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Las marchas indígenas en Bolivia y Ecuador interpelaron a los Estados-nacionales en Sudamérica, apelaron a la vida, la dignidad y el territorio, y desembocaron en importantes procesos de emergencia y luego, neutralización de sus discursos.

Muchas demandas, cobraron voz y visibilidad inusitadas; además de la emergencia de naciones indígenas, organizaciones campesinas y afrodescendientes, las reflexiones sobre el territorio pronto articularon activismos por el cuidado del planeta y otros modelos de desarrollo y gobierno.

En la actualidad, la defensa de los territorios, el respaldo a los derechos de los pueblos indígenas y la expresión del ecologismo, son temas que referirían a un dilema y no contradicción, pues estas posiciones pueden ser correlativas, complementarias y generadoras de aprendizajes. Sin embargo, algunos criterios gubernamentales, ante situaciones de defensa territorial, nos ponen en alerta ante renovadas expresiones de las dicotomías coloniales respecto a la relación humana con la naturaleza y el insistente centralismo del Estado republicano. 

En Ecuador, el 2014 cristalizó un potente movimiento ecologista que defendía el Parque Nacional Yasuní (982.000 hectáreas de Amazonía) en cuyo subsuelo, existe una gran cantidad de petróleo. De explotarse el crudo, además de la contaminación ambiental, afectaría el habitad de los pueblos Tagaeri-Taromenane, no contactados, y que cuentan con el reconocimiento de su territorio como zona protegida entre las provincias de Orellana y Pastaza. El movimiento, principalmente juvenil, ecologista se denominó Yasunidos[1] y apelando al derecho a una consulta popular, recolectaron firmas para sumar 5% del padrón electoral.

Los Yasunidos validaron la pregunta de la consulta popular su causa: “¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT [Iniciativa ITT [Ishpingo-Tambococha-Tiputini], conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?”. La movilización nacional incluía un despliegue mediático importante, el cuidado de las firmas y la generación de información a la población. Los principales activistas explican que lo más duro fue combatir la campaña en contra de ellos; es decir, el gobierno les atribuía relación con partidos políticos de derecha, pues no cabía en su entendimiento que activistas y ONGs locales puedan tener tanto alcance.

Los Yasunidos tuvieron éxito, lograron la cantidad de firmas necesarias y la solidaridad de mucha gente; no obstante, el gobierno con una vana estrategia de desprestigio, anuló un buen tanto del material físico recolectado y se firmaron los permisos para la explotación del Campo ITT que inició el 2016[2].

En el corazón de Bolivia (sur amazónico), las naciones Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés, resguardadas en la creación del Parque Nacional Isiboro Sécure (1965), en la década de los noventa impulsaron su titulación, consiguiendo al 2009, su titulación colectiva denominándose Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El territorio indígena cuenta con 1.091.656 hectáreas, y a su vez el área protegida tiene 1.215.585 hectáreas y la zona de colonización era de 124.000 hectáreas (a la actualidad, no se tiene un registro del crecimiento de esta zona).

Al 2010, el territorio vivía una gran amenaza por el avance del monocultivo de coca y porque el gobierno intentaba implementar la construcción de una carretera que articularía la zona andina con el norte amazónico, y de la que varios estudiosos, indican que corresponde a la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA). Las naciones indígenas del TIPNIS, impulsaron en el 2011 la que sería la octava marcha indígena del territorio hacia la sede de gobierno, en defensa de su territorio, pues la carretera no favorecía a las comunidades y más bien afectaría a su vida, facilitando el avance de los colonos e interviniendo en el curso de los ríos por los cuales ellos transitan y controlan su territorio.

Su movilización logró articular a activistas urbanos por los derechos de los pueblos indígenas, ecologistas; y también, a otras naciones indígenas y originarias, que exigían la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, y el respeto al área protegida del territorio. El producto de la octava marcha fue una ley que aludía a la “intangibilidad” del territorio, y que contraponía su calidad patrimonial al desarrollo. Posteriormente, se promulgó la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, habiendo asentado como antecedentes, duros hechos de represión y violencia contra los pueblos indígenas[3] y además persecución a los activistas urbanos[4].

