Colombia es un país históricamente agrario y es preciso profundizar el conocimiento sobre su marco normativo y las políticas públicas sobre tierras. Para esto entrevistamos al sociólogo colombiano Omar Rojas Bravo (vea su perfil en la sección ruralsitas), quien elaboró dos documentos técnicos para la plataforma del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio, los mismos ya se encuentran disponibles en el sitio web www.porlatierra.org.
Los documentos técnicos titulan: Situación de tierras en Colombia: marco normativo y Situación de tierras en Colombia: Políticas públicas de tierras y los pueden descargar en formato PDF.
A continuación la entrevista al investigador colombiano quien comparte importantes reflexiones sobre el contexto colombiano respecto al acceso a la tierra, las principales demandas y reivindicaciones, la Ley 160 , las políticas públicas de distribución de la propiedad rural, los sistemas de información referente a distribución de la propiedad rural y un tema muy actual como es la Cumbre Agraria.
¿Cuáles son las principales demandas y reivindicaciones de acceso a la tierra de las poblaciones rurales de Colombia?
En Colombia la demanda de acceso sobre la propiedad rural es compleja en tanto que nunca ha existido en el país una política de reforma agraria y/o un aparato estatal que promocionará y desarrollará un proceso de distribución equitativa de la propiedad rural, asegurando o dando garantías de un acceso justo a la tierra por parte de las diversas organizaciones que componen la ruralidad del país.
Ese escenario de muchos años de historia nacional donde se ha dado un proceso de acceso desigual e injusto a la tierra, que en cifras actuales significa que el 77% de la tierra en Colombia esta en manos del 13% total de propietarios (Semana, 2012) y que en los últimos cincuenta años en el país se viene usado la violencia (despojo, amenaza y abandono de tierras) como una medida de acaparamiento ilegal de la propiedad rural, han hecho que históricamente y de manera actual, haya existido y aún exista, una demanda constante por la tierra por parte de un grupo heterogéneo de actores que componen la ruralidad del país.
Entre los distintos demandantes actuales de tierras, encontramos diferentes grupos como:
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Campesinos y afros, que nunca han podido acceder a la tierra y que demandan asignación de tierras baldías o redistribución de grandes propiedades, explotadas o no de tierras.
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Alrededor de cinco millones de personas, 17% total de la población, que en los últimos veinte años ha perdido el acceso a la tierra, bien por que fueron despojados de su propiedad o por que se vieron obligados abandonar sus predios por las constantes amenazas recibidas por parte de distintos grupos armados: paramilitares, narcotraficantes, guerrilla, delincuencia y en algunos casos inclusive por parte del ejercito nacional,
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Comunidades indígenas y afros que demandan acceso a más tierra y de mejor calidad, tierra cultivable.
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Comunidades campesinas que proponen nuevos conceptos de tenencia de la tierra como lo son las zonas de reserva campesina.
Al igual, las formas de demanda de acceso a la tierra son diversas en el país, encontrando solicitudes asignación o compra de: tierra a título de propiedad individual, familiar, colectiva, resguardos indígenas, afro y zonas de reserva campesina.
Adicionalmente en el acceso a la propiedad rural están los capitales privados nacionales y extranjeros que bajo la ley 160 de 1994, que es la ley vigente en materia de tierras en Colombia, y cuya eje central es dar apertura a un mercado de tierras en el país, encuentran en algunos fundamentos de la ley, al igual que en los vacíos de la misma, oportunidades también para demandar y acceder a la tierra.
Dentro de éste escenario y bajo los lineamientos y vacíos de la ley 160 de 1994, campesinos sin tierras, indígenas y afros entra en una competencia por acceder a la tierra en Colombia, en algunos casos entre si, y la mayoría de veces con la inversión privada y de grandes capitales financieros nacionales e internacionales.
