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Las principales organizaciones agrarias del país acordaron iniciar acciones conjuntas a fin de exigir al Ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, que cumpla con la Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA).

En ese marco, instaron al titular del MEF que transfiera a AGROBANCO los 50 millones de soles que le exige la Ley 29264 (Ley PREDA).

Cabe precisar que esta ley debe ser cumplida de forma obligatoria luego que el pasado 23 de setiembre el Tribunal Constitucional (TC) declarara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el presidente Alan García Pérez a dicha norma.

Organizaciones se unen

En ese sentido, la Convención Nacional del Agro (CONVEAGRO), la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) emitieron un documento al ministro Carranza explicando su demanda.

Las organizaciones detallan que "la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley PREDA extendió la aplicación del Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria a las deudas por créditos agropecuarios otorgados por instituciones del sistema financiero nacional que se encuentren vencidas al 31 de diciembre del 2007".

Es decir, las deudas agrarias vencidas hasta el final del 2007 serán compradas íntegramente por AGROBANCO.

Ante ello, AGROBANCO ha demandado al MEF la transferencia de los recursos para la compra de la deuda agraria del sistema financiero bancario, que le permita implementar la norma.

Responsabilizan al ministro

Tras una reunión de trabajo cincuenta dirigentes agrarios de todo el país coincidieron en señalar que "al incumplir con la ley" el ministro de Economía, Luis Carranza, no sólo desobedece un fallo del TC, sino "se burla del Legislativo", que hace más de un año promulgó la mencionada ley.

"El MEF debe cumplir con la ley y el Congreso debe hacer respetar su trabajo", remarcó el presidente de CONVEAGRO, Federico León y León.

Añadió que por esta "demora burocrática", los remates judiciales de tierras no se han detenido causando malestar y drama en los pobladores del campo.

Asimismo, anunció que las organizaciones firmantes (CONVEAGRO, JNUDRP, CNA y CCP) analizan la posibilidad de presentar una acción de cumplimiento de la ley contra el titular del MEF.

¿Qué es y cómo funciona la Ley PREDA?

Esta ley fue aprobada el 3 de octubre del 2008 y establece la creación de mecanismos para reestructurar las deudas generadas por créditos agropecuarios "vencidos" al 31 de diciembre del 2007.

La ley incluye a los créditos agropecuarios otorgados por instituciones del "Sistema Financiero", llegando a la suma de 50 millones de soles, los cuales deben ser transferidos desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia AGROBANCO, ente encargado de administrar el proceso.

La aplicación de a esta ley se divide en dos componentes. El primero de ellos es la "extinción parcial de la deuda" que cancela los primeros 10 millones, siempre que la deuda no exceda los 35 millones.

El segundo componente es la "refinanciación de la deuda" que afecta directamente las deudas mayores a 35 millones y otorga un plazo máximo de pago de hasta 5 años y no cobra intereses.

¿Cómo acogerse a la Ley PREDA?

Primero, el deudor debe solicitar a la institución financiera su acogimiento al Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria.

Luego, la institución financiera evaluará la solicitud teniendo en cuenta las condiciones de compra de deuda enmarcadas en la Ley PREDA (aceptando o no la solicitud).

De aceptar las condiciones, la institución financiera, AGROBANCO procederá, con cargo al Fondo PREDA, a comprar la deuda. De acuerdo a los alcances de ésta ley, dicha entidad está facultada para aprobar los mecanismos de operatividad necesarios para la aplicación del PREDA.

Con respecto a los "procesos judiciales de remate de tierras" que se encuentren operativos se deberán detener para proceder a una "reprogramación de pago" que será determinada por AGROBANCO.

No obstante, el incumplimiento de la nueva "reprogramación de pagos" por parte del deudor reactivará los procesos judiciales.

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