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  • La empresa estatal YPFB incursiona en la búsqueda de hidrocarburos en zonas no tradicionales, como las cuencas de la Amazonía boliviana, y abre sus puertas al uso del fracking para extraer gas no convencional.
  • El uso de la fractura hidráulica, considerada una técnica de extracción altamente invasiva, crece en Latinoamérica a pesar que científicos y ambientalistas advierten de su alto impacto ambiental, de los daños a la salud y del costo.
  • El convenio firmado entre la empresa estatal YPFB y la canadiense Cancambria Energy Corp busca explorar el potencial de gas no convencional en Miraflores, área que ocupa una parte del chaco de Chuquisaca y de Santa Cruz.

Bolivia ha decidido incursionar en la exploración de las reservas de gas no convencional que tiene el país. Esta noticia fue anunciada por el gobierno, en abril de este año, cuando firmó un convenio con la empresa canadiense Cancambria Energy Corp en el foro “Inversiones Gas y Petróleo Tarija 2018”.

Lo siguiente que dijeron fue que usarían el fracking o fractura hidráulica para extraer el hidrocarburo. Frente a este escenario, ambientalistas y expertos reaccionaron advirtiendo de los posibles impactos al medio ambiente y a la salud de una técnica que consideran altamente invasiva.

Los nuevos planes de explotación energética del gobierno no eran una novedad para los bolivianos. En enero de este año, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, como preludio a la inminente incursión del país en la explotación con la técnica del fracking, dijo con ánimo optimista que la empresa francesa Beicep Franlab —que brinda soporte técnico en exploración a la estatal petrolera desde 2014— daba “una estimación de 130 trillones de pies cúbicos en todo el país en recursos convencionales, mientras que en no convencionales esta estimación se estaría multiplicando en casi cinco veces más”.

El director de YPFB y el director ejecutivo de Cancambria firman el convenio para la exploración de gas no convencional. Foto: YPFB

Luego Sánchez dio algunas pistas más de cómo se perfila geográficamente la política extractiva de Bolivia. Precisó que “ha habido un cambio en la exploración del país” y que ahora no solo concentrarán sus actividades en el Sub Andino Sur (desde Villa Montes hasta Camiri), sino que también buscarán recursos convencionales y no convencionales en el Sub Andino Norte (los bloques Madidi, Chispani, Chepite, Sécure y Lliquimuni), en Madre de Dios (Amazonía), en el Pie de Monte y la Llanura Chaqueña.

El convenio firmado entre la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la canadiense Cancambria Energy Corp es para explorar el potencial de gas no convencional en el sur de Bolivia, exactamente en el área de Miraflores, que está situada en el chaco de Chuquisaca y parte de Santa Cruz.

El investigador y biólogo boliviano Marco Octavio Rivera resaltó el “enorme impacto” que tendrá en la biodiversidad chaqueña el uso del fracking, sin contar el costo económico que tendrá esta operación, considerando que gran parte de dichas reservas están en una zona con poca disponibilidad de agua.

“Si los impactos ambientales de explotar el gas son ya altos, los impactos del fracking podemos multiplicarlos por cinco o por diez”,  advirtió.

Fracking: ¿Un salvavidas para la economía boliviana?

El fracking o fractura hidráulica es una técnica que permite explotar el gas natural o petróleo de esquisto (shale gas shale oil por sus nombres en inglés) atrapado en arenas compactas o formaciones rocosas que dificultan su extracción. Lo que se hace entonces es taladrar verticalmente bajo tierra (de 1000 a 5000 metros) y luego horizontalmente (de 1000 a 4000 metros) para inyectar a muy alta presión un fluido que ayuda a fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos que almacenan. El fluido está compuesto por una mezcla de agua, arena y diferentes químicos contaminantes.

Este fluido que luego regresa a las fuentes de agua utilizadas inicialmente, es uno de los puntos que más preocupa a los expertos. Claudia Velarde, abogada del Programa Agua Dulce de AIDA, le explicó a Mongabay Latam que este líquido puede afectar la salud de las poblaciones cercanas a las áreas de explotación, porque se inyectan entre 9 y 29 millones de litros de agua que, tras el fracturamiento, regresan cargados de sustancias tóxicas.

“Se da una competencia por el agua con las comunidades cercanas, tanto por los millones de litros que se les quita, como por la contaminación de sus fuentes de agua”, sostiene Velarde. Y no es la única que lo dice, la mayoría de expertos y ambientalistas que se han pronunciado sobre este tema resaltan las consecuencias de la contaminación de las fuentes de agua.

La pregunta que surge entonces es: ¿Por qué apostaría Bolivia por una técnica tan cuestionada?

Entre 2009 y 2015, la producción hidrocarburífera de Bolivia representaba el 50 % de los ingresos de las exportaciones. El 84 % de las reservas de gas natural eran vendidas a Brasil y Argentina. Para tener una idea más clara, en esos años: la producción se incrementó en más de un 20 % y la renta hidrocarburífera aportaba una tercera parte de los ingresos corrientes del Tesoro General de la Nación. Un panorama que parecía entonces prometedor.

