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Entre el 28 y el 30 de octubre se llevó a cabo la Conferencia Global de Mujeres Indígenas en la ciudad de Lima, Perú, con la participación de más de un centenar de mujeres indígenas de las siete regiones que agrupan a esta población a nivel mundial: América Latina, Asia, África, Pacífico, Rusia, Norteamérica y el Ártico.

El encuentro fue concebido como un espacio para construir colectivamente una agenda común y herramientas para la incidencia, que resulten claves en el proceso de garantizar la vigencia y reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, juventud y niñez indígena frente a diferentes escenarios internacionales: Cairo+20, Beijing+20, la Agenda de Desarrollo post-2015 y la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 2014.

Bajo este marco, un amplio abanico de temas fue abordado en la conferencia. Entre algunos otros, fueron recurrentes los problemas vinculados a la vulneración de los derechos sobre la tierra y el territorio de los pueblos indígenas; el cambio climático; el deterioro ambiental; la escasa participación política e implementación del consentimiento libre, previo e informado; la expansión de las empresas extractivas, y la violencia contra la mujer indígena, confirmando su vigencia e impactos nocivos en su vida y bienestar. Así, a pesar de un reconocimiento de los avances en los últimos veinte años hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, se identificaron una serie de trabas sobre las que se reflexionó en búsqueda de soluciones y propuestas.

Un primer punto destacado fue el reconocimiento de la necesidad de dar un salto del diseño de los instrumentos internacionales de protección de derechos hacia documentos orientados a la acción. Las mujeres indígenas, en ese sentido, señalaron la necesidad de propiciar espacios para la elaboración de hojas de ruta que tracen el camino hacia la transformación de la realidad indígena. Quizás uno de los primeros pasos para avanzar con este cometido sea la difusión de los documentos producidos, sobre los cuales puedan armarse procesos de incidencia y seguimiento a su implementación por parte de los Estados. El componente intercultural no pasa, en esta tarea, inadvertido: se propone que los documentos sean adaptados y traducidos a las lenguas indígenas de mayor habla en cada país.

Un segundo elemento considerado central fue la necesidad de impulsar mecanismos de participación y el consentimiento libre, previo e informado, que garanticen la participación de las mujeres indígenas. Estos mecanismos, si bien han sido reconocidos por diversos acuerdos internacionales -como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT- aún son escasamente implementados por los países. Más aún, en los procesos existentes la participación femenina resulta escasa o nula. Para las mujeres indígenas, la falta de participación en espacios de toma de decisiones se traduce en la atención insuficiente de algunos temas fundamentales en la agenda política de muchos países, como la seguridad alimentaria, o en la falta de comprensión de algunos problemas en toda su complejidad, como el vínculo de la mujer con la tierra, la naturaleza y la biodiversidad.

Los derechos y el acceso seguro a la tierra y el territorio fueron identificados como troncales para la garantía de otros derechos fundamentales, por lo que tuvieron una atención especial. La propuesta fue articular la problemática de la tierra y el territorio a los derechos sociales, económicos y culturales, así como discutir políticas de tierras considerando sus potenciales impactos sobre la inseguridad alimentaria, los desalojos o desplazamientos forzosos y la pérdida de la biodiversidad.

Acerca de la centralidad de la tierra para la vida de las mujeres -más allá de los derechos reconocidos por los países y más cerca de un vínculo cultural y espiritual con la misma- las participantes expresaron que la tierra era fuente de vida y madre de todos los seres humanos. La lucha contra la violencia hacia la mujer es, en ese sentido, también comprendida como una lucha por la defensa de la tierra. Junto con la importancia de la tierra, se manifestó también el valor del agua para el bienestar de las mujeres y sus familias, identificándose una serie de problemas vinculados a la competencia por el acceso a este recurso y a su escasa disponibilidad.

Muchos de los problemas antes señalados fueron atribuidos al asentamiento y operación poco responsable –y muchas veces corrupta- de las industrias extractivas. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, señaló que recientes estudios realizados desde su despacho evidenciaban los efectos adversos de la operación de las empresas extractivas sobre la vida de las mujeres, provocando la pérdida de sus derechos sobre la tierra y de sus recursos productivos, además de nuevas situaciones de violencia e impactos negativos sobre su salud. Sobre este mismo punto, el relator enfatizó la importancia de incluir a las mujeres en los procesos de negociación con las empresas y en la toma de decisiones, así como fomentar que las mujeres tengan acceso a los beneficios derivados de la actividad extractiva.

En el trabajo de promoción de los derechos de las mujeres indígenas, se destacó la necesidad de acercarse más y conseguir el apoyo de los gobiernos nacionales como primer eslabón sobre el cual incidir, antes de dar el salto hacia ámbitos mayores de negociación, como las Naciones Unidas. En general, se consideró que los esfuerzos desde los gobiernos eran aún insuficientes y que muchas veces las agendas de las mujeres indígenas quedaban subsumidas dentro de las de otros grupos. Más aún, muchas mujeres denunciaron persecuciones hacia las lideresas defensoras de sus derechos y la criminalización de la protesta por parte de sus gobiernos.

En la lucha por sus derechos y bienestar, también las participantes advirtieron el importante rol que juegan los medios de comunicación y las dificultades de las mujeres para acceder a ellos y difundir sus mensajes. Los medios de comunicación, indicaron, son muchas veces utilizados para difundir información que refuerza los estereotipos, que discrimina, que presenta a las mujeres indígenas en un rol pasivo frente a la modernización y como un obstáculo para el desarrollo.

Estas dificultades plantean a las mujeres indígenas el desafío de diseñar nuevas y creativas estrategias que hagan efectivos sus reclamos. Un mensaje de consenso desarrollado durante la conferencia y a difundir entre los gobernantes y la comunidad internacional fue que la mujer indígena no es una enemiga o un obstáculo para enfrentar los problemas globales, sino más bien, una aliada y parte central de la solución a los mismos. El reconocimiento del papel de las mujeres indígenas en la preservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, de su rol en la alimentación, la salud y el cuidado familiar, de sus conocimientos sobre medicina y gestión de los recursos naturales, su participación crítica en las actividades productivas de su hogar, entre muchos otros aportes, deberían repercutir positivamente en su inclusión en los espacios de toma de decisiones, y en políticas que promuevan condiciones de vida digna y de equidad.

La Conferencia Global de Mujeres Indígenas fue organizada por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, el Centro de Culturas Indígenas del Perú-Chirapaq, entre otras instituciones. La International Land Coalition estuvo presente a través de la coordinadora regional para América Latina y el Caribe, y de sus miembros y aliados, el Grupo Internacional de Asuntos Indígenas (IWGIA),  el Pacto Asiático de Pueblos Indígenas (AIPP) y la Fundación Tebtebba quienes tuvieron una activa participación en la organización y facilitación de la Conferencia.

Zulema Burneo

Coordinadora de ILC América Latina y el Caribe