemos una visión completamente negativa, por lo menos el tema se puso en agenda y algo quedará dentro del mar de declaraciones, intereses, interpretaciones, gestos, rituales, folclore, fotografías, colores y sabores, cuya combinación es difícil imaginar cuando se alternan y conviven en un mismo espacio y tiempo. Cochabamba, la ciudad anfitriona, estaba limpia y adornada, más que otras veces, se pulieron algunos lugares públicos, y la llegada de los visitantes también dejó algunos beneficios a la población local.

Pero lo que llamó mi atención, me quedó dando vueltas y quiero compartir en este espacio, son tres temas, más amplios que el episodio de la Asamblea: a) ¿Cuán posible es el cambio dentro de organizaciones como la OEA. b) ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en esos procesos? Y c) ¿Cuánto interés tienen los gobiernos, realmente, en la integración de nuestros países?

Cambia, todo cambia

Debo confesar que estoy en el grupo de personas que piensa que las tensiones entre cancilleres, presidentes y representaciones en los organismos multilaterales pueden ser señales de cambio, de que algo se moverá. No pongo en duda la importancia de la institucionalidad regional y global, ya que la humanidad aprendió, luego de la Segunda Guerra Mundial, que esas instancias pueden ser imprescindibles para la convivencia de las naciones, para establecer parámetros mínimos de desarrollo y para universalizar y proteger derechos. También, sin embargo, debemos aceptar que, en muchos casos y en muchos aspectos, el mundo se ha movido más rápido que las instituciones y cabe preguntarse si necesitan ajustes, dar paso a nuevas iniciativas, refundarse y ¿por qué no? desaparecer.

Si cambia la correlación en el orden mundial, si se presentan nuevos temas, problemáticas y enfoques, ¿no deberían cambiar las instituciones? ¿En qué medida? Vemos habitualmente que se crean nuevos organismos multilaterales, unos más formalizados que otros, con diversos argumentos territoriales, políticos y temáticos. A veces incluso unos confrontados con otros, algunos superpuestos y también los hay complementarios. Así se acumulan comisiones, grupos de trabajo, asambleas, cumbres y embajadores, entre otras formas y expresiones.

Pienso que nos iría mejor si los gobiernos tomaran decisiones con un análisis del conjunto, si hubiera menos organismos, si los cambios fueran más rápidos y las agendas más restringidas según el tipo de organización y, por tanto, con mayor posibilidad de seguimiento y capacidad operativa. Por ejemplo, para el enfoque de seguridad con soberanía alimentaria, basada en la sostenibilidad de los sistemas productivos y su aporte a la equidad, disminución de pobreza y fortaleza cultural, la organización más apropiada en la región es la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) porque simplemente cada día tenemos mayores influencias en nuestros sistemas productivos y alimentarios y una dispersión de acciones multilaterales que no nos permite ver la dimensión del problema, sus posibilidades, la tendencia hegemónica de algunos sectores y los problemas regionales que vamos acumulando.

Siendo realistas, para que exista un cambio de orientación y reasignación de responsabilidades, algunas organizaciones existentes tendrán que deslindarse del tema o transferirlo a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o al Mercado Común del Sur (Mercorsur); mientras que otras podrían subsumirse en una nueva instancia como el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) y algunas, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) encontrar una mayor correspondencia entre el orden político regional y su mandato técnico.

Vista la complejidad, nuevamente me pregunto, ¿cuán posible es el cambio? ¿Quién o quiénes serán el motor del cambio?

Rol de la sociedad civil

No cabe duda que la voz de la sociedad civil en los organismos multilaterales se ha ido escuchando de distintas maneras, hay mecanismos formales de consulta, otros menos formales pero igualmente importantes y se da una cada vez más amplia participación en eventos masivos, paralelos o alternativos a las convocatorias de representación estatal, para lo cual muchas organizaciones debaten, presentan documentos, preparan propuestas, hacen seguimiento y mantienen un buen flujo de información.

Eventualmente, en las fases previas algunos gobiernos incentivan, informan y promueven espacios de intercambio, incluso con la participación de distintos sectores de la sociedad civil en los eventos oficiales, y apoyan demostraciones públicas donde pueden transmitir sus opiniones, declaraciones y adhesiones.

Las plataformas conformadas por instituciones no gubernamentales y organizaciones de base proponen agendas, toman posición y reivindican un mayor protagonismo en temas especializados y específicamente definidos, como ocurrió recientemente en Cochabamba con el de seguridad y soberanía alimentaria. Hay otras instancias que, con mayor disimulo, actúan bajo la sombra y extienden la capacidad de influencia que tienen en algún gobierno concreto hacia el conjunto de la organización.