Es así como dentro de éste panorama complejo de demanda por el acceso a la tierra, las reivindicaciones de acceso por parte de campesinos, indígenas y afros, como se puede evidenciar en los casos sistematizados dentro del Movimiento por la Tierra, se han dado sobre todo por la solidaridad y apoyo que se brindan las mismas comunidades.
Es decir que en materia de acceso a la tierra en Colombia la reivindicación primordial que existe pasa sobre todo por el auto-reconocimiento de las mismas comunidades y por el apoyo y solidaridad que se brindan.
En ese sentido, la organización orgánica en las distintas zonas rurales del país ha demostrado una capacidad de resilencia y solidaridad en si mismas, lo que ha significado que la demanda y acceso a la tierra sea posible. Es decir que en el país parece más significativa las relaciones entre los distintos actores de la sociedad civil para apoyar y acompañar los proceso de demanda y acceso a la tierra, que el papel del Estado en asegurar la satisfacción de los derechos de acceso a la tierra por parte de las diferentes comunidades rurales.
Ahora bien desde las reivindicaciones del Estado hacia los demandantes de tierras en Colombia han habido ejercicios significativos y simbólicos de restitución de tierras dentro del marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Sin embargo por las dimensiones de la situación de despojo y abandono de tierras que vive el país las reparaciones colectivas e individuales hechas hasta el momento, dentro del marco de la ley, no ha logrado tener resultados masivos como los que necesita el país en su coyuntura actual. Es decir el Estado hasta el momento no ha tenido la capacidad de atender y reparar a las víctimas de manera integral, rápida y general, brindándoles garantías de permanencia y seguridad sobre la propiedad rural.
Finalmente es importante mencionar que sigue existiendo vacíos jurídicos y administrativos, dentro de la ley 160, como en la ley de víctimas y restitución de tierras, que lleven a pensar que en Colombia se pueda dar un procesos de acceso equitativo y justo a la tierra por parte de todos los actores que componen la ruralidad del país.
¿Cuáles es el balance sobre la situación de acceso a tierra y el marco normativo implementado en el último tiempo en Colombia?
El balance en Colombia sobre la situación de acceso a la tierra sigue siendo de concentración de la propiedad rural en pocos propietarios, cómo se pudo evidenciar en la cifra de la primera pregunta.
Colombia tiene uno de los índices más altos de distribución desigual en el mundo. En América Latina es el segundo país con el indicador de GINI de tierras más desigual, después de Paraguay.Esto situación de inequidad es difícilmente superable, bajo las condiciones actuales del país, donde existe un vacío en la información catastral de predios y propietarios del 60%.
Esta desinformación catastral permite que se continúe dando la concentración de la tierra, pues le Estado al no contar con una panorama real sobre las dimensiones de la concentración de la propiedad rural en el país, no puede ejercer control para delimitar la cantidad de tierra que poseen el 13% de grandes propietarios de predios en el Colombia, a pesar que desde lo normativo, la ley 160 de 1994 contempla unos topes máximos de tierra que un propietario puede tener. Dicha regulación normativo se denomina dentro de la ley como las Unidades Agrícolas Familiares. Los límites que plantean las UAF varían según las condiciones de las distintas regiones del país, es decir no existe una Unidad única del total de extensión permitida en Colombia por propietario. Entonces el país al no conocer la cantidad de tierra que tienen los distintos propietarios hace inaplicable medidas como las planteadas por la UAF.
En ese sentido una primera necesidad del Estado para poder comprender y abordar la situación de desigual distribución de la propiedad rural, es la de actualizar la información catastral de propietarios y propiedad del país para conocer las dimensiones reales sobre el fenómeno de concentración de tierras, y en base a ésta información reformular y dotar a la política de tierras, con los elementos operativos, políticos e institucionales necesarios, que permitan llevar acabo una redistribución de la propiedad rural, cambiando de manera efectiva y en beneficio de la nación en general, la estructura de tenencia de la tierra actual del país.
¿Cuál es el panorama general de las leyes existentes y vigentes de acceso a la tierra y a que grupos beneficia?
