En momentos en que la devastación de la Amazonía por la minería ilegal y los conflictos socioambientales ponen en evidencia la necesidad de definir el uso y la ocupación del territorio en forma participativa, se llevó a cabo el pasado viernes 20 de septiembre el Foro “Perú: Rumbo al Ordenamiento Territorial”, organizado por la Comisión de Descentralización del Congreso de la República.
En el evento, que contó con la participación de representantes de la Plataforma de Gobiernos Descentralizados, Plataforma de Ordenamiento Territorial y miembros del Congreso, la congresista Verónika Mendoza presentó el proyecto de Ley 2522 que regula el Ordenamiento Territorial reafirmando la urgencia de regular el uso sostenible y la ocupación ordenada del territorio desde los niveles local y regional como un proceso político, técnico y administrativo pero, antes que nada, participativo y democrático.
También la autoridad recordó que el presidente Ollanta Humala dijo acertadamente, en su primer mensaje presidencial, que el proceso de Ordenamiento Territorial (OT) era "la gran consulta". “Algunas personas señalan que el ordenamiento territorial frenaría las inversiones, nada más lejos de la realidad. Se trata más bien de priorizar las inversiones con criterio de sostenibilidad, de ordenarlas", remarcó la congresista.
Por su parte, Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM, saludó el proyecto de ley y subrayó que el ordenamiento territorial es un proceso dinámico porque el territorio está en constante transformación por la intervención de los diversos actores. Señaló que el Ministerio del Ambiente ha venido promoviendo el proceso desde su creación y que diversas normas existentes.
El representante de la Plataforma de Gobiernos Descentralizados señaló que nueve Gobiernos Regionales ya tienen concluidos y avanzados su Zonificación Económica Ecológica, herramienta de diagnóstico que constituye la primera etapa del ordenamiento territorial, y que otros 12 los aprobarán este año, evidenciando que este proceso iniciado requiere de manera urgente un marco legal más claro.
Ana Leyva, representante de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, remarcó la necesidad de que las políticas públicas sectoriales tengan un enfoque territorial para garantizar su pertinencia. Puso como ejemplo elPrograma Juntos que consiste en la entrega de 100 soles a las familias más pobres pero que en algunas zonas alejadas los beneficiarios gastan casi la totalidad del dinero en el traslado para el cobro del mismo.
