El juicio oral y público por el caso venta de tierras de la comunidad Cuyabia ya tiene fecha y se desarrollará los días: 24, 25, 26 y 30 de setiembre; 1, 2 y 3 de octubre, desde las 08:30, en la sala de juicios orales del 6to. piso (torre nueva) del Palacio de Justicia. El Tribunal estará compuesto por Blanca Gorostiaga como Presidenta; las Juezas Titulares, Gloria Hermosa y Alba González y como Actuaria judicial Mónica Rocío Duarte Dávalos. La Fiscala que lleva el caso es la Abg. Alba Delvalle, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La organización que representa convencionalmente a la Comunidad Cuyabia así como la Querella Adhesiva es Tierraviva, a cargo del abogado Maximiliano Mendieta Miranda. En representación de la Comunidad Cuyabia estarán presentes líderes de la comunidad.
Venta de Cuyabia
El pueblo Ayoreo es uno de los 20 Pueblos Indígenas del Paraguay. Dentro de éste, se encuentra Cuyabia, una comunidad compuesta por 19 familias que habitan desde el año 2010 en un inmueble de 25.000 hectáreas, ubicado en la región Occidental, Departamento de Boquerón, Municipio de Mariscal José Félix Estigarribia, Colonia Tte. Picco. Este territorio fue reconocido en el año 2008 por el grupo local Ayoreo Atetadiegosode y cedido por los Guaraní Ñandéva de la comunidad Santa Teresita.
En noviembre de 2012, transgrediendo flagrantemente la Constitución Nacional de la República del Paraguay y vulnerando Derechos Humanos fundamentales, el inmueble en cuestión fue vendido por el Señor Rubén Darío Quesnel, ex Presidente del INDI, con las 19 familias habitando las tierras así como por grupos de Ayoreo que se encuentran viviendo en estado de aislamiento voluntario. La transacción se realizó a través de la escribana Justina Maribel Esteche Bareiro, y la compradora fue la Señora Julia Beatriz Vargas Meza.
Violación de los DDHH
A raíz de este caso, el Estado paraguayo, está una vez más en la mira de los organismos internacionales de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancias de las cuales Paraguay es miembro. Tanto el Comité como la Comisión se han manifestado, exigiendo al Estado que tomen las medidas necesarias para reparar el daño y restituir las tierras y territorios de la Comunidad Cuyabia.
La descripción detallada de los hechos en que se produce la violación que se alega en cuanto a la naturaleza de la acción gubernativa se concentra en la conducta criminal del Ex Presidente del INDI, que viola y transgrede, por un lado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y por otro lado, legislación paraguaya interna.
En el contexto de la legislación interna, con la acción se han violado disposiciones constitucionales, principalmente, en el marco de la intransferibilidad de las tierras indígenas prevista en el Art. 64 de la Carta Magna.
Así también, la conducta del ex Presidente del INDI se subsume en hechos punibles que comprometen, afectan y violan los bienes jurídicos de la integridad física, vida, la propiedad comunitaria de la tierra, la fe pública, el patrimonio público y el patrimonio indígena.
Es importante agregar que si bien las tierras no están formalmente a nombre de la comunidad, la misma es la legítima propietaria teniendo en cuenta el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la clara jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
“…la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado…”
(Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, párr. 128.)
La Comunidad Cuyabia fue víctima del despojo y desafectación de su territorio, hecho que se agrava por la profunda conexión e interdependencia que existe entre el derecho a la tierra indígena y la supervivencia, ya que ésta significa el lugar en donde se desarrolla la vida de estos pueblos.
Paraguay tiene tres condenas ante la Corte IDH, por violación de derechos fundamentales de pueblos.