El abordaje sobre la demanda y acceso a la tierra en Colombia a partir de le ley 160 de 1994 se plantea bajo una lógica de mercado de tierras y productividad. La ley contempla que el rol de Estado para facilitar el acceso a la tierra por parte de “los trabajadores agrarios” (Congreso de la República, 1994) es de dar créditos o subsidios para la adquisición de tierra.
Es decir que el Estado dentro de la ley vigente no cuenta con elementos para hacer una redistribución equitativa de la tierra y modificar la estructura de distribución desigual sobre la propiedad rural, sino que bajo la figura de un mercado de tierras, el Estado fomenta el acceso a la tierra por parte “hombres y mujeres campesinos de escasos recursos (..) promovidos por ellos mismos a través de crédito y subsidio directo.” (Congreso de la República, 1994)
Ésta lógica de la ley, cuya realidad que aborda es de una inequitativa distribución de la propiedad rural, un catastro desactualizado en un 60%, permite o facilita la compra, explotación y acaparamiento tierras en Colombia por parte de capitales nacionales, internacionales y grandes terratenientes.
Es decir que con la ley vigente de tierras en Colombia, cada vez más se promociona y se faculta que la tierra se vista y comprendida como un elemento netamente económico y financiero y no como la realización de un derecho para los Colombianos.
En conclusión dentro de lo que propone el marco de ley 160 de 1994 en su esencia general, no se ve una posibilidad real para modificar la estructura de la tenencia de la tierra actual, lo que plantea la continuidad a los conflictos por acceder a la tierra.
Sobre la concentración de tierras ¿Cuáles son las tareas pendientes en Colombia?
Las tareas pendientes del Estado para plantear un escenario de distribución equitativa de tierra en el país son
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Actualizar el registro catastral sobre propiedades y propietarios
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Mejorar el sistema administrativo de catastro y registro
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Diseñar una política operativa que modifique la estructura actual de tenencia inequitativa de la tierra
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Proteger los derechos de los colombianos por acceder a la tierra
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Entender, proteger y fomentar las lógicas de producción de los grupos rurales, como por ejemplo la economía campesina.
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Generar políticas para reactivar las economías regionales en base a la producción local.
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Plantear un ordenamiento territorial armónico entre los recursos naturales y los usos y vocación de los suelos.
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Reconocer las formas organizativas regionales y brindarles espacios reales de participación (Por ejemplo las zonas de reservas campesinas)
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Ordenar de manera equitativa y justa el territorio de manera que se supere el conflicto por la tierra que vive el país.
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Ampliar las zonas de reservas indígenas asignándoles porciones de tierras cultivables
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Valorar la riqueza que hay en promover políticas de conservación ambiental, especialmente en zonas de alto valor en recursos naturales como el agua y en zonas con una alta biodiversidad como propuesta de desarrollo diferente a la actual de explotación minero-energética poco controlada.
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Contar con sistemas de financiamiento y ahorro para todo tipo de productores, incentivando el crecimiento económico del país.
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Promover la tenencia legal de tierras por medio de títulos de propiedad rural.
¿Cuáles, en tu criterio, son las similitudes y diferencias en cuanto a lo que acontece en Colombia en relación a los otros países respecto a la problemática de la tierra?
Una de las diferencias de Colombia frente a los otros países Sudamericanos en materia de acceso y distribución de la propiedad rural es que su historia nacional ha estado permeada por constantes hechos de desigualdad de acceso a la tierra ligado con procesos de violencia sistemática para el acaparamiento de tierra.
Otra gran diferencia de la situación de Colombia frente a otros países de la región es que éste nunca a vivido un proceso de reforma agraria de corte redistributivo que modifique la estructura de la tenencia de la tierra.
Frente a las similitudes con otros países de la región se considera que el Estado Colombia asemeja su forma de abordaje del acceso a la tierra en algunas acciones a como lo hacen los países Sudamericanos de Chile, Paraguay y Perú.
