El trabajo resume un análisis de los derechos de 10 comunidades campesinas, donde encontramos al propio Estado como uno de los conculcadores. Se presentará el viernes 24 de julio en el auditorio del Archivo Nacional, a las 18 horas.
La próxima semana Base Investigaciones Sociales presentará el libro “Ciudadanía de papel, Derechos humanos en comunidades campesinas”, de la abogada especializada en derechos humanos Milena Pereira.
Además de la autora, hablarán en el evento la dirigente Alicia Amarilla (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) y el dirigente Marcial Gómez (Federación Nacional Campesina).
“La obra enfatiza la contradicción existente entre los derechos formalmente atribuidos a las personas campesinas en la Constitución, tratados internacionales y leyes internas, y la realidad de abandono y violencia que afecta a las mismas en sus comunidades de vida”, explicó su autora.
A partir de una metodología en terreno en los departamentos de San Pedro, Caazapá, Itapúa y Canindeyú, la misma indagó sobre derechos en torno al nivel de vida adecuado, alimentación adecuada, agua, reforma agraria, trabajo digno, educación, cultura, salud, ambiente saludable, libertades y seguridades personales, expresión e información, acceso a la justicia , igualdad y no discriminación.
Entre sus conclusiones destaca que “las comunidades campesinas no solo se ven presionadas por el agronegocio, sino que las instituciones estatales también forman parte de los mecanismos que las dañan, tanto a través de omisiones como de acciones”.
“La noción de ciudadanía hace referencia a un status, a una posición de la persona con relación al Estado que involucra dos cuestiones centrales: la titularidad y goce de derechos fundamentales garantizados jurídicamente, y la relación simétrica respecto de los demás ciudadanos y ciudadanas. Si es esto lo que se entiende por ciudadanía, es posible notar que –en contradicción con lo dispuesto por la norma constitucional– la cualidad ciudadana de las personas campesinas ha ido deteriorándose de manera intensa desde la entrada en vigor de la Constitución de 1992”, resume la autora.
La investigación y publicación se realizó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación(AECID) y del Observatori DESC, del mismo país.
Para más informaciones:
Luis Rojas 595 991 716 123, Director de Base Investigaciones Sociales.
