La contaminación por actividades extractivas en la Amazonía de Perú, donde habitan pueblos nativos, es una situación "crítica" que debe ser atendida con celeridad, alertó el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, durante una rueda de prensa.
"La presencia de contaminación ambiental producto de la actividad petrolera en las últimas cuatro décadas representa una situación crítica que debe ser atendida con la urgencia que merece", afirmó Anaya.
El funcionario de Naciones Unidas, que se encuentra en Perú desde el 6 de diciembre, se refirió específicamente a la cuenca de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la región oriental de Loreto, donde se ubica el lote 192 (antes conocido como lote 1AB).
"He podido constatar personalmente los serios problemas ambientales que existen en esta zona a raíz de la actividad petrolera. Esto incluye la contaminación de los cuerpos de agua y los suelos utilizados por los pueblos indígenas de la región, lo que ha afectado a sus fuentes de alimentación y su salud", precisó.
El relator resaltó los pedidos de las comunidades indígenas que exigen la titulación de sus tierras, una mayor presencia del Estado en la zona, una indemnización por los 40 años de explotación petrolera y la compensación por el uso de sus tierras
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONSULTA PREVIA
Por otro lado, Anaya señaló que la empresa encargada de la explotación del lote 192 desde el año 2000, Pluspetrol, de origen argentino, mejoró las condiciones ambientales en comparación a la anterior y además resaltó su trabajo en el lote 88, ubicado en la región sureña de Cuzco, donde explota los yacimientos de gas de Camisea.
"En sus 12 años de operación no ha resultado en la degradación de la biodiversidad ni en la contaminación de las aguas, ni del suelo ni del aire. Se puede deducir que el actual proyecto Camisea es una buena práctica desde el punto de vista de la preservación de la naturaleza y la biodiversidad... Otro asunto es el impacto social y humano que pueda tener el proyecto", manifestó.
Sin embargo, Anaya dijo que ante la propuesta de ampliación de la empresa dentro del lote 88 se debe actuar "con la máxima cautela" y realizar un proceso se consulta previa al respecto.
Anaya aseguró que el Gobierno peruano todavía se encuentra en un proceso de construcción de su capacidad para implementar la consulta previa en temas "ecológicos, turísticos y presupuestarios".
"Hoy en día, Perú es uno de los poco países en el mundo que cuenta con una ley sobre la consulta a los pueblos indígenas... El reto ahora consiste en asegurar la implementación de la consulta previa de una manera conforme a los estándares internacionales", puntualizó.
En 2011 se promulgó la ley de consulta previa en Perú, la que obliga al Estado a consultar a las comunidades nativas antes de aprobar proyectos de desarrollo en sus tierras y hasta la fecha no se ha efectuado ninguna.
