Tras una reunión con el Defensor del Pueblo, quien pidió a los poderes públicos celeridad en estos casos, se anunció que esta Institución trabajará en una Ley que declare este delito como crimen de lesa humanidad para que tenga resarcimiento, indemnización y asistencia a las victimas.
El diputado socialista ante la Asamblea Nacional (AN) por el estado Yaracuy, Braulio Álvarez, manifestó que el Comité de Víctimas del Sicariato Campesino de la cual él es integrante, recibe con mucha alegría la decisión del titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab, quien ha solicitado a los poderes Judicial y Ejecutivo que dirijan su atención a la investigación y sanción de los casos de asesinato de campesinos, que se producen en el país desde hace 15 años.
Afirmó el parlamentario que esta comisión instalada por órdenes del comandante Chávez y refrendada por el presidente Maduro, tras reunirse con el funcionario, se siente esperanzada de que estas muertes no queden impunes, ya que con la apertura de puertas que está haciendo el defensor se les ha permitido entregar el récord y seguimiento sobre el estado de los juicios y quiénes son los involucrados, los cuales no han recibido el castigo que estipulan las leyes. Recordó el defensor de la causa campesina que el tema del sicariato está vinculado con la tenencia de la tierra, el avance de la revolución y la incursión del paramilitarismo que ha venido comprando tierras en Venezuela.
“En los últimos quince años se han producido más de 250 asesinatos, que son atribuidos a terratenientes colombianos, quienes reconocen que son de la avanzada de los desplazados Álvaro Uribe, los cuales han comprado más de 40 mil hectáreas en las zonas fronterizas de Venezuela”, advirtió el parlamentario. Lo más denigrante, a su juicio, es que estos señores han huido del país, pero dejan sus fundos funcionando en manos de empleados, también colombianos, quienes son los encargados de hacer el trabajo sucio, señalando que hay muchos habitantes de las poblaciones campesinas que se saben perseguidos por cuerpos extra policiales.
Explicó igualmente que esta situación se da porque hay daños de orden moral, dado que algunos funcionarios venezolanos han permitido que se desarrollen vías fronterizas que son usadas para el tráfico de estupefacientes. Cuestionó asimismo que hubo jueces quienes aplicaron la justicia con lo estrecho para las víctimas y lo ancho para los criminales, pues muchos con implicación comprobada fueron dejados en libertad. Exigen rectificación y castigo.
El comité exigió que se averigüen las decisiones que se han tomado en estos casos, se rectifique y se castiguen a los culpables de los crímenes. También demandó que el tribunal tomé las decisiones sobre juicios que tiene varios años, ya que se corre el peligro de ser declarado nulos por no haber consignación de las de pruebas correspondientes, muchas de las cuales han sido aportadas por las víctimas, a riesgo de las consecuencias posibles.
El titular de la Defensoría anunció que la institución trabajará en un proyecto de ley dirigido a resarcir a las víctimas y sus familiares, al respecto el comité está recogiendo firmas e introducirá un proyecto en el que se sea declara el sicariato como crimen de lesa humanidad, para que tenga resarcimiento, indemnización y asistencia a las víctimas.
Finalmente el comité exigió al INTI que se revisen las decisiones de algunas fincas abandonadas por años, que fueron declaradas productivas, a las cuales se les otorgó financiamiento e inmediatamente fueron vendidas a terceros, traicionando de este modo el pensamiento del comandante Chávez y la acción de la revolución en la lucha contra el latifundio.
