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La Asamblea no aprobó ayer la Ley Orgánica de Incentivos para las Alianzas Público Privadas (APP) (que pretende atraer inversión extranjera) por falta de consenso en el bloque de Alianza PAIS (AP) sobre el tema de los límites de hectáreas que se establecen para el pago del impuesto a la tierra, especialmente en la Amazonía.

La Asamblea fue convocada ayer a las 09:30 a sesión en el pleno para tratar la objeción parcial que hizo el Ejecutivo, pero solo a las 10:45 se conoció que la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, la suspendió.

Los asambleístas de AP que habían estado sesionando previamente sobre la Ley se quedaron hablando en privado casi hasta mediodía en el primer piso del edificio legislativo.

El asambleísta Armando Aguilar (AP) explicó que antes del segundo debate de esta ley -que recibió un veto parcial del presidente Rafael Correa- hubo una reunión en la que sus colegas amazónicos expusieron razones jurídicas y técnicas de dueños de fincas en el sentido de que "las tierras en esa región no son tan productivas y que por esa situación se debería cobrar (impuestos) a partir de las 70 hectáreas".

Sin embargo, en el veto parcial, el Ejecutivo insistió en que el límite de hectáreas exento de impuesto irá bajando en los siguientes años; es decir, 60 para el 2018 y 50 para el 2019.

En opinión de Fausto Cayambe, también de AP, no existe problema alguno por la ley sino un desacuerdo jurídico en el sentido de que en el veto se indica que el límite puede ser cambiado mediante decreto ejecutivo, pero algunos asambleístas buscan que esto quede establecido en la norma.

A la salida de la reunión, Bairon Valle (AP) aseguró que el debate a lo interno del bloque continuará y que posiblemente el próximo martes se llame a debate de la ley.

En estos días podría haber una reunión con representantes del Ejecutivo para hacer conocer la posición del legislativo, explicó el legislador.

Y mencionó que el tema de la tierra no es el único que se ha discutido, sino también el de la participación de la Contraloría en la vigilancia de las alianzas en las que participen las empresas públicas. (I)

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