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Es evidente que en Venezuela hay un deterioro económico y una profunda crisis democrática que se matiza con el uso de la violencia desde diferentes frentes. Esto reaviva y visibiliza la vulneración de los Derechos Humanos de sectores más vulnerables, como el de los indígenas.

Día a día, los titulares de los medios de comunicación difunden las represiones de los policías a manifestantes y peatones. El pasado 18 de mayo la víctima fue un niño de 11 años del pueblo indígena wayuu en Maracaibo, estado de Zulia, a quien le ataron las manos atrás de su espalda y le quemaron la misma con una bomba de gas lacrimógeno.

Esta turbulencia política y económica también ha generado el incremento del flujo migratorio, siendo que en el norte de Brasil cerca de 400 venezolanos, en su mayoría indígenas, establecieron campamentos en busca de trabajo y alimentos.

Mientras tanto en Venezuela, representantes de los pueblos indígenas de la etnia wayúu, en el estado Zulia, manifestaron su preocupación por la escasez de alimentos, medicinas, pero fundamentalmente por la exclusión y expulsión de los indígenas de sus propias tierras, un hecho que ocurre como una constante, y por el que se generan constantes luchas.

Derechos Constitucionales de los pueblos indígenas

De acuerdo con el censo indígena de 2011 hay una población de 900.000 ciudadanos pertenecientes a los pueblos indígenas, aunque expertos e investigadores establecen que esa cifra es superior, siendo por ejemplo que muchos indígenas se han trasladado a las periferias de las ciudades y como producto de la discriminación existente, cuando los van a censar niegan su identidad, por vergüenza.

De esa forma, la gente que no está registrada como indígena, no aparece en el censo, lo cual trae como consecuencia que no se refleja numéricamente la cantidad de indígenas que existen en Venezuela.

La Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se ha considerado por muchos como la Constitución Indigenista en la evolución histórico-jurídica de la vida republicana venezolana, ya que  ningún otro texto normativo abordó la temática indígena tan claramente con el reconocimiento de derechos propios y exclusivos, su hábitat y tierras.

Es justamente que en esta Constitución, la sociedad venezolana se reconoce a sí misma como multiétnica y pluricultural y resuelve el problema indígena, a través del reconocimiento de una inclusión a priori dentro de una nación, así lo establece Aly Davis Pérez en su textoLas comunidades indígenas en el derecho a la propiedad colectiva de las tierras (Venezuela)”

Entonces, ya no es solamente el reconocimiento de un problema a resolverse, sino más bien del reconocimiento de la existencia de unos venezolanos con una organización, sentimiento, cosmovisión y costumbres diferentes a las de la mayoría.

 

Luchas por la tierra y territorio. Convocatoria para sumar casos en Venezuela

Los indígenas son reconocidos como diferentes y por ende titulares de distintos y especiales derechos. Estos derechos, excepcionales y exclusivos, se concretan en el estatuto jurídico indígena, aplicable al indígena por el simple hecho de pertenecer a un pueblo indígena y de vivir en comunidad.

Es así que el Artículo 119 establece que el “El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”.

Corresponde entonces al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescindibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido por ley. Aunque las vulneraciones son hechos reales en Venezuela y los demás países de Sudamérica.

La lucha por garantizar estos derechos es permanente. Y en medio de esas luchas, se gestan historias inspiradoras de acceso a la tierra y territorio dignas de ser contadas y re transmitidas.

Por ello, el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica lanza la convocatoria para seguir sumando más casos a través del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio, en su plataforma: www.porlatierra.org.  Venezuela es uno de los pauses preponderantes en esta búsqueda.

Organizaciones rurales, investigadores, activistas e instituciones amigas, son invitados para participar de este trabajo a través de la investigación-acción, con experiencias de procesos recientes de acceso a la tierra y estrategias para sostener y mejorar la vida en el campo.

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