Durante las tres últimas semanas, el segundo debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales se ha retomado en varias ocasiones. La próxima fecha será el 7 de enero.
En una entrevista con el Observatorio del Cambio Rural, Stalin Gonzalo Herrera Revelo, Doctorante del Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y miembro del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Rural de CLACSO, reflexiona sobre el modelo agrario para el campo en un contexto de aprobación de la Ley de Tierras en Ecuador.
¿Cuál es el modelo agrario para el campo que propone el gobierno de la Revolución Ciudadana?
Hay quienes que muestran al campo como un mosaico agrario de pequeños campesinos que decoran las montañas cual parches, o como una disputa entre la especialización productiva de la sierra para la producción de alimentos y la costa como un escenario de producción para la exportación. Lo cierto es que en este momento el modelo de agricultura que prima en el país es un modelo primario agroexportador que está dominado por la agroindustria y el agronegocio.
¿Cuáles han sido los avances en la construcción de un modelo de Soberanía Alimentaria por parte del gobierno actual?
Lejos de los avances constitucionales y de la presión de las organizaciones indígenas y campesinas, el gobierno, teniendo la Constitución como respaldo y una mayoría permanente en la Asamblea Nacional Constitucional, no ha mostrado la voluntad política para avanzar en un modelo de Soberanía Alimentaria. Y esto no es un problema menor para los campesinos y el resto de ecuatorianos.
Comúnmente se observa la hegemonía o presencia agroindustrial y de los agronegocios como una amenaza para la sobrevivencia de los campesinos, el consumo de alimentos como lo conocemos hoy y la reproducción de la naturaleza. El argumento es que el modelo primario agroexportador, como necesita del control de la tierra y el agua, avanza sobre los recursos a costa de la expulsión de los campesinos; y como demanda de enorme cantidad de insumos químicos, genera enormes daños para la naturaleza.
¿Cuáles son los mecanismos del agronegocio y la agroindustria y sus impactos en el campesinado?
En su versión más elaborada, el agronegocio y la agroindustria han desarrollado una serie de mecanismos o estrategias de “incorporación vertical” de la producción campesina que, bajo el eslogan de negocios inclusivos, tienen el mismo efecto sobre los campesinos: éstos pierden su autonomía y control sobre sus recursos productivos y su producción.
Pero el modelo que se construye es aún más complejo. Hoy, la agroindustria (producción “industrial” de alimentos) y el agronegocio (control de toda la cadena de alimentos, es decir, el control de la producción, comercialización y redes de consumo), han dejado el estrecho margen de sus “definiciones” y constituyen un complejo económico y político que se componen de empresas o elites que tienen “intereses” o estructuras de acumulación que rebasan lo estricto de la producción agrícola.
Se trata de estructuras económicas que tienen intereses en las finanzas, en la construcción, importación, exportación; y, sobre todo, tienen capacidad de incidir en la política nacional. Son estructuras complejas con intereses económicos, con representación política a los que no les interesa avanzar hacia un modelo de Soberanía Alimentaria, la proscripción del latifundio o la desprivatización del agua como lo versa la Constitución del 2008.
De esta forma, el modelo no solo amenaza la reproducción de la vida campesina o de las sociedades rurales, sino que amenaza el desarrollo democrático de la sociedad, indispensable para la vida digna de todos nosotros.
¿Cuál es el modelo de una vía campesina en defensa de la soberanía alimentaria para el campo?
Es un modelo muy simple. Nace como una propuesta de los campesinos enfrentados a la expansión del monocultivo, la agroindustria y los agronegocios. Por oposición, se plantea poner al centro de la política pública a los pequeños campesinos, mujeres rurales y comunidades indígenas; avanzar en una reforma agraria y, ahora, también una reforma hídrica. Demanda el control de mercados en manos campesinas y se plantea el uso de tecnologías apropiadas. Como ves, es una propuesta que se opone directamente a la expansión del capitalismo agroindustrial en el campo; critica la complicidad de la política pública o el rol del estado; critica el control de la tierra y el agua; demanda el control de mercados en manos de los agronegocios y empresas. Se plantea el uso de la agroecología como una herramienta tecnológica, no solo para la producción sino para la construcción de autonomía frente al capital.
¿Por qué apostar por la agricultura familiar campesina?
La construcción de una agricultura basada en una economía familiar campesina no es solo una teoría, es una realidad que salta a los ojos. En Ecuador, AVSF (Agronomos y Veterinarios Sin Fronteras) junto al SIPAE (El Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador) y otras organizaciones, tienen suficiente material para mostrar que la Agricultura Familiar Campesina es un modelo eficiente; no solo en términos económicos sino en términos sociales. Produce más trabajo por unidad de superficie que los modelos agroindustriales existentes, es menos agresiva con el medio ambiente, contienen los valores culturales de alimentación y pueden abastecer mercados locales e internacionales.
