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Representantes de la Defensoría del Pueblo de 12 países latinoamericanos aprobaron ayer en Lima una resolución en la que acordaron supervisar que los Estados realicen una adecuada implementación de la consulta previa a pueblos indígenas y que incorporen mejoras en las políticas públicas, en la legislación y en sus mecanismos institucionales.

Horas antes, el representante boliviano, Rolando Villena, declaró a sus pares que la consulta realizada por el Gobierno de Bolivia en el Tipnis para la construcción de una carretera no fue previa, libre ni informada, porque se la realizó cuando ya existía un proyecto en marcha, además de que se hizo sin el consenso de todas las comunidades que habitan el territorio indígena.

Según un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la Resolución de Lima fue suscrita por los defensores de Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Panamá, Venezuela, Guatemala, además del Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil,  el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.

“En el caso específico del derecho a la consulta por la carretera dentro del Tipnis, que debió tener las características de ser libre, previa e informada, a nuestro criterio fue vulnerada principalmente por haberse realizado cuando el proyecto ya estaba en marcha, sin la concertación con los pueblos indígenas afectados y desde la planificación y ejecución directa del Gobierno”, dice el informe de Vilena.