fbpx
VISITA NUESTRO
NUEVO SITIO WEB

 

 

 

 

Posts @IPDRS

A más de un mes de haber recibido una solicitud para brindar sus garantías en seguridad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de las familias Yanesha y Asháninka de la Comunidad Nueva Austria del Sira, distrito y provincia de Puerto Inca en Huánuco.

La decisión que fue publicada el pasado 6 de noviembre en la Resolución 57/2019 señala además que el gobierno del Perú debe adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las familias afectadas.  

«Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por las partes, la Comisión considera, desde el estándar prima facie aplicable, que las familias de la Comunidad Nueva Austria del Sira se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable», explica en un comunicado la CIDH.

Como se recordará, el pasado 24 de setiembre la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, le solicitó a la CIDH la aplicación de medidas cautelares a fin de salvaguardar la integridad de los comuneros que venían siendo afectados por la presencia de terceros “invasores” en esta zona.

Las amenazas que vendrían sufriendo los indígenas de las familias Yanesha y Asháninka se presentaron a raíz del proceso de reconocimiento y titulación de la comunidad, detalla la resolución oficial.

Como parte de las pruebas, la CIDH considero una serie de actos de amedrentamiento contra los indígenas en la zona. «En el asunto, la Comisión valoró la seriedad de las alegaciones que incluyen un intento de asesinato del presidente de la comunidad, el secuestro del vicejefe de la comunidad, y agresiones a comuneros de parte de terceros considerados “invasores”», agrega el órgano principal del Organización de los Estados Americanos (OEA)

Por otro lado, la CIDH advirtió que al otorgar esta medida cautelar no se busca generar una postura marcada ante el sistema interamericano, el mismo que deberá revisar una eventual petición a raíz de las violaciones por los derechos protegidos en la Convención Americana.