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ELIZABETH VARGAS SOLÁ

Domingo, 17 Septiembre 2017

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La Asociación Indígena Lafkenche de Penco presentará este viernes un recurso de protección amparado por los alcaldes de Penco y Tomé porque durante la tramitación del proyecto del terminal marítimo -en 2015-, el SEA había resuelto proceder a un proceso de consulta indígena. (Esto según todos los parámetros del código 169), pero finalmente el mes pasado aquel criterio fue modificado y resuelto en suspender la consulta indígena porque lo que opinaba ahora el servicio de evaluación era que el proyecto no tenía ningún impacto significativo a la comunidad indígena, sin dejarle la posibilidad de expresar su opiniones.

Álvaro Toro, abogado defensor del caso, señaló a El Ciudadano que “en el cambio de criterio entre diciembre del 2015 y ahora junio del 2016 el único antecedente nuevo son una cantidad importante de informes que entregó el titular del proyecto (BiobioGenera), el cual ingresó varios informes elaborados por profesionales pagados por la misma empresa en donde reconocieron que se habían equivocado en su primer informe y ahora se dieron cuenta, por el espíritu santo, que no se producía ningún impacto. 

Desde hace casi una década, los vecinos de Putaendo comenzaron a organizarse con la intención de defender sus recursos y proteger el territorio de la amenaza extractivista que se ha impuesto a diversas comunidades de Chile.

En la disputa, la Asamblea Popular de Putaendo ha liderado el proceso de resistencia en contra de la mega-minera Andes Copper, de capitales canadienses, además de la apropiación indebida del agua por parte de latifundistas de la zona.

En el empoderamiento de la comunidad, el dirigente social Luis Manzano -quien recientemente fuedestacado por la Comisión Ética Contra la Tortura– ha jugado un rol fundamental. Primero, exigiendo que se democratice el acceso al agua, ya que actualmente funciona una Junta de Vigilancia compuesta por cuatro empresarios -dueños de la mayoría de las acciones sobre el agua-, quienes se encargan de repartir el recurso entre los habitantes del pueblo.

La resolución para el proyecto Octopus finalmente fue aprobada de una forma unánime (10 votos a favor, 2 abstenciones que no se presentaron), hecho que despertó el malestar de los habitantes de la zona y las coordinadoras opositoras a la iniciativa, quienes han indicado que no bajarán los brazos y que recurrirán a todas las instancias legales para revocar dicha aprobación.

Desde la Coordinadora por la Defensa de Los Territorios del Bío Bío, Álvaro Fuentes, comentó a El Ciudadano que su organización trabaja en conjunto a la Coordinadora Penco-Lirquén, por lo que se encontraban al tanto de todo lo que podría ocurrir, señalando también que el tema afecta directamente a toda la octava región, puesto que se está sacrificando la zona, declarándola incluso como una “zona de saqueo”.

El Servicio de Evaluación Ambiental realizará durante este martes la votación del proyecto de gas naturalOctupus, que además prevé la construcción de un terminal gasífero frente a las costas de Lirquén.

Hasta ahora, detractores de la iniciativa y organizaciones sociales de la zona han dejado claro su rechazo a la propuesta de la empresa Bío Bío Genera y del impacto que tendrá sobre la vida de las comunidades.

El proyecto cuenta con la recomendación favorable del Estudio de Impacto Ambiental, aunque incluso el alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, se ha manifestado entre los opositores a Octupus. La votación, en tanto, se realizará durante este martes, a las 15 horas, en la Intendencia del Bío Bío.

El Tercer Tribunal Ambiental, con competencia desde la Región del Biobío y hasta Magallanes y Antártica Chilena, AUTORIZÓ, por 15 días, una medida provisional de detención de funcionamiento de las instalaciones del taller de redes de la Lorena Alarcón Rojas, ubicada en la Región de Los Lagos, comuna de Puerto Montt, debido a un daño inminente al medio ambiente, la salud de las personas, y el patrimonio cultural, provocado por la descarga de RILES al margen de lo permitido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La autorización se emitió en respuesta a una solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que denunció la afectación o contaminación al estero Chinchihuapi ubicado en el sector de la Pirámide, Trapén, por su cercanía al mundialmente conocido sitio arqueológico Monteverde, declarado Monumento Histórico el año 2008.