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Foto: Agencia EFE

El modelo neoextractivista que gobierna al Uruguay (al igual que en Chile) se comenzó a gestar en la dictadura cívico-militar. En la transición democrática la extranjerización abarcaba el 10% de la tierra productiva y se instaló apenas una sola Zona Franca. El Frente Amplio recibió de los partidos tradicionales un país con menos del 20% de la tierra extranjerizada, llegando la extranjerización al fin del ciclo progresista al 40% y a contar con 15 Zonas Francas.

A partir de la caída de los precios de la soja (año 2014) comienza un proceso que se llamó oficialmente de “desaceleración de la economía”. Situación que explotó en enero de 2018 en el medio rural, con una protesta policlasista inédita de distintos sectores del agro y de las economías del interior. La derecha capitalizó el descontento y derrotó por poco margen al progresismo, interrumpiendo a partir de marzo del 2020 un ciclo de tres períodos de gobiernos del Frente Amplio.

Los sectores ligados a la exportación pedían la suba del dólar,  los productores rurales de distinta escala rechazaban los aumentos de precios de las tarifas y el combustible. “Un Solo Uruguay” era el lema de la protesta autoconvocada, lo que significaba que el progresismo y el sistema político en su conjunto deberían tener la misma política de promoción del sector agropecuario y de la economía del interior del país que estaban teniendo con la multinacional UPM para que instale una tercera  pastera de celulosa en el país. La ilusión de los peces chicos de tener las mismas condiciones que  los que le devoran la tierra, el agua, el trabajo, el espacio económico que precisa un país para funcionar.

El último gobierno frenteamplista ofreció condiciones especiales para que se instalara el mayor enclave de monocultivos comerciales del país, y de producción industrial de celulosa de la región, aunque en régimen de Zona Franca (donde no rige la soberanía nacional). ¿Cuales eran esas condiciones que firmó el gobierno de Tabaré Vázquez secretamente en el año 2017? Una inversión estatal de 4.624 millones de dólares (que sigue en aumento) a cambio de que esta empresa finlandesa empuje del carro contra la “desaceleración” de la economía uruguaya. Estimando los puestos de trabajo que se prometen desde el gobierno (unos 8 mil) con la instalación de UPM2  se calculó en 1,1 millones de dólares el costo que cada puesto de trabajo tendría para el Estado uruguayo. [1]

A su vez la crisis desaceleración-pandémia del Uruguay nos recuerda que estos ciclos se repiten, que la acumulación capitalista en las crisis coyunturales da dos pasos hacia adelante, cuando (por ejemplo el mes pasado) dos fondos de inversión norteamericanos se compraron y vendieron entre sí 35 mil hectáreas de tierras y montes artificiales por 120 millones de dólares.

El anterior partido gobernante suplicaba para ser superexplotado, dada la desaparición de 50 mil puestos de trabajo y con el riesgo de perder las elecciones nacionales entregó condiciones generosas a UPM, lo que lejos de ayudarle a retener el gobierno fue un factor de descontento electoral.

Pero lo cierto, es que el neoextractivismo en Uruguay necesita también a la fracción progresista del sistema político para que en los momentos de bonanza afloje un poco la cincha (con políticas sociales y moneterias), así como necesita a la derecha en momentos de estancamiento, recesión y desaceleración para ajustarla.

En este sentido es que el sistema de partidos conforma desde los gobiernos un “partido único”. Con dos caras, pero unidos en torno del tema del extractivismo celulósico-forestal desde la Ley Forestal de 1987 (votada por todos) hasta la actualidad.

Es una “marca país” según lo declaró el actual presidente Luis Lacalle (hijo del presidente neoliberal de 1990-1995), junto a la seguridad jurídica, el respeto a los contratos y la previsibilidad de las reglas de juego del estado de derecho.

O sea que más allá de las retóricas campañas electorales, donde el ambientalismo y el antilatifundismo reditúa algunos votos para marcar perfiles simbólicos propios en el epectro derecha-izquierda, en momentos de asumir el gobierno se utiliza la lógica de “partido único” para sostenter la “republiqueta bananera” (nada excepcional en Nuestramérica), a la que hemos bautizado desde los movimientos sociales como país de los troncos.

