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A la par de intervenir con la fuerza pública cinco departamentos en el intento de atrapar a los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), es necesario que el Gobierno y la sociedad civil adopten medidas que tengan por objetivo sacar a sus habitantes de la pobreza a la que la injusticia los ha condenado. La miseria es el caldo de cultivo de los extremistas que buscan una salida desesperada por el camino de la violencia.

 

Los muchos años de abandono y las falsas promesas a los campesinos son los que han creado el clima propicio para que el EPP encontrara adeptos, para gestar la lucha armada y convencer a unos cuantos de que solo por esa vía es posible buscar el cambio para que haya una mayor justicia social en la distribución de la riqueza.

El proceso que desemboca en la actual situación montó ya una compleja estructura, que incluye el apoyo de los que no han ingresado a la clandestinidad de los montes, pero cooperan en la logística para la supervivencia de los que sí lo han hecho. Los que están fuera de algún tipo de acción directa en el área de influencia del EPP están también involucrados de manera pasiva porque el temor les impide adoptar una posición contraria a la de los armados.

En ese terreno cada vez más complejo es que se insertan las fuerzas del orden a las que la declaración de estado de excepción otorga facultades extraordinarias. La urgente misión que llevan y la ansiedad por alcanzar resultados que atenúen las críticas a la incapacidad del Gobierno, sin embargo, no deben hacer perder de vista que esa medida transitoria es apenas un componente de un trabajo que debe ser mucho más abarcante y profundo.

El ataque de los efectos no tiene que hacer perder de vista la lucha contra las causas que han configurado el movimiento de delincuentes que secuestran, extorsionan, asesinan y crean una atmósfera de zozobra en las regiones donde operan.

Es necesario, por lo tanto, que a la par de la tarea represiva se implementen también programas sociales que marquen de manera eficaz la presencia real del Estado en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, además de otros, inclusive.

Lo que va a desmontar los espíritus rebelados contra la injusticia histórica no será la aniquilación física del EPP, sino el logro de aquellas reivindicaciones largamente postergadas. Con mejores niveles de salud, educación, vivienda, precios de los productos agrícolas y posesión efectiva de la tierra, los agricultores pobres y empobrecidos abandonarán la idea de lanzarse a proyectos que solo ahondarán su mala calidad de vida.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la sociedad civil - ganaderos, maestros, la Iglesia, ONGs, trabajadores de la cultura, profesionales diversos y otros sectores organizados- deben diseñar un plan global que tenga por objetivo sacar a la gente de su pobreza, darles motivos para soñar con esperanzas su futuro y ser personas dignas con acceso a las conquistas de la sociedad globalizada. Esto es lo que les sacará de la cabeza las ganas de involucrarse en la aventura sin futuro de la ilegalidad.

 

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