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Una buena noticia en estos tiempos tan duros de regresión política y social en America Latina debe ser siempre celebrada e impulsarnos a las buenas luchas.

La noticia viene de Paraguay, donde se inicia un nuevo gobierno nacional bajo el Partido Colorado. En 17 de septiembre se aprobó la Ley Marco de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Derecho a la Alimentación, después de casi 5 años de discusiones, y fue remeitida al ejecutivo.

Entre sus principales objetivos se pueden destacar: garantizar la disponibilidad y el acceso permanente y suficiente a alimentos inocuos, nutritivos y que respeten a la cultura, a las tradiciones y a loas costumbres de los pueblos y comunidades; fortalecer los modos de producción familiar y comunitaria de alimentos y el rescate y preservación de los alimentos tradicionales y de los saberes ancestrales; mejorar las condiciones de salud y nutrición mediante la educación alimentaria , nutricional y de los estilos de vida saludables; garantizar la participación efectiva de las comunidades y organizaciones en la implementación de las políticas; garantizar acciones específicas para la población en situaciones de riesgo.

La estrategia de implementación de la Ley establece la creación de un sistema nacional con participación social conformado por instancias interministeriales e de articulación federativa con departamentos y municipalidades, una conferencia pública trienal y un plan nacional. Establece ademasún la creación de un fondo nacional específico para financiar emprendimientos estratégicos de la agricultura familiar mediante transferencias a organizaciones sin fines de lucro y para reparar, restituir e indemnizar a personas o grupos víctimas de violaciones del derecho humano a la alimentación adecuada.

El sistema deberá impulsar e integrar las políticas de protección y de inclusión económica dirigida a la población en situación de mayor vulnerabilidad; implementar políticas específicas y diferenciadas construidas en diálogo con los pueblos indígenas y los campesinos; implementar programas que promuevan la producción agroalimentaria sustentable y la comercialización, incluyendo programas públicos de adquisición de alimentos producidos por la agricultura familiar en conformidad a las características de los campesinos e indígenas; implementar acciones para la protección y recuperación de la agrobiodiversidad y del medio ambiente; diseñar e implementar acciones de protección y fortalecimiento de los saberes alimentarios tradicionales, como bancos de semillas autóctonas y tradicionales; garantizar mecanismos de acceso a la tierra, hábitat y vivienda; incluir en el sistema educacional los conocimientos relacionados al derecho a alimentación y servicios de atención nutricional; implementar un sistema de reserva nacional de alimentos, a través de depósitos públicos de alimentos de producción local para garantizar la disponibilidad y hacer frente a situaciones de escasez, especulación o emergencias; ejecutar una política antimonopolio que garantice la competencia en el mercado, y prevenga y sancione el incremento artificial de precios de alimentos; e implementar mecanismos de producción de datos estadísticos sobre la situación alimentaria y nutricional de la población.

Como se puede ver, una ley ambiciosa que inscribe en el marco legal del país el reconocimiento adel derecho humano a la alimentación adecuada y que incluye varios de los temas que hacen parte de la agenda de la soberanía y de la seguridad alimentaria y nutricional. Una ley que guarda similitud con las proposiciones de los movimientos sociales e incluso innova en relación a las experiencias desarrolladas en países de America Latina impulsadas por la cooperación brasileña en conjunto con la FAO y por la Reunión Especializada sobre la Agricultura Familiar del MERCOSUR.

Lo que no es mera coincidencia, sino pero resultado de la sinergia entre la dinamia internacional y la nacional.

El origen de esta Ley es una propuesta formulada en 2012, en el ámbito de la cooperación con la FAO y del intercambio regional, que fue presentada en 2013 por el Frente Guasú, una coalición de partidos de izquierda y centro izquierda formada luego del golpe contra el presidente Fernando Lugo. Esta propuesta reflejaba una posición programática y la experiencia desarrollada desde mediados de la década de 1990 a partir de los compromisos internacionales asumidos por el país a cerca del derecho humano a la alimentación adecuada y que se expresaron resultaran en innovaciones en el marco institucional y en políticas públicas, como la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza (2006) y el Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentar de Paraguay (2009).

Estos compromisos repercutieron sultaran en recomendaciones internacionales para que el Estado paraguayo estableciera un marco legal sobre el tema, que fueran emanadas del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, el órgano-clave para la discusión y tomada de decisiones sobre temas de seguridad alimentaria en las Naciones Unidas, y del trabajo de los relatores especiales sobre los derechos humanos. Al mismo tiempo, se ha incrementó ado la presión social sobre el gobierno y sobre los propios foros internacionales para que los compromisos firmados fueran concretados, bajo el impulsoada porde la Vía Campesina y por del Comité Internacional de Planificación de la Soberanía Alimentaria (CIP), que congrega movimientos y organizaciones sociales de varios países.

