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Tras la solicitud de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  para tratar los efectos de la agroindustria y el uso de los transgénicos, organizaciones de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, preparan desde sus espacios los respaldos técnicos y legales pertinentes para dicho encuentro previsto para el inicio del siguiente año.

El 3 de Agosto de 2017 se formalizó el pedido de audiencia ante la CIDH donde la coalición de varias organizaciones, asambleas socioambientales, movimientos campesinos y pueblos originarios de los países ya mencionados procuran evidenciar ante el organismo interamericano, la violación de los derechos humanos a la salud, al agua potable, a la alimentación adecuada, al ambiente sano y al desarrollo de una agricultura ecológica u orgánica, por parte de la agricultura industrial, basada en el uso de paquetes tecnológicos compuestos por organismos genéticamente modificados (OGM) y agrotóxicos.

Para coordinar este trabajo, este jueves se llevó adelante una reunión en el Instituto Para el Desarrollo Rural en Sudamérica (IPDRS), con la participación de representantes de estos grupos que a lo largo de estas dos décadas encaminan una lucha permanente contra el uso de estos productos transgénicos, la preservación de las semillas nativas y de una adecuada y sana alimentación.

“Es necesario que los consumidores no solo hablemos de alimentación,  hay que buscar justicia alimentaria, justica climática. Tenemos que hablar de economía, y del impacto notorio que está generando esta problemática transgénica en los cuatro territorios que firmaos esta solicitud. Por ellos es necesario trabajar en conjunto para fortaleces este trabajo y este proceso que se está encaminando”, establece la activista y nutricionista, Rita Saavedra.

Entre varios argumentos que incluye esta solicitud de audiencia, se establece también la problemática de una exposición directa a los agrotóxicos en las zonas rurales, a través de las pulverizaciones aéreas y terrestres con dichas sustancias químicas cercas de las plantas urbanas y asentamientos poblaciones, comunidades indígenas, campesinas y escuelas rurales. Y una exposición indirecta de toda la población, tanto a los agrotóxicos y OGM, a través del consumo de alimentos con residuos químicos o derivados de cultivos OGM.

“Es lamentable que el campesino recibe todo cuando se trata de regalos, y a  nuestras áreas diferentes empresas y gente llevan gran cantidad de productos y semillas que son transgénicas. Es lamentable que a nuestras regiones también llega semilla de papa y es la razón por la que incluso se están perdiendo las variedades de papa que tenemos”, enfatizó en esta reunión Petrona Alcon, productora agroecológica del municipio de Achocalla en el departamento de La Paz.

Con estos argumentos e intercambio de ideas, se concluyó llevar adelante trabajos de coordinación para emprender este proceso para que los representantes de estos países participen de esta Audiencia Temática ante la CIDH, donde el objetivo principal es visibilizar los impactos negativos sanitarios, ambientales y socioeconómicos del modelo agroindustrial en los países representados, a partir de exhibir ejemplos de modelos agroalimentarios que producen alimentos y cultivos sanos respetando el ambiente, la biodiversidad y protegen la salud humana pero que en la región se encuentran seriamente amenazados por la implementación de los paquetes tecnológicos del sistema agroindustrial.

Además estos países solicitantes presentarán propuestas sobre estrategias y acciones con el fin de adoptar medidas legislativas con metas progresivas para avanzar a un modelo de agricultura que respete y fortalezca los derechos humanos a la salud, al agua potable, a la alimentación adecuada, al ambiente sano y al desarrollo de una agricultura ecológica u orgánica, campesina y ancestral.

LEGISLACIÓN BOLIVIANA