Pero en el 2016 el escenario comenzó a cambiar. El campo San Alberto —uno de los tres más grandes de Bolivia— empezó a declinar y a esto se sumó la caída del precio internacional del petróleo.

Bolivia entró en un déficit fiscal que se prolongó a lo largo de los años 2015, 2016 y 2017, precisa Raúl Velásquez de la Fundación Jubileo. A esto se sumó que, en 12 años, la estatal YPFB no encontró otro megacampo como el de San Alberto y el gobierno destinó parte importante del ingreso por hidrocarburos a bonos de ayuda social, como el Juana Azurduy destinado a las mujeres embarazadas.

El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo explicó a Mongabay Latam que entre 2015 y 2017 bajó la producción de gas natural en más del 7 %, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y el gobierno entró en una suerte de “desesperación” para cubrir ese déficit, señala Velásquez, por lo que empezó a incrementar la explotación en los campos Sábalo y Margarita (situados en el departamento de Tarija).

Pero sabían muy bien que ese era solo un paliativo, porque la sostenibilidad de las reservas de hidrocarburos estaba en juego.

Una de las consecuencias que resaltan los expertos de este intento por buscar nuevas salidas, es que el gobierno comenzó a ampliar su ámbito de acción y explotación hacia las áreas protegidas y territorios indígenas. Y, ahora, ha sumado la exploración de gas no convencional que derivará en el uso de la fractura hidráulica o fracking en su etapa de explotación.

“Esto significa la amenaza y la sentencia de muerte a pueblos indígenas altamente vulnerables y a nuestra gran biodiversidad de flora y fauna que encierran las áreas protegidas y territorios ancestrales de pueblos indígenas”, dijo a Mongabay Latam el indígena uchupiamona Alex Villca, cuya comunidad se ubica en el Parque Nacional Madidi, una de las regiones amazónicas incluidas en las nuevas áreas de exploración.

De las 36 nacionalidades indígenas reconocidas en la Constitución Política del Estado, 34 habitan en las tierras bajas de la Amazonía y en el Chaco. Vilca por eso resalta su “alto grado de vulnerabilidad” porque sostiene que estarían “condenados al genocidio y etnocidio”.

La amenaza del fracking

La explotación de los hidrocarburos no convencionales es técnicamente más difícil, tiene un costo económico elevado e implica mayores riesgos ambientales y para la salud, según AIDA. “Estos impactos están probados por investigaciones científicas”, afirmó a Mongabay Latam Claudia Velarde, abogada del Programa Agua Dulce de AIDA.

Es una técnica experimental, contaminante, riesgosa y costosa” y el impacto es grande si se trata de áreas protegidas o territorios indígenas, agregó la experta.

Estados Unidos es el pionero en el desarrollo del fracking y, desde 2007, ha multiplicado su extracción de gas natural de esquisto, un tipo de roca con muy baja permeabilidad. Ello ha incrementado los daños y riesgos para la salud humana, el ambiente y las economías locales en ese país, señala el informe de AIDA. Algo similar pasa en Canadá, México y el Reino Unido.

Protesta contra una compañía que explora las oportunidades de fracking cerca de la Primera Nación Elsipogtog en New Brunswick, Canadá. La policía allanó el campamento de protesta en octubre de 2013, arrestando a 40. Foto: Belinda Levi.

En los últimos cinco años ha tomado mucha fuerza el uso del fracking en la región, principalmente en Argentina, México y Chile. En Colombia existen seis bloques en exploración de hidrocarburos no convencionales y se iniciará la explotación a pesar de la resistencia de las poblaciones locales, indígenas y la población civil. En Brasil y Bolivia se inició la exploración.

AIDA, que integra la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, advierte que el avance de la fractura hidráulica en la región se hace a ciegas, porque no se sabe si en verdad existen las reservas de hidrocarburos no convencionales que se proyectan y se desconocen los alcances de los impactos ambientales y sociales.

Y el panorama empeora porque, hasta la fecha, ninguna experiencia muestra que existan medidas efectivas para prevenir o mitigar los impactos, señalan en AÏDA.  

Por eso hay países y estados que han preferido cerrarle las puertas al frackingEn Francia, Escocia y Holanda hay prohibiciones o moratorias a esta actividad con base en el principio de precaución. Lo mismo ocurre en estados como Nueva York, Maryland y Vermont en Estados Unidos y en la provincia de Quebec en Canadá. También más de 50 municipios de Argentina, Brasil y Uruguay han prohibido el fracking en sus territorios, basándose, en muchos casos, en los riesgos y posibles daños graves e irreversibles.

