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El propio vicepresidente Danilo Astori ha expuesto duras críticas, al proyecto por entender que puede afectar el clima de negocios, y advirtió que el país se puede exponer a demandas de empresas con las que hay contratos por grandes emprendimientos, pero, por lealtad al presidente, reclamó a la bancada de legisladores oficialistas que mantengan la unidad partidaria en el debate parlamentario.

El propio vicepresidente Danilo Astori ha expuesto duras críticas, al proyecto por entender que puede afectar el clima de negocios, y advirtió que el país se puede exponer a demandas de empresas con las que hay contratos por grandes emprendimientos, pero, por lealtad al presidente, reclamó a la bancada de legisladores oficialistas que mantengan la unidad partidaria en el debate parlamentario.

Las entidades gremiales agropecuarias rechazaron el proyecto y criticaron a Mujica por cambiar las reglas de juego pese a que durante el verano se había comprometido a no hacerlo. La Asociación Rural dijo que el país captó para la producción agrícola mucha inversión extranjera atraída por las reglas de juego locales. Eso comprende a gran cantidad de productores argentinos que explotan negocios sojeros y ganaderos, y a brasileños dedicados al arroz.

La oposición rechaza el impuesto y el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, denunció ayer que el gobierno tiene un contrato reservado con el consorcio finlandés-chileno Montes del Plata que lo deja fuera de la cobertura del impuesto. Esta empresa es la que construye la segunda planta de celulosa y tiene grandes extensiones de campo forestado.

El planteo de Mujica había surgido en mayo pasado, pero demoró en concretarse por la persistente oposición de Astori y de todos los ministros involucrados en el caso.

El presidente uruguayo planteó a su gabinete que pretendía que todos acompañaran con su firma, pero también aclaró que comprende que los legisladores lo discutan sin que tengan presión para votarlo a libro cerrado.

El proyecto enviado al Parlamento propone crear el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales y grava los predios que superan las 2000 hectáreas con un índice que mide la capacidad productiva de la tierra. Al respecto establece tres franjas. Los que tengan campos de dos mil a cinco mil hectáreas pagarán un impuesto en pesos (ajustados por inflación) que a la cotización actual equivale a ocho dólares por hectárea. Los propietarios de tierras de 5000 a 10.000 hectáreas pagarán doce dólares por hectárea, mientras que los que estén en la franja superior, con campos más grandes, abonarán 16 dólares por hectárea.

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