Según publica la Multisectorial “la disposición fue aplicada en el marco de un recurso de amparo presentado el 29 de noviembre de 2018 en los Tribunales de San Jorge, tras un reclamo de la familia de Zoe Giraudo, una niña de dos años que se encuentra en tratamiento oncológico como consecuencia de estar expuesta a las fumigaciones con agrotóxicos”. Agregan que esta es la primera acción judicial en la provincia que impone esa distancia para proteger a toda una población de las aplicaciones terrestres; “la medida prohíbe la aspersión de todo tipo de agrotóxicos y obliga al municipio, en consecuencia, a legislar y controlar” concluyen.

En Paraguay la legislación establece un mínimo de 100 metros de distancia entre el área de aplicación de agrotóxicos y cualquier sitio de concurrencia pública, esto se extiende a 200 metros en el caso de fumigaciones aéreas. Aún siendo una distancia mínima esta disposición no es respetada por los grandes productores de soja que aplican masivamente glifosato, y otros venenos nocivos para la salud y el ambiente, sin respetar las distancias ni las barreras de protección.

Las violaciones a la Ley Ley 3742 “De control de productos fitosanitarios de uso agrícola” por parte de los grandes productores de soja transgénica resulta evidente y es uno de los principales delitos ambientales en el país según denunció la Alianza por el Cumplimiento Local de Leyes Ambientales. Un estudio elaborado por la Alianza también mostró que en 14 distritos de la Región Oriental existen al menos 101 escuelas rurales identificadas con cultivos intensivos colindantes, 50 de ellas (50%) se encuentran en un radio inferior a 100 metros de los cultivos, en abierta violación a la Ley y poniendo en ries

Así también, en 2019, Ruth Tiffer Sotomayor, especialista ambiental sénior del Banco Mundial, señaló que esta situación es alarmante y que ella misma pudo constatar el hecho en su recorrido por diversos puntos del país.