Se considera que en parte ésta situación es así porque éstos países comparten una lógica de desarrollo económico similar basada en la apertura económica, libre mercado e el incentivo para lograr la inversión extranjera.
Dentro de ese escenario la situación de Paraguay y Colombia es mucho más similar, que la situación de Colombia con Perú y Chile, por que Colombia y Paraguay tienen indicadores similares sobre la inequitativa distribución de la propiedad rural. Es decir que la situación de demanda y acceso a la tierra entre Colombia y Paraguay conllevan situaciones similares, en especial desde el abordaje social y político que se le da al tema.
¿ Cual la situación de las poblaciones indígenas, (minoritaria) en cuanto al acceso a la tierra? Conlleva situaciones y tratamientos diferente a la del campesinado?
El caso de acceso a la tierra por parte de comunidades indígenas en Colombia tiene un trato diferente desde lo normativo y jurídico, con respecto a las formas de acceso a la tierra por parte de campesinos.
Para las distintas comunidades indígenas el gobierno nacional hace un reconocimiento sobre títulos de propiedad otorgados desde la época de colonial a ellas y en base a dichas tierras crea las zonas de resguardos indígenas en las cuales a su vez el gobierno reconoce, en la teoría, total autonomía en la administración de dichos tierras por parte de los distintos grupos indígenas.
Bajo ésta figura de resguardos indígenas sin embargo existen varias dificultades políticas y de la administración publica, que han entorpecido y dificultado el acceso real a la tierra por parte de éstas comunidades, al igual que en la administración autónoma sobre las mismas.
Entre algunas de éstas dificultades se encuentra:
La información total sobre los títulos de propiedad otorgados desde la época colonia a las comunidades indígenas reposan en el Archivo Nacional. Para conocer dicha información hay una serie de proceso burocráticos que entorpecen y dificultan el acceso a éstos documentos.
Algunas de las zonas de resguardos indígenas están dentro de las zonas de conservación ambiental definidas dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) lo que hace que las comunidades indígenas no sean totalmente autónomas sobre la administración de sus territorios.
Un porcentaje significativo de tierras circunscritas a los resguardos indígenas, como se mencionó anteriormente, están dentro de las zonas de administración de los POT y/o no son cultivables. Es decir que a los indígenas no se les ha dado un acceso real a tierras de buena calidad, especialmente para la producción de alimentos.
Desde lo administrativo y normativo no es claro los mecanismos por los cuales los indígenas pueden reclamar tierras que por títulos de propiedad son de ellos, pero que en la actualidad han sido comercializados dentro de un mercado de tierras por parte de terceros.
Por la desinformación catastral del gobierno nacional sobre predios rurales y propietarios se han realizado asignación de tierras de resguardos indígenas a otras comunidades presentes y demandantes de tierras en la zona, como por ejemplo a campesinos y afro, lo que ha generado conflicto por la tierra entre éstos distintos actores.
Actualmente existe un clima de descontento en sectores rurales (Cumbre Agraria) por incumplimientos de parte del Gobierno en cuanto a consensos hallados en 2013 con el paro AGRARIO, ¿cuál el panorama general del conflicto, en que se centra, cuales las posturas de los implicados?
El Paro agrario fue la unión de fuerzas de dos movimientos diferentes. Por un lado estuvo la Cumbre Agraria, que es un ejercicio de participación política de indígenas, afro y campesinos que se ha venido consolidando desde algún tiempo atrás, y por el otro lado están las dignidades agropecuarias, de un corte más gremial de productores campesinos.
Para el primer caso de la Cumbre Agraria su proceso ha venido gestándose antes del para Agrario. Es un ejercicio de representación y construcción colectiva donde hay representantes de grupos indígenas, afro y campesinos. Su demanda al Estado, que se consolida bajo una participación política de los grupos anteriormente mencionados, no solo pasa por el acceso a la tierra y las desigualdades económicas, sino que pide y propone una política integral para el abordaje de las problemáticas rurales donde un elemento central es el reconocimiento de éstos grupos como actores políticos y activistas con ideas para el desarrollo rural del país.