Dentro de ese amplio abanico de participantes y de formas de participación, unos cuantos pueden reivindicar algún éxito, pero, en general, los resultados son decepcionantes, por lo menos si se los compara con las expectativas generadas. Llegado a este punto, debemos preguntarnos si las expectativas están mal planteadas o, en la práctica, no se han afinado los mecanismos de incidencia o la voz de la sociedad civil no tiene cabida en estos espacios sino, tal como plantean los reglamentos, a través de sus representantes oficiales, que son los gobiernos.

Ciertamente, quienes creemos en la importancia de las instituciones multilaterales y mantenemos las expectativas de que cumplan un rol importante en procesos de equidad, lucha contra la pobreza y en la integración regional, estamos en la obligación de realizar un análisis crítico a los mecanismos que se están volviendo tradicionales en la movilización de la sociedad civil global.

Ahora mismo, en pleno RÍO +20 el activismo mundial es esperanzador, tanto que casi retiro mi pregunta, pero decidí mantenerla porque sabemos que esto pasará y, entonces, habrá un nuevo mega evento, y luego otro...

¿Qué papel debemos y queremos tener, más allá del que nos asignan los actores gubernamentales y la diplomacia multilateral?

Interés de verdad

Bajo el supuesto de que los gobiernos sostienen a organismos multilaterales porque tienen como objetivo mayor lograr grados de integración y de universalidad positiva, no podemos menos que sorprendernos ante la dispersión en el debate, el localismo de la cobertura de prensa y la fugacidad de los acontecimientos alrededor de cada evento de éstos, llámese conferencia, asamblea, encuentro o cumbre.

El actual contexto económico de los países de Sudamérica muestra abundancia de recursos en las arcas de los gobiernos y "oportunidades de inversión" en la región, lo cual quiere decir, en términos simples y directos, que hay mercados crecientes y altos precios para las materias primas, especialidad en la producción de los países sudamericanos, que ahora aparecen más atractivos para las inversiones en comparación con otras regiones del mundo.

No está demás señalar que algunos países han ganado cierta independencia económica y política, lo que influye en una innegable modificación de los objetivos de la multilateralidad, que en un período anterior tenía un rostro principalmente relacionado a las acciones de desarrollo.

En la ecuación de gobiernos con más dinero y posibilidad de retomar el control sobre aspectos esenciales en la gestión económica y social de sus países, con perfiles y ambiciones cada vez más audaces mirando y asumiendo posiciones en el mundo global, el multilateralismo se está transformando.

Indicativamente, algunas pistas señalan que gran parte de la cooperación internacional para el desarrollo pasará por los organismos en un marco cada vez más evidentemente relacionado con el clima de inversión y la apertura de mercados; el mundo, se dice, necesita un respiro a su crisis económica y nuestros países todavía tienen algo de aire. Por ello, países y gobiernos más fuertes en la región aprovecharán la oportunidad para internacionalizarse, globalizarse y tomar una posición aventajada en la economía del mundo. No por ello, la discusión dejará de concentrarse en las características y los grados de articulación, hegemonía y supeditación de unos países sobre otros, y de unas regiones sobre otras.

En el contexto prefigurado no parece que las características de una nueva multilateralidad vayan a avanzar en términos de integración, sino más bien tenderán a moverse hacia acuerdos comerciales, energéticos, transporte y otros aspectos vinculados con la reconfiguración del orden económico en la región y su relación con el mundo.

Sin embargo, no hay que olvidar que hay aspectos de la vida, del desarrollo y de las libertades humanas que transcienden fronteras, como ocurre con seguridad y soberanía alimentaria, la sostenibilidad ambiental y los derechos humanos, sociales y políticos, cuyos contenidos se deben introducir en los reajustes naturales (por los cambios de contexto) y necesarios (por nuevas oportunidades, amenazas y expectativas) de una multilateralidad tendiente a la integración en aspectos sustancialmente políticos con una visión de corto, mediano y largo plazo.

En este campo, los movimientos sociales y las Organizaciones no Gubernamentales, entre otros agente, tienen un rol importante, y los Estados y sus representantes tienen una responsabilidad indelegable, por eso es urgente provocar reflexiones que nos saquen del activismo y la inercia de seguir las mismas consignas de siempre. No debemos perder de vista que es prudente y necesario apuntalar y pedir cuentas a nuestros gobiernos, que muchas veces se escudan en el orden mundial, para justificar sus limitaciones y contradicciones en la atención de los problemas que atingen a su población y, al mismo tiempo, apuntalar y pedir cuentas a los organismos multilaterales que efectivamente logran un grado de influencia, aunque sea por simple indiferencia, evitando en los dos ámbitos que la participación de múltiples actores así como sus espacios de relacionamiento, creativos aunque dispersos, terminen diluyendo las responsabilidades y disipando los propósitos.

* Sociólogo, experto en desarrollo rural. Dirige el IPDRS y es coordinador de la maestría de desarrollo rural del  programa de post grado CIDES - UMSA en La Paz, Bolivia.