Se realizó una consulta previa “manipulada”, constatan varias instituciones veedoras[5]. La pregunta insistía en “definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”, no obstante muchas comunidades decidieron resistirse a la consulta, pues ésta llegaba a los territorios con promesas de proyectos y “regalos” que condicionaban la respuesta. La novena marcha indígena en el 2012, impidió que el gobierno anule la intangibilidad.

Durante el 2017, se reactivó la lucha pues se derogó la ley que le otorgaba intangibilidad al TIPNIS. El gobierno simula haber tenido un momento de iluminación y haberse dado cuenta de que desde el 2011, sólo un grupo de activistas, ONGs y ecologistas urbanos y burgueses detuvo la construcción de una carretera que significa el desarrollo para las comunidades; se dispone a continuar la construcción.

En Chile, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales se ratificó recién en 2009, y con el pasar de los años, algunos personeros del gobierno de turno preveían su salida por los altos costos que significaba su implementación para el ámbito empresarial[6]. Chile insiste en un único nacionalismo, sin considerar a coyas, aymaras, atacameños, diaguitas, mapuches, y seguramente es el país más retrasado en cuanto a la incorporación de la interculturalidad. Siendo así, queda poca oportunidad para que, como es el caso de Bolivia y Ecuador, los pueblos indígenas puedan apelar a una jurisdicción propia, a la autonomía o la libre determinación.

La Araucanía remite a un conflicto territorial que con la apertura democrática en Chile, señala diversos hechos de violencia, represión y judicialización de indígenas. La recuperación de la Araucanía mapuche pareciera un horizonte incierto, no obstante, a las firmes decisiones de diversas organizaciones indígenas, unas más radicales que otras, pero bajo el mismo marco reivindicativo. El vasto territorio mapuche debe disputar con propietarios impuestos por el Estado, pero también con empresas hidroeléctricas y forestales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la manera de proteger y amparar los derechos es expropiar e indemnizar, y esto se tradujo en precios de mercado no razonables.

La idea de recuperar el territorio tiene múltiples implicancias, no sólo para las autoridades y comuneros mapuches, lof (comunidad), machis (autoridad tradicional) y weichafe (portadores de la causa) como principales contenedores simbólicos de la identidad y cultura mapuche, sino para mucha gente urbana que heredó apellidos y señas mapuches, pero no así la cultura. Restituir el territorio mapuche, entonces, implica restituir la posibilidad de operar una identificación étnica, y liberarse de un esquema urbano y un modelo político marcado por un fuerte neoliberalismo. Con esas consideraciones, muchos jóvenes urbanos se sienten convocados a la lucha mapuche.

Si hay un común denominador entre todas las expresiones de la lucha y los intentos por recuperar el territorio, es la criminalización y montaje de delitos. El estereotipo del terrorista y sedicionista se imponen, no así, el del terrateniente privilegiado y acosador. Entre los muchos casos de judicialización, además de autoridades indígenas figuran también jóvenes urbanos que haciéndose weichafes, abrazaron la causa mapuche y esto, les costó la libertad y en no pocos casos la vida.

Uno de los casos más visibles y que se ha hecho emblemático es el de la judicialización de la machi Francisca Linconao Huircapán, quien en el 2008, apelando al recientemente ratificado Convenio 169 de la OIT, habría interpuesto satisfactoriamente un recurso de protección contra la familia Taladriz, denunciando en tribunales a la Sociedad Palermo Limitada por tala ilegal de árboles y arbustos nativos en el fundo Palermo Chico, colindante con su comunidad. La contundencia de los argumentos de la machi, se basaban en la Ley de Bosques y en su afirmación identitaria, denunciaba la afectación de sitios sagrado o “menokos”, humedales que concentran fuerzas y plantas medicinales que ella como machi, aprovecha.

