La postura fue fijada en un comunicado emitido por el presidente del ente rural, Lic. Justo Cárdenas, que sin embargo insistió en buscar una solución “extrajudicial” al conflicto. La acusación contra los imputados por la masacre se basa en el supuesto de que las tierras pertenecen a Campos Morombí. El texto completo del comunicado emitido el viernes 16 y firmado por Cárdenas es el siguiente:
El Instituto reivindica sus derechos en cada una de sus presentaciones judiciales y en tal sentido afirma categóricamente que las tierras ubicadas en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, conocidas como Marina Cué, pertenecen al Estado Paraguayo. Esta afirmación se encuentra fundamentada en el Decreto Nº 29.394 del 9 de octubre de 1967 por el cual se aceptaba la donación a favor del Estado Paraguayo de 2000 hectáreas de tierras ofrecidas por la Industrial Paraguaya S.A., así como también por el Decreto Nº 3532 de fecha 4 de octubre de 2004, que declaraba al inmueble de interés social y disponía su transferencia en forma gratuita a favor del INDERT, a los efectos de ser aplicado a los fines sociales establecidos en el Estatuto Agrario.
En cuanto al proceso en los tribunales, recordemos que la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor del INDERT, mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 234 de fecha 23 de abril de este año, otorgándonos el derecho de seguir litigando en esta causa. Nuestros representantes legales continuarán sus esfuerzos en defensa de los derechos del Estado Paraguayo sobre las 2.000 hectáreas.
No obstante a ello, el INDERT busca afanosamente una solución integral a la problemática de Marina Cué, que debe abordar indefectiblemente tres aspectos fundamentales; a) la propiedad del inmueble a favor del Estado, b) la cuestión social de los pobladores de la zona, y c) las acciones judiciales que pesan sobre los compatriotas afectados en el caso Curuguaty. Por de pronto, el único ámbito responsable de dirimir estas diferencias es el Poder Judicial.
Creemos que una solución consensuada podría proporcionarnos resultados más auspiciosos y expeditivos, es por ello que seguimos manteniendo sucesivas reuniones con todas las partes.
Finalmente, debemos destacar en ese mismo sentido, la apertura y la buena voluntad demostrada por los diversos sectores, que fortalecen el acercamiento y diálogo.
“Con esto dejamos abierta la posibilidad de una gran mesa de diálogo que promueva una solución integral entre todas las partes de carácter extra judicial. Creemos que un juicio tendrá una duración de mucho tiempo e innecesario. Existen muchos compatriotas que están sufriendo. Creo firmemente en la buena voluntad de las partes para llegar a un acuerdo" dijo Cárdenas a la prensa.
Cárdenas añadió: "Estamos en manos de la Justicia; creo que hay una voluntad de la familia Riquelme de que esas tierras pasen a nombre del Estado paraguayo. Creo que tenemos que aprovechar esa buena predisposición y articular todas las medidas necesarias para darle una solución social a la problemática de Marina Cue, porque la propiedad del inmueble, es una cuestión, pera el tema de fondo es social".
La solución “consensuada” evitaría que Campos Morombí y los agentes fiscales y jueces que ordenaron el desalojo que terminó en Masacre respondieran ante la justicia por sus actos.
La representante de Sociedad Civil, Margarita Duran, agradeció al INDERT "este paso tan importante. Pero siempre debemos sacar provecho de los errores. Me pregunto: por qué se espero tanto tiempo para señalar esto".
El sacerdote Francisco de Paula Oliva, a su vez, manifestó: "Agradezco este pronunciamiento del INDERT. La Corte Suprema y la Justicia son las que tienen que dar su palabra. Queda claro que las tierras son del Estado paraguayo".