De hecho, aunque el gobierno dude de la importancia de la agricultura familiar, los campesinos o la agricultura familiar campesina siguen “inventando” una vía. El Presidente de la República dice que al distribuir la tierra corremos el riesgo de distribuir la pobreza, hacer de los campesinos pequeños productores sujetos ineficientes que multipliquen su pobreza. Éste es un argumento de cómo no se observa la vitalidad y creatividad campesina que, a pesar de la poca disponibilidad de tierra y agua, sin tecnología apropiada y una errática política pública, mantienen un peso importante en la producción de alimentos para el consumo interno.
¿Cuáles son los elementos esenciales en la lucha histórica por la tierra en Ecuador?
Probablemente puedo sonar muy ortodoxo políticamente, porque podría criticarse el argumento diciendo que los campesinos son mucho más que la lucha por la tierra; son la lucha por el mercado, la tecnología y el acceso a otros muchos recursos. La lucha por la tierra no es sólo una lucha por el bienestar campesino, sino que es la lucha histórica por la construcción de una sociedad democrática y moderna y apunta a la ruptura del viejo régimen de hacienda o de plantación que caracteriza a las estructuras oligárquicas del país. Una lucha que se configuró en los años 50 y que no deja de tener validez política; sobre todo porque es una de las razones de la desigualdad en el campo. A lo largo de estas décadas, se ha actualizado en la lucha por el territorio o en la lucha por el agua; y va materializándose en la lucha contra los procesos de valorización de la naturaleza que el capital realiza.
En un contexto de aprobación de Ley de Tierras en Ecuador, ¿cuáles son los principales nudos críticos que destacas?
El debate en torno a la Ley de Tierras – como la Ley de Aguas en su momento –, pone al gobierno y a las organizaciones en una especie de paradoja. A pesar de que hay una enorme demanda de las organizaciones por la redistribución de la tierra, el gobierno el gobierno tiene mayoría en la Asamblea Nacional y opta por no afectar a la gran propiedad y sostener la base de su acumulación (el control de la tierra o la gran propiedad). Así, el gobierno muestra su rostro más conservador. Pero no se detiene, la ley de tierras viene de la mano con las segundas enmiendas constitucionales en las que se propone eliminar las restricciones para el uso de transgénicos, una lucha histórica de los campesinos frente a las pretensiones del neoliberalismo.
Del lado de las organizaciones de “izquierda” en el gobierno, los argumentos para defender al gobierno pueden ser muchos, pero la defensa de la Ley de Tierras las ubica en un lugar lamentable. No solo porque los vuelve cómplices de su verdugo, legitimando una ley que termina por sostener y validar la gran propiedad y sostener la agroindustria y los agronegocios: un modelo que crece a costa de la precarización, marginación y expulsión de los pequeños productores familiares. Aun cuando la lucha por la tierra se ha configurado históricamente como la base del programa campesino, la Ley de Tierras marca nuevamente la distancia del gobierno con sus propias organizaciones campesinas y las subordina a un programa conservador sin horizonte para los campesinos.
Si en los noventa, parte del programa enfatizó la redistribución del agua y de la tierra o en la lucha contra su acaparamiento y privatización, ¿cuál es el programa hacia delante?
¿Cuáles son las principales afectaciones de esta ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales para la agricultura familiar campesina?
Aunque se trata de un tema que está aún por verse, podríamos decir que la Agricultura Familiar Campesina no gana más de lo que había ganado en la Constitución. Lo que podríamos reconocer en la ley y su debate es que, a diferencia de la Ley de Desarrollo Agropecuario de 1994, hoy se dan causales de expropiación; y en su momento actual o en el futuro, podría crear condiciones para que en unos pocos lugares, donde hay “sed de tierra” y existen organizaciones indígenas campesinas con la fuerza suficiente, se creen algunas disputas. Pero en un gobierno de “revoluciones y socialismos” es una conquista espurrea e ilusoria si consideramos que la misma ley, en el marco del Código Penal Integral, criminaliza la toma de tierras.
A mi parecer, la ley es un retroceso en relación a los avances constitucionales. Por ejemplo, la Constitución proscribe el latifundio; es decir, que el latifundio es un delito, pero la ley no define lo que es latifundio sino que crea un incentivo para que los dueños de tierras improductivas las pongan a producir. La Constitución pone a la Soberanía Alimentaria como proyecto estratégico para el desarrollo rural y la ley coloca a la “productividad” – el sujeto de la Soberanía Alimentaria es la agricultura familiar y el de la productividad los “empresarios” –. Las organizaciones sociales demandan tierra por un problema de justicia y desigualdad social; la ley plantea la redistribución vía mercado.
En un contexto en el cual no hay frontera agrícola donde extenderse o donde el Estado no tiene tierra que repartir, lo que hace el mercado de tierras es desplazar a los campesinos pobres y sin tierra; y promueve un proyecto de recambio productivo muy lucrativo para los terratenientes. El punto es que, si hay terratenientes con tierra “improductiva”, los terratenientes pueden vender al Estado las superficies de su tierra marginal, la de menor calidad o renta.
* Investigadora de OCARU (Observatorio del Cambio Rural – ECUADOR)