Años más tarde, el 2013 se produjo el incendió de la hacienda del matrimonio suizo-chileno Luchsinger Mackay, que basado en la Ley antiterrorista, inculpó a una decena de mapuches entre ellos a los machis Francisca Linconao y Celestino Córdova.

Córdova fue declarado culpable, pero se desestimó el carácter terrorista. A la machi Linconao, le allanaron la casa y detuvieron, fue sometida a medidas cautelares, arresto domiciliario nocturno, arraigo regional y firma mensual, fue absuelta.

Su testimonio sintetiza todo este entramado de violencia y usurpación territorial, “Me detienen y me despojan violentamente de mis vestimentas, estoy bastantes meses con arresto domiciliario y arraigo regional y nacional, mi salud física y espiritual se dañaron fuertemente, pero la mayoría no logra comprender que es porque no puedo acceder libremente a mi territorio, a los espacios sagrados que allí existen y por la grave transgresión sufrida en el despojo de mi vestimenta tradicional”, explica[7].

Nuevamente, Francisca Linconao interpone satisfactoriamente una demanda, esta vez contra el Estado por su descarga de violencia a su persona, “sin mediar respeto” de su condición de autoridad tradicional. No obstante, en el 2016 nuevamente fue acusada del mismo crimen, junto a otros 10 mapuches, y llevada a la cárcel de manera preventiva, imputada bajo la Ley antiterrorista. Tras 14 días de huelga de hambre, que deterioraron su salud física y espiritual, a inicios del 2017, el juzgado determinó darle arresto domiciliario.

En los últimos meses, se realizaron conversatorios, plantones y una serie de actividades en diferentes ciudades de Chile, los convocados, mapuches y no mapuches. En Temuco, afuera de los tribunales, la lonko Juana Calfunao de la comunidad Juan Paillalef, y Moira Millan lamgen de la provincia de Chubut (Argentina), de puelmapu, señalan “Acá no hay terroristas, hay un pueblo que defiende la vida”, y articula esta causa, con la desaparición de Santiago Maldonado, en el pu lof Cushamen, en la provincia de Chubut[8].

Estos tres casos, Yasuní, TIPNIS y Araucanía, en contextos jurídicos y políticos tan diferentes para los pueblos indígenas nos remiten a elementos comunes que deben tener en alerta a los movimientos por la tierra y territorio, y todos quienes defienden los derechos humanos y aspiran a una sociedad plural. 1) la concepción caduca del territorio como exento de autoridades propias, tradicionales o ancestrales, y su consecuente, intervención e imposición de categorías patrimoniales y nacionalistas; 2) el no reconocimiento consecuente de la deuda histórica de las reformas o políticas agrarias que distribuyeron tierras a propietarios ajenos a los territorios; 3) la subordinación estatal y gubernamental a planes regionales que permiten el libre mercado y a extracción de recursos naturales y materias primas de los territorios; 4) las relaciones de poder que se gestan en el ámbito institucional, público y privado, y en la disputa de recursos de la cooperación internacional; 5) el desprestigio estatal del activismo urbano por la ecología y los derechos de los pueblos indígenas, que en sus expresiones más extremas judicializa y asesina a jóvenes; 6) la reproducción estatal del colonialismo epistemológico que distancia activistas urbanos de líderes y poblaciones indígenas, atribuyendo a unos el conocimiento (estrategia política y discurso) y a otros el seguidismo; 7) la división y paralelismo organizacional, basado en la compra de dirigentes y líderes indígenas.

Pese a toda esta emboscada discursiva, mediática, política y en muchos casos militar, las solidaridades urbano-rurales están presentes en toda la región. No sólo en el esquema asistencialista, sino en la interpelación profunda de miles de jóvenes que ven en el campo, alternativas como la agroecología para la subsistencia, pero también, alternativas en la forma de ejercer gobiernos y generar liderazgos. La plurinacionalidad es hoy, un discurso para unos, un desafío a realizar para otros y debe ser una aspiración para todos.