La Amazonia, el bosque lluvioso que cubre el norte de Brasil, es el principal foco de violencia en la lucha por la tierra en el país suramericano, según un informe de la iglesia Católica divulgado el lunes.
El informe Conflictos en el Campo de 2011, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la región amazónica concentró la mayor parte de los asesinatos, amenazas de muerte y conflictos ligados a la lucha por la tierra, en su mayoría provocados por pistoleros al servicio de terratenientes que quieren ocupar tierras de comunidades tradicionales o pequeños campesinos.
Un 79,3% de los asesinatos, 85% de las amenazas de muerte y 69% de los conflictos por la tierra fueron registrados en la Amazonia, considerada la nueva frontera en la ocupación del suelo en Brasil.
Dentro de esa región, las muertes ocurridas en el estado de Pará despertaron especial preocupación por concentrar 12 de los 29 asesinatos por tierra ocurridos en todo Brasil el año pasado.
"Queremos vivir nuestra vida en el bosque, queremos mostrar que los recursos boscosos son rentables, pero sentimos que alguien puso precio a nuestra cabeza", comentó la activista Laisa Santos, del asentamiento Praia Alta en Pará, durante la presentación del informe de la CPT en Brasilia.
Su hermana Maria do Espirito Santo Silva y el esposo de ella, José Claudio Ribeiro da Silva, fueron asesinados el 24 de mayo del año pasado por defender ese asentamiento en la localidad de Nova Ipixuna, en Pará. Aunque el caso permanece sin esclarecer, las sospechas caen sobre pistoleros al servicio de hacendados que pretenden ocupar sus tierras.
Santos lamentó que su hermana y cuñado denunciaron a las autoridades las amenazas sufridas pero nunca tuvieron respuesta ni recibieron protección.
Según el informe del organismo católico, en 2011 se registraron 29 asesinatos de activistas por la tierra, 38 intentos de asesinato, 349 amenazados de muerte, 89 trabajadores rurales presos y 215 agredidos, mientras otros 49 murieron como consecuencias de enfrentamientos en el campo.
El documento detalló que el año pasado se registraron 1.363 conflictos por la tierra, incluyendo invasiones de pequeños productores a tierras que consideran ociosa, expulsiones y destrucción de bienes de campesinos, y amenazas de parte de pistoleros.
Gran parte de las víctimas de las acciones son indígenas y comunidades de descendientes de esclavos conocidos como quilombolas que luchan por el reconocimiento de sus tierras ancestrales.
El informe de la CPT estableció una relación entre el avance de intereses económicos como la agricultura a gran escala, la minería y proyectos de desarrollo auspiciados por el gobierno, incluyendo carreteras o represas hidroeléctricas.
"Hay una lucha declarada que se expresa en los números de la violencia contra los que son considerados obstáculo para el desarrollo y el progreso, porque sus proyectos se contraponen a los modelos de desarrollo imperante", destacó el informe.
Agregó que "indígenas, quilombolas y personas de otras comunidades tradicionales no se encajan dentro de los parámetros de desarrollo capitalista y deben dejar el camino libre a los 'promotores del progreso' y los grandes inversionistas".
El informe de la CPT es usado como referencia por organismos del gobierno y el Congreso para definir políticas en áreas de conflicto rural. Gran parte de los homicidios en el campo permanecen en la impunidad.
