Campesinos que reclaman parte de esas tierras se concentraron el 31 de marzo frente a un latifundio agroindustrial demandando la entrega de terrenos que alegan son del Estado y ocupan ilegalmente empresarios extranjeros.
La propiedad, situada en el departamento de Itapúa, a 365 kilómetros de esta capital, está en manos de la empresa Frutika y de colonos foráneos dedicados a la ganadería.
Los labriegos piden una medición inmediata del lugar debido a que sus actuales ocupantes no tienen los títulos de propiedad legalmente expedidos para la totalidad del área y ellos reclaman apenas mil 200 hectáreas de más de 15 mil en el latifundio.
Voceros de las familias sin tierra, dispuestas a entrar en los mencionados terrenos si no se accede a su petición, explicaron que dicha propiedad fue dada en usufructo a una empresa japonesa, la cual nunca las adquirió legalmente y después se las repartieron un grupo de extranjeros.
Un aspecto interesante del asunto, el cual despertó la protesta campesina, es que el estado accedió a hacer la medición para determinar el exceso de hectáreas en manos de esos negociantes foráneos, pero la acción fue paralizada extrañamente por la jueza Edith Scosceria.
Ella dio apenas tres horas a los agrimensores que debían realizar ese trabajo para entregarle los documentos estatales sobre el caso, respondiendo así a una solicitud de los supuestos propietarios extranjeros.
La situación preocupa a toda la zona y ante la rara decisión de la jueza, se inició el acampamiento de las familias campesinas dispuestas a ocupar las tierras que consideran usurpadas por los agroexportadores.
(Foto AVN 21 de agosto de 2012)