A pesar de este clima de incertidumbre que rodea el uso de la fractura hidráulica, el ministro boliviano de Hidrocarburos se mostró confiado y minimizó el impacto. Dijo a los periodistas, en marzo de este año, que había visitado una de “las exploraciones más importantes del mundo del shale gas y del gas oil donde no se tiene esa concepción”. Pero un mes después, tras la ola de críticas, Sánchez se vio obligado a decir que con el uso de tecnología de punta se podría reducir al mínimo el impacto ambiental durante la exploración y explotación de reservorios no convencionales.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Sanchez, durante la presentación pública del informe de la gestión 2017. Foto: YPFB

Para el analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, el gobierno boliviano debería concentrarse en aprovechar las reservas convencionales que ya tiene detectadas. “Hay experticia para buscar el convencional con eficiencia en costos y manejos ambientales. Deberían enfocarse en esto, antes de aventurarnos en la búsqueda de no convencionales que tienen altos impactos y costos”, manifestó Velásquez.

El 22 de abril, más cauto sobre la búsqueda de estos recursos no convencionales, Sánchez dijo: “Estamos dando un paso de evaluación para saber cuántos recursos tenemos. Si económicamente es viable desarrollarlos. Si existen mercados para este tipo de recursos, cuáles son sus precios, si existe un impacto ambiental para su explotación. Todas esas variables las vamos a trabajar”.

Los primeros pasos

El director ejecutivo de la canadiense Cancambria Energy Corp destacó —en el foro “Inversiones Gas y Petróleo Tarija 2018”— la experiencia de su empresa, que en las tres últimas décadas ha estado involucrada “en la exploración y el desarrollo de estas tecnologías hidrocarburíferas en distintas partes del mundo”. Y agregó que esperan trabajar de la mano con YPFB Chaco para poder “entender mejor la naturaleza y la distribución in situ de los recursos de gas natural y así poder asistir en el descubrimiento y en el  desarrollo”.

El director ejecutivo de la canadiense Cancambria Energy Corporation. Foto: YPFB

En el mismo evento, el ministro de hidrocarburos señaló que “aplicando la mejor tecnología existente” se iniciará la fase de prospección de hidrocarburos a gran escala. Aunque remarcó que se hará “una vez se explore y explote, de manera prioritaria, los 132 TCF visualizados en sistemas petroleros convencionales” y que el gobierno espera convertir en reservas.

La ampliación de la frontera hidrocarburífera alcanza ya a las tierras bajas de la Amazonía, y esto se suma a la explotación minera, a los grandes proyectos de infraestructura como carreteras, hidroeléctricas y megarrepresas, además de las políticas que promueven los agronegocios. Para la investigadora y activista ambiental Cecilia Requena, el discurso en espacios internacionales del presidente boliviano, Evo Morales, en el que resalta la importancia de respetar la madre tierra, dista mucho de su política extractiva interna.

Requena sostiene que el gobierno viola constantemente los derechos de los pueblos indígenas en todo el país y el derecho de toda la ciudadanía boliviana a un medio ambiente sano establecido en la Constitución Política del Estado boliviano.  

“El gobierno de Evo Morales, que se presenta internacionalmente como defensor de la Madre Tierra, quedará en la historia de Bolivia como el régimen que promovió el extractivismo radical y devastador, que no se detiene ante tecnologías especialmente peligrosas como el fracking o la energía nuclear, y ni siquiera ante territorios indígenas y áreas protegidas vitales para equilibrios ecológicos como la provisión de agua para el territorio nacional”, dijo a Mongabay Latam.

Un futuro incierto

Promover el fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales es una mala decisión climática, política, social y ambiental, según AIDA, porque profundiza la dependencia en los combustibles fósiles y malgasta los esfuerzos y recursos que deberían dirigirse al desarrollo de las energías renovables.

Según AIDA, en todos los países hay movilizaciones porque los gobiernos optan por un beneficio económico a corto plazo y sin preguntar a las comunidades locales si están de acuerdo o no. “Es un tema político muy grande. No toman en cuenta las movilizaciones sociales. Pero hay victorias. Algunos gobiernos locales plantearon prohibiciones y moratorias o declararon a sus territorios libres de fracking”, remarcó la abogada del Programa Agua Dulce de AIDA.

En tanto los indígenas guaraníes del Chaco, donde hay explotación hidrocarburífera, señalaron que recién analizarán el tema. Y en el caso de las comunidades de Tariquía si bien rechazan el fracking, precisan que por ahora su prioridad es resistir al ingreso de las empresas que recién firmaron contratos de exploración en los pozos de San Telmo y Astillero que están en esa reserva.

Lo que se sabe es que si la exploración es exitosa, según expresó Raúl Velásquez de la Fundación Jubileo, llevaría entre 10 a 12 años poner en operación el área de Miraflores. Es decir, la explotación del gas no convencional por medio del fracking en esta región boliviana comenzaría pasado el 2030.

Por lo tanto, para la experta de AIDA, la sociedad civil está a tiempo de vigilar que se garanticen los derechos fundamentales de las personas y la preservación del ambiente. “Depende de la sociedad civil posicionar la información necesaria, estamos en el momento de actuar”, puntualizó Velarde, quien recomienda la aplicación del principio de precaución ante la incertidumbre científica y el riesgo de los daños graves e irreversibles para la salud y el medio ambiente.

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