Tribunal Constitucional Plurinacional confirma suspensión de medidas judiciales, incluido el mandamiento de aprehensión; Pradel califica de “cómplices” a los magistrados.
Después de 88 días de autoencierro en Trinidad-Bolivia, tanto Fernando Vargas como Adolfo Chávez y Pedro Nuny, dirigentes indígenas del Tipnis, salieron de la Subcentral Sécure, luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) admitiera el recurso abstracto sobre competencias entre jurisdicciones planteado por los afectados.
El presidente de la Subcentral Tipnis, Fernando Vargas, se sumó ayer a las movilizaciones de Beni contra la pérdida de un escaño legislativo y el riesgo de ceder recursos por coparticipación.
“Estamos en una marcha pacífica para pedir al Gobierno que no aplique los datos del censo del 2012 porque va en contra de los principios del pueblo boliviano y se quita recursos a los benianos. Rechazamos una actitud de discriminación del Gobierno”, dijo en comunicación con Erbol.
El TCP determinó admitir la demanda para solucionar el conflicto de competencias jurisdiccional entre la justicia originaria indígena y la justicia ordinaria, derivada del castigo que sufrió el dirigente Gumersindo Pradel en una reunión de corregidores convocada por los representantes del Consejo Indígena del Sur (Conisur) en la comunidad San Pablo en junio pasado.
El Tribunal Constitucional decidió también que mientas se realice el análisis del caso “quedan sin efecto todas las acciones judiciales contra dirigentes indígenas del Tipnis”, según explicó el presidente del TCP, Ruddy Flores.
“Se tiene 15 días para que el ente judicial remita toda la información al TCP”, dijo el magistrado en la capital del Estado.
Consultado sobre la decisión del TCP, Vargas cuestionó el principio de imparcialidad del proceso judicial y anunció que a pesar de esa decisión continuarán con la defensa de su territorio.
“Como pueblos indígenas continuaremos con la lucha hasta que el Gobierno cumpla con la Ley, y respete los tratados internacionales para preservar nuestro territorio indígena”, afirmó.
Vargas junto a Pedro Nuny y Adolfo Chávez permanecieron 88 días en las oficinas de la Subcentral Sécure de la ciudad de Trinidad, impedidos de salir del lugar por una orden de aprehensión que pesaba en su contra al no haberse presentado a dos convocatorias de la Fiscalía por los cargos de supuesto intento de homicidio e intento de feminicidio planteados en su contra.
Los dirigentes del Tipnis alegaron que Pradel fue sometido a la justicia comunitaria y que evidentemente recibió tres ‘chicotazos’, pero en ningún caso hubo mayor violencia.
En medio del anticipado clima electoral, el dirigente indígena fue cauto en sus declaraciones respecto a una posible alianza con miras a las elecciones del 2014. “Queremos ser responsables con el pueblo boliviano, hemos tenido muchas dificultades no hemos podido realizar acciones y no hemos decidido si vamos a hacer el propio frente político o alianzas no hemos decidido mal podía decir que haríamos eso. Eso sería mentir al pueblo”, concluyó.
Pradel, por su lado, descalificó la decisión del TCP, quien reiteró su denuncia sobre “intento de asesinato” tras los tres chicotazos que recibió por convocar a un encuentro “sin tener atribuciones”, aunque él reitera que Vargas decía reiteradamente “hay que matarlo” cuando se produjeron los hechos.
“El TPC está apoyando como si fuera un castigo y no como intento de asesinato, entonces están actuando como cómplices”, declaró desde Cochabamba.
