Desde 2011, se han desarrollado 9 procesos que han culminado la etapa de diálogo. Todos corresponden a la Amazonía. Los pueblos Quechua, Aymara, Uro y Jacuro no son incluidos en Base de Datos de Pueblos Indígenas sujetos a consulta.Desde la aprobación en el 2011 de la Ley de Consulta Previa se han desarrollado en el país 9 procesos de consulta que han culminado la etapa de diálogo, la sétima de ocho fases.
De los 9 procesos, uno es el propio Reglamento de esta ley, promulgado en abril de 2012, y otro la Política Sectorial de Salud Intercultural. Otros 5 corresponden a lotes de hidrocarburos (ver infografía) en la Amazonía y 2 a la creación de Áreas Naturales Protegidas (ANP) también en la selva.
Sin embargo, los pueblos andinos no han sido objeto de consulta respecto a proyectos mineros en sus territorios. Ni siquiera tres años después de promulgada la norma han sido incluidos en la Base de Datos de Pueblos Indígenas con derecho a la consulta previa. Para el gobierno peruano, hasta el momento, estas comunidades no son pueblos originarios, sino campesinos.
Al respecto, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno peruano a cumplir con la ley de consulta previa antes de licitar megaproyectos en comunidades indígenas andinas.
La CIDH reconoció los esfuerzos del Estado peruano en reglamentar la consulta previa, pero pidió que la cumpliera a cabalidad. Esta situación no afectaría solo a la consulta previa en proyectos mineros, sino también en casos de Áreas Naturales Protegidas (ANP).
En 2013, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, anunció procesos de consulta previa para la formación de dos Áreas de Conservación Regional en la sierra: Ausangate, Urusayhua y Tres Cañones, en el Cusco; y el Corredor Biológico Marcapata-Camani, también en el Cusco. Pero esos procesos no se iniciaron ni está previsto que eso pase el 2015, según oficio 399-2015 del Viceministerio de Interculturalidad. Ahí se informa a la Defensoría del Pueblo de procesos de consulta 2014-2015.
Avances limitados
Mientras en los Andes no hay procesos de consulta, en la Amazonía la consulta previa presenta avances en relación con lotes de hidrocarburos.
En 2014 se ha logrado finalizar el proceso de diálogo en 5 lotes (169, 195. 164. 189 y 175).Perupetro ha sido el ente encargado de la consulta previa y tras finalizar el proceso de diálogo esta entidad inició el proceso de licitación de los lotes.
Para 2015, el Viceministerio de Interculturalidad tiene prevista la consulta previa en 18 nuevos lotes de hidrocarburos.
En gran ausente es el 192 (ex 1A-B de Pluspetrol), cuyo contrato expirará en 2015 y no hay visos de consulta previa a puertas de una nueva licitación.
Tras 40 años de explotación de este lote, 50 mil pobladores de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón han sido afectados por daños ambientales y también en su salud, tal y como demuestran análisis de sangre con metales pesados. Los pueblos indígenas de las cuatro cuencas exigen antes la licitación indemnización por los daños ocasionados , la remediación ambiental y la titulación de sus comunidades.
Y si bien la consulta previa en hidrocarburos avanza no exenta de problemas, en el caso de Áreas Naturales Protegidas (ANP) se han realizado dos procesos que a pesar de haber sido finalizados no se promulgan.
El primer pueblo indígena en ser sujeto del derecho de consulta previa fue el Maijuna Kichwa para la creación de un Área de Conservación Regional (ACR). Este proceso culminó en 2013 y el proyecto fue remitido del Ministerio de Medioambiente (Minam) a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tal y como establece ahora la Ley 30230 (el "paquete reactivador" o "paquetazo antiambiental"). Sin embargo, todavía no se promulga, ya que el proyecto ha sido observado por el Ejecutivo.
Un derrotero similar ha seguido la propuesta de categorización de la Zona Reservada Sierra del Divisor como Parque Nacional, cuya consulta ha sido promovida en Ucayali y Loreto por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).
Junto a estos procesos concluidos –aunque sin decisión gubernamental– a finales de este mes el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) espera concluir la etapa de diálogo del Reglamento de la Nueva Ley Forestal.
Este reglamento, que reconoce el manejo forestal comunitario de los Pueblos Indígenas, está en la quinta fase de la consulta: la evaluación interna de los Pueblos Indígenas.
"Este proceso de consulta está caminando muy bien porque hemos recibido asistencia técnica del Ministerio de Cultura y tenemos a la Defensoría del Pueblo como veedor", describe Fabiola Muñoz, directora ejecutiva del SERFOR, que asegura que la buena fe y el diálogo constructivo logrado con los Pueblos Indígenas.
Al respecto, Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), saluda los avances en los actuales procesos, pero opina que son acelerados y muestra preocupación por la Ley 30230 al considerar que oferta territorios de pueblos indígenas para su explotación minera, petrolera, forestal y agrícola. Aidesep denuncia que durante los procesos de consulta frecuentemente cambian los funcionarios encargados, obstaculizando el proceso.
DATOS
El pueblo Maijuna fue el primero en participar en la consulta previa. En 2013 finalizó la etapa de diálogo para la creación de un Área de Conservación Regional.
Una vez finalizado el proceso, El Minam envió el proyecto a la PCM, pero el Ejecutivo planteó observaciones. En el centro de su no promulgación, está el proyecto inconsulto de una carretera que uniría Iquitos con El Estrecho.