El país vende troncos. Al cruzar la alambrada de ingreso a las tres plantas de celulosa los troncos de los eucalyptus están saliendo de Uruguay, exportados a una Zona Franca. No es cierto que el Uruguay exporte celulosa, lo hacen las multinacionales extranjeras radicadas en una zona liberada de impuestos emplazada en el territorio uruguayo. El Uruguay primariza y reprimariza su economía y su dependencia del mercado mundial de las commodities. O sea que la propaganda oficial de un país “agrointeligente” genera algunas dudas.

Paradójico ¿no?. ¿Cómo es posible que la Bolsa de Chicago haga “desacelerar la economía” y la solución de los políticos sea arrodillarse frente a las multinacionales para volver a otra “Bolsa de Chicago” pero cada vez más dependientes?. La gran idea que plantean es expandir la primarización de la economía, contraer más deuda externa, ajustar la explotación de personas y recursos naturales, o sea sentar las condiciones para que el ciclo de la crisis regrese una y otra vez.

Y así aunque los políticos pierden elecciones por no poder ocultar las fragilidades del modelo,  no quieren aprender que la solución no es maquillarlo sino superarlo. Hay quiénes dirán que no se puede, así como hay quienes plantearán soluciones mágicas para superarlo.

Pese a que resistimos la megaminería a cielo abierto, efectivamente la matriz productiva se diversificó: en vez de tener solamente el latifundismo ganadero, tenemos el hidronegocio, el agronegocio sojero y el de monocultivos de árboles exóticos.

El pasado 7 de abril en un debate virtual sobre “Impactos sociales de la Forestación en Uruguay” [2] el vocero de las multinacionales del monocultivo de árboles y las plantas de celulosa señaló enfáticamente: “venimos a cambiar la historia”. La retórica del capital apunta a vendernos la imagen de un “mesianismo” desarrollista. Apunta a diferenciarse del latifundismo criollo, para crear un consenso en torno al humanismo de la tecnología de última generación y al capitalismo verde liderado por empresas emergentes.

Las certificaciones internacionales y las prácticas de responsabilidad empresarial son un botón de muestra de esta estrategia comunicativa de las multinacionales, que prometen que la calidad de la empresa colonizadora se va a ver reflejada algún día en la calidad de vida de la población colonizada.

Sin embargo, la violencia del régimen con sus facetas progres y derechistas, se contesta altamente con la autoeliminación: cerca de 600 personas por año en la última década. En 2019 la tasa de mortalidad de los suicidios fue de 20,55 cada 100 mil habitantes, o sea similar al primer año completo de supuestas muertes a causa de COVID 19. El suicidio es una epidemia estructural del Uruguay que ningún gobierno enfrentó decididamente.

No hay tapaboca, distancia social, ni alcohol en gel, para la epidemia del suicidio. El mensaje de “quédate en casa” de esta otra epidemia global significa: dejá tus problemas en tu casa, tus problemas son privados, son personales, el Estado no tiene nada que ver con las distintas violaciones a tus derechos, el Estado no es violento, el “ajuste” es necesario. Así que si te colgás de un árbol, le solucionás un problema al Estado, aunque seas un adolescente del interior del país que por más que mire al cielo no encuentra futuro.

En Uruguay, invertir en salud pública no sería solamente invertir en vacunas (adquiridas a multinacionales con contratos secretos). Sería mucho más necesario dejar instaladas mayores capacidades de cuidados intensivos (sobretodo en el interior y las zonas fronterizas) para las próximas generaciones, sería invertir en mejorar la nutrición de los niños, deportes, educación física y aumento de las autodefensas corporales. Sería urgente reconocer las otras epidemias de los uruguayos como la violencia doméstica (ya que 25 mujeres mueren por año por femicidios, llegando a una tasa de 1,4 cada 100.000 en los últimos años), el suicidio, la contaminación por exposición a agrotóxicos, así como trazarse estrategias que combinen salud y educación. Porque mientras la dimensión política del sexo, del alimento y del suicidio sigan siendo temas tabú, prohibidos en las escuelas y en los medios de comunicación no habrá inmunización de rebaño frente a estas otras violencias.

Violencia en las calles y violencia en las casas se combinan, por acción y omisión respectivamente en el estado policial que necesita el extractivismo. Tanto como necesita oxigenar al “partido único” liderado hoy en día por una fracción renovadora de los partidos de derecha que se pretende instalar en el largo plazo. Pero ¿cuales son las distintas tendencias en pugna y cuales sus alternativas?