La aprobación de esta nueva ley en el marco del nuevo gobierno nacional dirigido por el Partido Colorado tiene una dimensión contradictoria. El tema no apareció en el proceso electoral y no tiene centralidad en agenda del gobierno. Sin embargo, la gravedad de la situación de la pobreza y de la inseguridad alimentaria en el país, expresada por el hambre y la mala alimentación y sus efectos sobre la salud, se vuelven cada vez más claros. Cabe Se debe recordar las marchas campesinas a la capital Asunción, algunas en conjunto con el sector cooperativo, que han revelaron do la gravedad de la situación y que lograraon la aprobación en agosto de 2017 de la Ley 5888/2017, que declara en Emergencia Nacional a la Agricultura Familiar Campesina en todo el país.

El modelo de desarrollo paraguayo – concentrado en las exportaciones de soya, carne y energía y dependiente de inversiones extranjeras – ha sido criticado por diferentes actores por su incapacidad parade superar la pobreza y las profundas desigualdades sociales.

El país ha redujocido la pobreza de 57,7% en 2002 para 26,4% en 2017, lo que corresponde implica a 1.8 millones de personas, de las cuales más de la mitad se concentra en la área rural, principalmente en cinco departamentos. Este contexto ahora convive con el incremento de las importaciones de alimentos y con el aumento de la inflación de los alimentos que presionan los salarios e impactan negativamente la situación social que ya es grave.

Comparten de esta criítica al modelo de desarrollo adoptado en Paraguay no sólo partidos de oposición, sino pero también parlamentareios del oficialismo, movimientos sociales, intelectuales y organismos internacionales, como el Banco Mundial, el FMI y la OCDE. Incluso Hasta mismo el plan del gobierno recién presentado afirma que son inaceptables los niveles de pobreza y de desigualdades existentes y que se hace necesario impulsar un crecimiento económico inclusivo y mantener las políticas sociales, pero con un foco en lo que denomina como “la pueorta de salida” de los programas de transferencia de ingreso.

A pesar de En que pese la clara necesidad de tomar medidas urgentes dirigidas a mejorar la situación de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, hasta el momento el gobierno no ha anunciado ninguno cambio expresivo en la política económica y tampoco innovaciones en las políticas sociales, y no ha divulgado la agenda legislativa que priorizará. El gobierno se iniciaó con un Plan de 100 días que no ha tenido la visibilidad que se esperaba y con la presentación de una propuesta de presupuesto que indica más señales de continuidad que y menos de cambio en relación al gobierno anterior. El contexto externo desfavorable, los impactos de las criseis brasileña y argentina y las restricciones fiscales limitan aún más el horizonte del nuevo gobierno.

Una explicación preliminar para la aprobación de la Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Derecho a la Alimentación puede ser el ambiente político enmarcado por tensiones al interior del Partido Colorado resultantes de la disputa entre el grupo vinculado al ex-presidente Cartes y el grupo recién constituido por el presidente Mario Abdo Benítez, heterogéneo y con baja organicidad, que resulta en instabilidades y dificultades para consolidar una mayoriía parlamentaria.

Estas condiciones, asociadas al interese del gobierno en presentar señales positivas de la nueva gestión y sobre sus compromisos en los temas sociales, abren oportunidades para iniciativas que ya estaban constituidas y que cuentan con alguna sustentación política. Esto parece ser el caso de la Ley, pues su aprobación contó con ela respaldo actuación de parlamentarioes del Partido Colorado, del Frente Gasú e del Partido Liberal, coordinados por ela Frente Parlamentarioia contra el Hambre dirigidao por una parlamentaria del oficialismo. E igual Y lo mismo parece ser lo que ha pasado en el caso del lanzamiento de una propuesta para la implementación de un sistema nacional de protección social.

Ahora que la ley fue aprobada se abre un nuevo campo de disputa para su implementación, en el plano de su reglamentación por el elo poder ejecutivo y de su legitimación social. Se trata de un momento importante para aprovechar todo el potencial de esta ley para legitimar las demandas de los movimientos sociales y todo un conjunto de políticas públicas diferenciadas que fortalezcan la agricultura familiar campesina y a los pueblos indígenas, integrando las acciones de apoyo a la producción sostenible con las acciones de protección social y de promoción de la seguridad alimentaria.

 

Caio Galvão de França es mestre en Sociología, Brasil

25 de septiembre de 2018

 

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