Desde hace más de dos meses del 2012, las 200 familias del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil que viven en el campamento Frei Henri sufren ataques diarios de una milicia armada.
"Aquí ellos usan balas, lanzan bombas, nos atormentan por las noches, sin dejarnos dormir, poniendo uno de esos faros potentes como los que se utilizan en los campos de refugiados. Este faro es un verdadero terror, ilumina todo el campamento. Con él consiguen tener un una buena visión y cuando sueltan las bombas, disparan tratando de alcanzar a la gente en el campamento", explica uno de los acampados, Carlos Dian.
Para la dirigente educativa en Pará Maria Raimunda, las familias del campamento Frei Henri viven una situación de guerra permanente. Los ataques con balas también se producen durante el día. Los pistoleros, además, amenazan de muerte a los acampados cuando están en el camino o alrededor de la granja. Algunos comerciantes deCurionópolis y Parauapebas, que proporcionan alimentos a las familias acampadas, también han sido amenazados por los pistoleros.
Según los sin tierra, hay informes de que los hacendados de la región contrataron a un grupo de sicarios para asesinar a tres dirigentes del MST en el Estado, debido a la ocupación de esta finca.
El acampado João Melo cuenta que las familias se enfrentan a la violencia de los hombres armados desde el momento de la ocupación, pero que la situación se agravó cuando los campesinos sin tierra comenzaron a cultivar. "Empezamos a preparar la tierra y, después de las elecciones, cuando volvimos para sembrar no nos dejaron trabajar."
Entre el 9 y el 11 de octubre del 2012, los pistoleros, que están atrincherados en la casa principal de la hacienda, a unos 500 metros del campamento, hicieron un nuevo ataque contra las familias en un intento de realizar un desalojo forzoso. "Ese fue el momento más tenso, cuando mandaron a esa milicia armada para desalojar a las familias de Frei Henri. Es un ejercicio de nazismo. Mantenían durante toda la noche una sirena conectada para que las familias permanecieran despiertas, disparando, tirando bombas e iluminnado el campamento con el faro", recuerda el líder del MST en Pará, Charles Trocate.
El MST denunció los ataques de las milicias armadas a la policía local, a la justicia y al Tribunal Agrario de Pará, y pidió la intervención de la Policía Nacional o Federal para proteger a las familias acampadas, pero, hasta hoy, sus reivindicaciones no han sido atendidas. Los sin tierra también exigen la asignación de esta finca para la reforma agraria, ya que, según el dictamen de la Justicia, el área debe ser de uso público.
Los sin tierra también se quejan de que la dirección del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria(INCRA) desprecia las reivindicaciones del MST y no tienen interés en mitigar el conflicto y solucionar legalmente el asentamiento de las familias acampadas. Para el MST, la inspección y la expropiación de las fincas ocupadas no avanza hasta ahora porque hay connivencia de sectores del INCRA con los grandes propietarios de la región. La paradoja es que la función del INCRA es evitar estos conflictos por la tierra con la aplicación de la reforma agraria.
Debido al constante estado de terror y acoso algunas familias abandonaron el campamento. Pero la mayoría de campistas sigue resistiendo y se compromete a permanecer en la finca hasta la conquista del asentamiento. Hasta el momento, nadie resultó herido.
A pesar de la tensión y del miedo, las familias están sembrando cultivos de subsistencia y hortalizas. Los sin tierra también han construido una escuela primaria, que funciona como un anexo de una Escuela Municipal de Curionópolis en la que los educadores del campamento mantienen la enseñanza de 1 º a 4 º grado.
Una historia de violencia
La violencia de las milicias armadas organizadas por los finqueros no es nueva en el Estado de Pará. Más bien, ha sido una práctica constante, que se utiliza desde hace muchos años por personas que contratan a matones para acaparar tierras públicas y reclamar luego su propiedad.
El 21 de junio de 2012, cerca de 1.000 campesinos sin tierra que realizaban un acto para denunciar el uso de pesticidas y la ocupación ilegal de tierras públicas en frente de la hacienda Cedro, en Marabá, fueron atacados por hombres armados pagados por el banquero Daniel Dantas.
En el ataque, 16 trabajadores del campo fueron heridos de gravedad. La zona es parte del complejo de 56 fincas de la Agropecuaria Santa Bárbara Xinguara, que concentra 600.000 hectáreas de tierra en el sur de Pará.
La hacienda Cedro fue ocupada en 2010 por 240 familias del MST, que deben seguir en la zona hasta el final del proceso judicial en el que se dirime la propiedad de la tierra. Esta hacienda es parte de un embrollo legal que involucra al Estado, la familia Mutran y al Santa Bárbara, propiedad del banquero Daniel Dantas, investigado por la Policía Federal bajo sospecha de malversación de fondos públicos, corrupción y blanqueo de dinero.