Los dos demonios populistas

La capitalización del voto militar, del descontento del agro y de la población del interior (que no encuentran “el efecto derrame” de la extranjerización de la economía), permitió el despegue del populismo de derecha. El actual senador de la república Guido Manini Ríos fue un Comandante en Jefe del Ejército investido por iniciativa de los ex tupamaros Eleuterio Fernández Huidobro y José “Pepe” Mujica. [3]

Entre el 23 de enero de 2018 y octubre de 2019 Manini conformó un partido político que obtuvo 3 senadores y 11 diputados en las últimas elecciones, dando origen a un partido de derecha populista.

Al día de hoy además controla dos secretarías de estado (Salud y Vivienda). Mientras que en abril de 2021 José Mujica estaba pidiendo “toque de queda” y “medidas prontas de seguridad” para combatir la pandemia en Uruguay, Manini se horrorizaba y se pretendía convertir (discursivamente) en el ex-militar más democrático del país. Alimentando la confusión ideológica y diputándose el voto de los más desamparados.

Ambos (Mujica y Manini) fueron cómplices del ocultamiento reciente de las declaraciones de militares que torturaron y asesinaron a militantes sociales en la dictadura. Ambos mueven sus influencias para descalificar o remover de funciones a fiscales y jueces que avanzaron con las investigaciones en Derechos Humanos. Ambos son populistas.

Manini y Mujica son la personificación de la simplificadora “teoria de los dos demonios”, pero ahora reciclados como “populistas”, y le ofrecen “a clientes y amigos” la renovación partidaria que el Uruguay necesita: uno el populismo de derecha y el “Pepe” Mujica el populismo de izquierda.

Dos fracciones “renovadoras”

Luis Lacalle (hijo) es el portavoz de la renovación de los partidos tradicionales. Mientras pandemistas y plandemistas se enfrentan en una guerra civil (por Zoom o vivos) de carácter virtual, el novel presidente impuso durante el primer año de gobierno su programa político mediante un mecanismo de ley de urgente consideración previsto para situaciones excepcionales. Mientras que en las audiencias aumentaba el miedo por el COVID, él coordinaba todos los planteos de los grupos de interés resentidos con los 15 años del progresismo y los convirtió en legislación en 90 días. Construyó una coalición “multicolor” de partidos antifrenteamplistas y votó un presupuesto del ajuste en una cruzada libertadora contra el déficit fiscal.

Esa construcción pasó de ser una alianza electoral a cogobernar a partir de una distribución de cargos políticos en el Poder Ejecuivo que reflejara (matemáticamente) las preferencias expresadas en los votos. Juntaron votos, se disribuyeron los cargos, impusieron su programa de gobierno (punitivista y privatizador) con una Ley en 90 días, ajustaron el gasto público y aceptaron el liderazgo del Partido Nacional, o mejor dicho el liderazgo de Lacalle (junior): el presidente conocido en el mundo entero por surfear en la costa atlántica en el primer verano de la pandemia.

Y en el otro rincón, una de las fracciones renovadoras del Frente Amplio las encabeza Oscar “Boca” Andrade, obrero de la construccion y dirigente sindical. Tuvo el mérito de resucitar de entre los muertos a los votantes de uno de los pocos partidos de militantes políticos que quedan en Uruguay, a partir de una retórica basada en la profundización de los cambios realizados por el Frente Amplio y reclamados por la central sindical (liderada por el Partido Comunista).

Andrade se acerca pragmáticamente tanto con gestores de los gobiernos frenteamplistas que intentaron capitalizar sus años administrando cargos públicos, como con dirigentes sindicales de distintas tendencias sean más o sean menos frenteamplistas.

Si Lacalle le copia a Mujica su exposición desestructurada frente a los medios de comunicación, la voluntad de mostrar espontáneamente su vida cotidiana; Andrade en cambio tiene un discurso popular, menos impostado que Mujica, lo que lo convierte en un buen orador con mucho alcance en la clase trabajadora y en los sectores populares. Sin embargo más allá de las formas ha sido defensor del pragmatismo frenteamplista y de los acuerdos de la central sindical con la empresa  UPM. Por lo que la gran novedad de los renovadores (Andrade y Lacalle) estaría más bien en la forma y no tanto en el contenido de sus mensajes.

