La comisión trinacional programó antes reuniones en Tarija y Buenos Aires. La Cancillería de Paraguay y un diputado de Argentina pidieron, por separado, informes sobre el derrame de desechos tóxicos de la empresa minera Apóstol Santiago de Potosí, Bolivia, en aguas que desembocan en el río Pilcomayo. Para este mes están previstas dos reuniones trinacionales.
El director general de Comercio Exterior de la Cancillería paraguaya, Didier Olmedo, informó que solicitó informes a la Embajada en Bolivia sobre la contaminación en la cuenca del río. Según un reporte del periódico ABC de Paraguay, la Cancillería de ese país intervino en el tema en su calidad de presidente pro témpore de la Comisión Trinacional del río Pilcomayo, integrada por Argentina, Bolivia y Paraguay.
El funcionario dijo que pidió informes a la embajada paraguaya en La Paz para que monitoree la situación. Además, señaló que se estudia el envío de los técnicos de la trinacional a la zona donde se produjo la grieta del dique de la minera Santiago Apóstol.
En Argentina, el diputado de UNIR Alberto Asseff presentó el 14 de julio el pedido de informe al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país para tener más datos “sobre la rotura de una presa en Potosí que determinó que materiales tóxicos se vertieran al río Pilcomayo, que es argentino aguas abajo y afecta a personas y animales”.
El 10 de julio, autoridades de Potosí informaron sobre la rotura del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol, que está ubicada en la comunidad Canutillos de la provincia Cornelio Saavedra. El hecho ocasionó la contaminación de las aguas de la cuenca del río Pilcomayo, que abarca los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija, en territorio boliviano.
Al respecto, en la Cancillería de Bolivia informaron que la Gobernación de Potosí y el Viceministerio de Medio Ambiente identifican el problema y elaboran un informe para determinar las causas del colapso del dique de colas, efectos en los recursos hídricos, tierra, animales y personas.
Se anunció que antes del informe, la Comisión Trinacional del Pilcomayo estableció fechas para que los representantes se reúnan. El primer encuentro debe realizarse el 18 de julio en Tarija y el segundo, el 24 de julio en Buenos Aires. Se prevé que en ambas reuniones se considere el asunto.
Juicio. El presidente de la Asociación de Municipios de Chuquisaca, Jhonny Ortega, anunció ayer que los municipios afectados por la contaminación del río Pilcomayo se sumarán a la demanda judicial que impulsará la Gobernación en contra de la empresa minera Santiago Apóstol, que ocasionó el daño ambiental.
Una vez confirmados los datos sobre los elevados niveles de contaminación con metales tóxicos, como sodio, hierro, cromo y magnesio, el gobernador Esteban Urquizu instruyó iniciar acciones penales contra la empresa minera que provocó el derrame de los desechos mineralógicos.
Ortega dijo que se reunió con representantes de la Gobernación para conocer los detalles del proceso penal que también será asumido por los municipios afectados. Además, se coordinó asumir acciones inmediatas para mitigar los daños ocasionados por la contaminación. En el caso de Chuquisaca, la contaminación alcanzó a nueve municipios.
En Tarija, el asambleísta indígena por el pueblo guaraní Justino Zambrana informó que una comisión de la Asamblea Legislativa Departamental partirá a Potosí para verificar en campo el derrame en un dique de cola que contaminó las aguas del río Pilcomayo, según informó el periódico El País de esa región sureña.El río nace en Oruro, pasa por Potosí y Chuquisaca, y llega a Tarija.
Cadena de los ríos afectados
El arroyo que transporta los desechos tóxicos desemboca en el río Colavi, que pasa por la comunidad de Chari Chari, municipio potosino de Tacobamba, antes de desaguar en el Pilcomayo. Las riberas del afluente marca límites entre los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija.
Comisión de Chuquisaca se traslada a Potosí
Verificará si las empresas mineras cuentan con permiso ambiental
Yuvert Donoso - Sucre
Una comisión de autoridades del departamento de Chuquisaca y diversas organizaciones de la región se trasladarán hoy hasta el lugar donde se produjo la rotura del dique, a la comunidad de Chari Chari, y a otras zonas mineras que hay en Potosí.
Representantes de entidades como la Defensoría del Pueblo, delegados institucionales de la Fiscalía, la Asamblea Legislativa de Chuquisaca, la brigada parlamentaria, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), organizaciones ambientalistas, entre otros, integran la comisión.
La representante del Defensor del Pueblo, Juana Maturano, informó a La Razón que el objetivo de este viaje es conocer el tipo de trabajo que desarrollan las empresas mineras, además si cumplen o no con las normas ambientales y si cuentan con autorización medioambiental para trabajar.
Dijo que también se cursó una invitación al gobernador Esteban Urquizu para que acompañe a la comisión y, paralelamente, se pidió una audiencia al Gobernador potosino para recibir información sobre la actividad minera, porque en reiteradas oportunidades no respondieron a su pedido.
