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El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) hizo lugar a un recurso planteado por la Municipalidad de Malvinas Argentinas, donde la mayor semillera mundial planea invertir $ 1.500 millones en una planta de secado de semillas de maíz.

La justicia provincial, en un fallo de tercera instancia, revocó una medida cautelar dictada en febrero pasado que había ordenado suspender la obra civil.

Grupos ambientalistas representados por el “Club del Derecho” –una asociación civil sin fines de lucro creada por abogados cordobeses– había pedido la suspensión de los trabajos en el predio por entender que la municipalidad de Malvinas Argentinas le dio a Monsanto la autorización para montar la planta antes de que la firma cumpliera con las presentaciones ambientales pertinentes.

Con esta decisión, la empresa, creadora de la soja transgénica que hoy cubre casi todos los campos sembrados en el país, que además lidera las ventas de semillas de maíz en la Argentina, logró revertir dos fallos adversos y continuar con la obra.

La inversión había sido anunciada a la presidenta Cristina Fernández por parte de las máximas autoridades de Monsanto a nivel mundial en noviembre pasado, en Nueva York.

El tribunal cordobés ratificó que la compañía dispone de una autorización “restrictiva”, circunscripta a “la realización de la primera etapa del proyecto, y que no está incluida la puesta en marcha o funcionamiento o etapa operativa”, situación que puede presentar otro conflicto en el futuro.

Antes de conocido el fallo definitivo, desde Monsanto aseguraban que la empresa completó los pasos necesarios para realizar la obra civil, al tiempo que avanza con los requisitos para después poner la planta en operaciones.

El abogado de los grupos que se oponen a la radicación de la planta, Federico Mazzioti, indicó a la radio Cadena 3 que los vecinos están sorprendidos por la resolución porque “se ha basado en la aplicación de la ley provincial, pero sin tener en cuenta los principios establecidos en una ley nacional que es la ley general del ambiente”.

Aseguró, además, que “lo único que queda es un recuso extraordinario ante la Corte Suprema, que estamos estudiando”, dijo.

A fines de febrero, la Justicia ordenó a la Municipalidad de Malvinas Argentinas a abstenerse de autorizar la puesta en funcionamiento de la planta, lo que fue apelado por el Club del Derecho porque se permitía la construcción. Entonces, la 2º instancia ordenó la suspensión de la ordenanza que le dio permiso de obra a Monsanto. Pero ante la apelación de la Municipalidad, ahora la obra continuará.