En el segundo caso las dignidades campesinas es una organización que emerge casi de manera simultanea con el paro y su surgimiento responde, más a los problemas del deterioro de las economías campesinas por la entrada en vigor de varios Tratados de Libre Comercio que el país sometió con otros países y regiones del mundo. Su demanda es más en un sentido económico por buscar en el Estado medidas de protección y apoyo a la producción nacional campesina.
Para el primer caso el Estado nacional creo como resultado del paro una mesa de diálogo con la Cumbre Agraria con el fin de escuchar y articular sus propuestas con las políticas nacionales. Esta mesa actualmente ha demostrado parece estar permeada por voluntades e intereses políticos y ha tenido una baja participación de personas técnicas, lo que a limitado la aplicación operativa de los consenso construidos en el ejercicio de la mesa única de diálogo ente el gobierno y los distintos representante de la Cumbre Agraria.
En el segundo caso el gobierno como resultado del paro, prometió una serie de medidas y subsidios para disminuir el impacto que han tenido la entra en vigor de algunos Tratados de Libre Comercio sobre la producción agropecuaria nacional.
Se considera que algunas de éstas medidas fueron de corto plazo y no beneficiaron al total de los productores campesinos. De la misma manera no todas las medidas propuestas por parte del gobierno se cumpliera. Por lo anterior sigue existiendo un inconformismo por parte de los campesinos que cada vez con más argumentos, evalúan y piden modificaciones estructurales de sobre los TLC firmados por el gobierno.
Finalmente te pido nos compartas un breve opinión sobre el trabajo que viene desarrollando el Movimiento Regional por la Tierra en toda la región, la importancia de visibilizar la realidad rural mediante la sistematización de casos, el trabajo de articulación de personas y organizaciones, la promoción de la vida rural y el retorno al campo etc.
El Movimiento Regional por la Tierra, como se puede evidenciar en los documentos técnicos al igual que en los casos sistematizados, tiene para Colombia mucha relevancia en tanto que gran parte de la historia del país, especialmente la historia del surgimiento de la guerrilla y los proceso de violencia reproducidos por parte de paramilitares, narcotraficantes, el Estado y la guerrilla, tiene una relación directa con la tierra, su forma de acceso y de explotación.
Éste escenario de inequidad en el desarrollo rural y los fenómenos de violencia del país esta muy bien documentado. Dichas fuentes elaboradas desde distintas disciplinas del conocimiento, demuestran que la demanda y el acceso a la tierra ha sido y es un tema político, económico, histórico y social no resuelto inclusive en éste tiempo en el país.
Por lo anterior el Movimiento por la Tierra con su propuesta de sistematización de casos, la apertura de espacios nacionales y regionales de discusión, la creación de espacios para la participación masiva, la visibilización e incidencia de la problemática de la tierra en distintos niveles y con distintos actores, dan insumos sobre los cuales se puede seguir dando ésta discusión relevante sobre la justicia, el desarrollo y el acceso equitativo de la tierra, por ejemplo inclusive en la coyuntura actual donde en Colombia existe una apuesta casi nacional de buscar una paz dialogada, por la cual se espera se puedan llegar a acuerdos de justicia, de acceso equitativo a la tierra y se reconozca a los distintos actores rurales, indígenas, afro, campesinos, como actores políticamente activos en el país.
De manera especial tiene un valora agregado y diferenciador el hecho que la clave de sistematización de casos sea sobre la premisa de un acceso exitoso a la tierra por parte de indígenas, afro y campesinos.
Este componente de éxito en el acceso a la tierra, denota en una clara intención demostrar que los desarrollos autónomos y diversos que tienen campesinos, indígenas y afros con la tierra, bajo el apoyo y el reconocimiento del Estado y la sociedad civil en su conjunto, pueden beneficiar y ser fuente de desarrollo en general para nuestras naciones.
