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“La gente cría la vida, cría el entorno, pero hay tenemos el modelo de desarrollo agroindustrial (…) que no solo está envenenando los suelos sino también el saber, el conocimiento…” menciona Lorenzo Soliz, como parte de las reflexiones que nos permite reflejar el fértil debate generado en el convite “Incremento en las  importaciones de plaguicidas en Bolivia, ¿Incremento de la dependencia agroquímica?”, realizado en el IPDRS este 9 de agosto, a partir de la socialización de avances de investigación sobre los plaguicidas en Bolivia en general y la situación de sus usos en el municipio de San Pedro (Santa Cruz), municipio con las mayores extensiones de producción de soya transgénica en el país.

Johanna Jacobi, responsable en Bolivia del proyecto “Hacia la sustentabilidad alimentaria” de la Universidad de Berna, inicialmente nos acercó a datos generales en cuanto a la importación de pesticidas en el país, los cuales para el periodo 2005-2016 presentan un crecimiento alarmante de 400%, esto obviando lo ingresado por contrabando.

Asimismo señaló que en el país se encuentran a la venta alrededor de 229 agentes activos, de los cuales el 72% son problemáticos por su toxicidad y almenos 78 de estos están catalogados como altamente peligrosos -bajo la clasificación de la FAO, OMS y PAN- tanto para la salud como para el medio ambiente, por lo cual aconseja de suma importancia tomar y exigir al estado -bajo el principio de precaución- la regulación de éstos.

Entre los cuatro herbicidas de mayor importación y comercialización en Bolivia: glifosato, paraquat, atrazina y clethodim, los tres primeros son catalogados como altamente tóxicos. En cuanto al principal importador tenemos a China, que ingresan el 34% de los productos disponibles en el mercado y como bien observa Bazoberry, coordinador del IPDRS, sería importante volcar la mirada a los principales países proveedores de agroquímicos, como el caso de China, que  ofrecen productos altamente tóxicos y de cierta manera en los últimos años ha trasladado la provisión de granos, en especial de soya transgénica destinada para la alimentación de pollos y cerdos, a territorios de américa latina, lo cual de alguna manera bajo los mismos principios de precaución minimizan los efectos de pesticidas para la salud de sus pobladores/as y sus tierras. 

Por su parte, Roberto Bascopé, señalo que en promedio per capita se importa 4,54 kilos por año, esto sin considerar lo que entra por contrabando que fácilmente elevaría a más de 5 kilos anuales por persona. Por otra parte un aporte central del investigador sobre el uso de agroquímicos en la producción de soya en San Pedro, producción agroindustrial y destinada en su 70% para la exportación, pasa por evidenciar con base a la revisión de datos y estudios de caso, que la relación entre productividad y agroquímicos, no necesariamente garantiza mejor producción, pues como evidencio entre los distintos ciclos productivos del 2002 a 2018 se incrementó en 70% la superficie cultivada, y en el mismo periodo la utilización de agroquímicos significo un incremento de 238%, pasando de 12.691.800 kilos a 42.840.000, pero lo que más llama la atención son los rendimientos promedios de la campaña 2002-2003 y 2017-2018, que   muestra una leve variación de 2,38 a 2,4 respectivamente.

Asimismo  a partir del seguimiento a estudios de casos, se ponen en discusión datos interesantes como la observación de una unidad productiva con menor cantidad de uso de agroquímicos, alrededor de 12 kg/ha. con un rendimiento de 3,6 tn/ha, frente a otro caso en el que aplicó más de 25 kg/ha de agroquímicos con un rendimiento menor, de tan sólo 2,8 tn/ha.

Frente a estos y otros datos, además de las alarmantes evidencias de agroquímicos adulterados, tanto en el contenido, como en la información que deberían presentar los diferentes agroquímicos según su nivel de toxicidad, surgieron muchas observaciones, propuestas y circulación de experiencias desde los convocados al diálogo, entre ellos productores agroecológicos, docentes universitarios, colectivos y asociaciones de consumidores, representantes de instituciones con experiencia en el trabajo en agricultura y soberanía alimentaria, periodistas entre otros/as.

Entre las principales está la necesidad de articular y abordar el tema de manera que tanto productores y consumidores sean parte de la vigilancia y monitoreo, además de la exigencia ante el Estado y sus instancias correspondientes, del ingreso, uso y abuso de estos productos, desde una perspectiva del daños para la salud y el medio ambiente.

Por otro lado se resaltó la necesidad de que las Universidades y sus centros de investigación desarrollen programas de investigación articulados, estratégicos e independientes, desde distintas dimensiones, como la química, biología, agronomía, economía, etcétera, pues es un tema central para la población en su conjunto y además porque es sabido que las mismas empresas del agronegocio, invierten un buen de recursos en investigaciones que respaldan sus mercancías o que relativicen sus efectos. Al final el lobby empresarial, más allá de desplegar una agresiva estrategia comunicacional, también incluye “estudios científicos” que les permite utilizar la producción de conocimiento como mercancía estratégica para abrir y consolidar mercados para sus paquetes tecnológicos que respaldan y vienen unidos a estos modos de producción.

Finalmente una de las necesidades observadas es la necesidad de articular iniciativas existentes y variadas pero aún dispersas, donde un observatorio que permita hacer auditoria e investigación en el sector agropecuario y alimentario, podría ser una opción para generar y disponer de información, que además de la concientización y de mejores bases para la discusión del tema, que a decir de Roger Carvajal, docente de la Universidad, pasa básicamente por re-aprender que los agroquímicos “más que remedios son venenos”, permita generar las condiciones para la disputa por otras políticas públicas

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