El programa de Democratización y Construcción de la Paz (DCP) realizó, la pasada semana, el ciclo de talleres sobre derecho a la tierra trasladándose esta vez en la Facultad de Derecho de la Universidad Columbia-Paraguay. La jornada fue desarrollada por Elsi Vera, del Centro de Documentación y Estudios (CDE), organización que forma parte del programa DCP.
Vera inició su intervención señalando el marco legal vigente en este país, que funciona como el primer obstáculo, puesto que las leyes están escritas desde la perspectivas de quienes las diseñan y que en la generalidad de los casos funcionan en oposición a los campesinos, quienes cuentan con escasa, o ninguna, representación en el diseño institucional del Estado.
“La tierra, más que un medio de vida, es un modo de vida, y debe garantizarse como derecho. El derecho a la tierra es para los campesinos como el derecho a la vida y debe garantizarse integralmente”, sostuvo.
En este sentido enfatizó que la importancia de la tierra está claramente en relación con su uso y a los colectivos sociales que habitan en ella, puesto que la cosmovisión en torno a la tierra no es la misma entre los asentamientos campesinos y los dueños de las grandes explotaciones, que le dan un tratamiento solo de mercancía.
Vera también hizo mención a las operaciones ideológicas de los medios de comunicación, que hablan de campesinos, por un lado, y de productores, por otro, como si se tratara de cosas distintas e incluso antagónicas. Asimismo, en los informes de la prensa diaria se destacan los indicadores macroeconómicos omitiendo que estas estadísticas no se traducen en mejores condiciones de vida para la mayor parte de la población.
Volviendo al punto inicial, referente a la legalidad, un obstáculo para acceder y permanecer en las tierras tiene que ver con los trámites de titulación, ya que desde la visión campesina la tierra es de quien la cultiva e históricamente esta se ha transmitido de generación en generación sin haber procedido a la inscripción legal.
“El derecho a la tierra deviene en otros derechos y estos derechos están cercenados por el avance de la agricultura empresarial”, reforzó Vera.
Para graficar esta situación la expositora ofreció los datos arrojados por el Censo Agropecuario de 2008, puesto que el realizado en 2012 aún no se encuentra disponible, advirtiendo que en estos últimos cinco años la tendencia se ha agudizado.
De un total de 31.086.894 hectáreas de superficie, el área cultivada asciende a 3.365.203 ha, de las cuales actualmente unas 3.000.000 ha están destinadas a la producción de soja para la exportación en forma de commodities. Un total de 17.837.589 ha están destinadas a pastura y 472.143 a barbecho.
De esta forma se tiene que, considerando un hato ganadero de 10 millones, por cada unidad de ganado se tienen casi 2 hectáreas. En contrapartida, hay más de 100.000 familias sin tierra, aunque los grupos campesinos hablan incluso de 300.000 familias.
Por tanto, este modelo que en su expansión expulsa gente hacia los cinturones de pobreza de las ciudades está generando graves conflictos, cuya muestra más patente fue la masacre de Curuguaty, originada en el reclamo de tierras que debían ser destinadas a la reforma agraria y que se encontraban ocupadas por la empresa de una persona allegada a los grupos de poder como el fallecido político colorado Blas N. Riquelme.
Vera también subrayó que esas olas migratorias no son voluntarias, sino que están dadas por factores coercitivos como la imposibilidad de vivir cerca de monocultivos que son fumigados con cocteles altamente tóxicos para la vida humana así como con métodos menos directos como el ofrecimiento de paquetes tecnológicos que a mediano plazo la gente común no puede sostener financieramente, por lo que debe alquilar o vender sus tierras. También enumeró la falta de caminos, escuelas y la lejanía de los centros urbanos y comerciales para ofertar su producción.
“Hablar de tierra es también hablar de poder”, mencionó la expositora, ya que los alimentos constituyen un factor de control y de poder.
Posteriormente se realizó la ronda de participación de los presentes, algunos de los cuales cuestionaron que muchos campesinos vuelvan a vender sus tierras así como los dirigentes que andan en “cuatro por cuatro” y que vienen a causar embotellamientos en Asunción durante sus marchas.
Una de las participantes respondió que la crisis de representatividad afecta a todas las esferas del país y que las tierras que fueron otorgadas a los campesinos representan una cantidad mínima con relación a las 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas que fueron repartidas desde la dictadura hasta el año 2003 a personas allegadas al poder, según consigna el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
