Un latifundista ha expulsado a 22 familias campesinas, con apoyo policial, de un asentamiento ubicado en tierras estatales, aledañas a su estancia, una acción que refleja los abusos de algunos terratenientes en el país, según denunciaron los labriegos y un senador de la oposición.
El terreno pertenece al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), una entidad estatal, según dijo a Efe el senador Luis Alberto Wagner, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El dueño de la hacienda aledaña, Agustín Silvera, posee 146 hectáreas pero ha ido moviendo su alambrado y ha invadido las 150 hectáreas del Indert, según Wagner.
El pasado sábado dio un paso más, al enviar a sus empleados, acompañados del jefe policial de la zona, para expulsar a los campesinos del asentamiento, ubicado en el distrito de Guayaqui Cuá, en el departamento de Caaguazú, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.
"Dijeron que les mandaba el propietario. Echaron nafta sobre nuestras viviendas, juntaron nuestra ropa, nuestras banderas paraguayas, colchones, cubiertos. No sobró nada", expresó a Efe entre lágrimas Silvia Vargas, una de las líderes del asentamiento campesino.
Una decena de agentes de la comisaría de Tres Bocas amedrentaron a los campesinos con sus armas y les obligaron a salir de sus precarias viviendas, tras lo cual los trabajadores las prendieron fuego, así como a sus cultivos de subsistencia, según explicaron los labriegos.
Los agentes dijeron el lunes al senador que actuaron según una orden del fiscal local para realizar el desalojo, pero reconocieron que no comunicaron con anterioridad a los campesinos que debían salir con sus pertenencias o les expulsarían.
Mientras Wagner solicitaba ese día los documentos aportados por el latifundista a la Policía, el ganadero llamaba continuamente al comisario principal pidiendo hablar con el senador, a lo que éste se negó.
Wagner aseveró que ni la Fiscalía ni la Policía corroboraron que el terreno reclamado por el empresario fuera suyo.
Tras su expulsión, los campesinos se cobijan bajo plásticos al otro lado del alambrado colocado por el estanciero, a la espera de que el Estado recupere las tierras donde vivían.
Desde ahí ven los restos ennegrecidos de sus casitas de madera de una sola pieza, totalmente destruidas, algunas de las cuales aún humeaban el pasado lunes.
También perdieron sus ropas, camas y utensilios, y las pequeñas huertas donde unas 70 personas cultivaban mandioca y tomate, además de dedicarse al pastoreo.
"Con metralleta en mano los policías y con seguridad privada del balneario Caaguazú, todos vinieron a quemar las casas, empujaron a las señoras, quemaron nuestra mercadería", manifestó Vargas, en referencia a su cosecha.
Wagner destacó que la situación en Guayaqui Cuá es sintomática de un conflicto "latente y permanente" por la tierra en Paraguay, que se agranda a medida que ésta aumenta de valor.
"Con títulos fraguados, muchos terratenientes expulsan a la gente y se apropian de los terrenos de los campesinos", espetó.
El 80 por ciento del campesinado paraguayo, aproximadamente un 35 por ciento de la población de 6,7 millones de habitantes, no posee tierras que cultivar, agregó.
Paraguay es uno de los países del continente con el reparto de tierras más desigual, donde los mejores terrenos están controlados por grandes terratenientes que se dedican al monocultivo o a la ganadería.
En la última década unas 900.000 personas han abandonado el campo en Paraguay y se han instalado en asentamientos precarios en la capital debido a la expansión de las grandes plantaciones de soja y maíz, altamente mecanizadas y con poca demanda de mano de obra, según la Federación Nacional Campesina (FNC), que pide una reforma agraria. EFE
