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Las irregularidades de proceso de licitación de la usina hidroeléctrica de Belo Monte fueron denunciadas a la Organización de los Estados Americanos (OEA). La iniciativa partió de organizaciones que actúan en el área de los derechos humanos de Brasil. El Ministerio Público Federal brasileño ya había recomendado al Instituto Brasileño de los Recursos Naturales y Medio Ambiente que no concediese nuevo permiso ambiental para la instalación del emprendimiento.

Para la integrante del Movimiento Xingu Vivo Para Siempre, Renata Pinheiro, la medida puede desencadenar una presión internacional contra el gobierno brasileño.

"La población afectada no fue debidamente consultada, los pareceres técnicos no están siendo llevados en consideración y el propio poder judicial está comprometido con la continuidad de la obra. Los recursos que paralizaron el proceso de construcción de Belo Monte acabaron suspendidos sin que el mérito de las acciones fuese analizado y debidamente considerado."

El consorcio responsable   por la usina posee una  licencia previa que permite sólo la elaboración de los proyectos de compensación ambiental y de detallamiento de la obra. Sin embargo, Renata afirma que las constructoras ya presionan a las comunidades para desocupar las áreas que serán afectadas.

"Lo que tenemos como escenario son empresas circulando, comprando, negociando las propiedades con los habitantes ribereños y agricultores. Ya están haciendo presión para que ellos firmen documentos de forma irregular. Eso, de cierta forma, desplazaría esa población. Las empresas no tienen autorización para hacer eso."

En 2009, la OEA  determinó la suspensión de las obras de una usina hidroeléctrica en Panamá. La obra provocó el desplazamiento forzado de comunidades indígenas locales.

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