La “chilenización” de la politica

En octubre de 2019 los pueblos ecuatoriano, chileno y el boliviano se encontraron en las calles, reconsruyeron sus vínculos, se reconocieron en las luchas, bosquejando nuevos programas, mientras la represión azotó las calles. Esta “primavera andina” fue identificada en Uruguay como la “chilenización” de la política. [4]

5 meses antes de la entrada en la pandemia del COVID 19, en pleno período electoral se dejó de hablar de Chile como modelo económico a seguir en Uruguay, y se empezó a hablar de que había que evitar la chilenización de la política. Para unos había que evitar la chilenización del “arriba” (la represión callejera) en Uruguay, mientras que candidatos frenteamplistas prometían prevenir la chilenización del abajo.  En el imaginario político nacional Chile pasó de ser una receta aplicar a ser una epidemia subversiva a prevenir.

El COVID 19 reforzó este temor. Durante el comienzo del nuevo gobierno el Frente Amplio se comprometió a ejercer una “oposición responsable”. Esto implicó: aprobar algunas medidas de la derecha, controlar las “calles” promoviendo campañas de firmas para derogar un tercera parte de la Ley de Urgente Consideración impuesta y hacer propuestas inviables en esta coyuntura como la distribución de una renta básica universal para enfrentar las consecuencias sociales de la pandemia.

A su vez, el pensamiento oficialista de la pandemia y el negacionismo han fragmentado al campo popular en Uruguay. En ambos relatos se sobredimensiona el miedo. Tanto pandemistas como “plandemistas” quedan presos del monotemático registro de cantidad de contagiados, vacunados, muertos por COVID, o muertos CON COVID, muertos con vacunas o por las mismas.

La búsqueda de la “inmunidad de rebaño” despierta al pequeño fascista que todos llevamos dentro. La autodeterminación corporal lleva a un propietarismo o individualismo en “mis cuidados” que también despierta la xenofobia a favor y en contra de los que usan tapaboca, mascarilla o barbijo, o contra las supuestas “ovejas” que piden vacunas. Pero los dos extremos están cubiertos de miedo y agudizan la fragmentación de las luchas de los movimientos sociales, relegándolos a cada uno a quedarse en su planeta.

Otro eje de la fragmentación del campo popular en Uuguay lo constituyen los bloques electorales, fruto de una segunda vuelta reñida, que sacó a la luz un voto escondido del progresismo en los bordes del frenteamplista crítico y desencantado. Esto dejó instalado un escenario de debates hiper electoralizado con el que tiene que lidiar el bloque antisistema, ya que cada problema social puesto en las calles será interpelado como favorable al progresismo o la derecha.

Sin embargo el accionar autónomo que desborda la política institucional se puede percibir a la “uruguaya”, lentamente y sutilmente a partir de espacios colectivos que esquivan el muro de contención progresista para enfrentar las consecuencias sociales de la crisis (el hambre y el desempleo) y las imposiciones del gobierno de turno. Los hay en diversos centros estudiantiles, sindicatos, cooperativas de vivienda, en el ambientalismo, en los feminismos, en la comunicación alternativa, en las luchas por la tierra, por los derechos humanos, por la divesidad sexual, por la vivienda digna en los asentamientos y en las ollas populares.

Y aunque el reforzado aparato de inteligencia lo sabe e identifica a referentes activos para amedrentar y desmovilizar posibles “primeras líneas”, las dignidades se hacen camino al andar.


* Docente universitario y militante social.

[1] Yohai, W., “La entrega. El proyecto Uruguay-UPM”, MOVUS, 2019

[2] https://www.youtube.com/watch?v=qpBG1M9UzoA&t=7887s

[3] Ver: “La experiencia tupamara. Pensando en futuras insurgencias” de Jorge Zabalza (Letra Ñ, 2016), “Ay de los Vencidos. Testimonio político de un tupamaro” de Manuel Marx Menéndez (Aragón, 2017) y https://rebelion.org/el-voto-huidobro-en-la-segunda-vuelta/

[4] Ver: https://bloglemu.blogspot.com/2021/02/latinoamerica-sobrevuelo-por-un.html

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