Alrededor de mil familias habrían llegado en la gestión 2014 a Bermejo y estarán hasta noviembre cuando culmina la zafra de la caña de azúcar. Muchas de ellas no tienen ni tendrán un contrato visado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y a nadie le parecerá extraño.
Tampoco cuentan ni contarán con el seguro de la Caja Nacional de Salud ni habrán aportado un centavo a las AFP. Los trabajadores prefieren tener toda su plata en mano y arriesgan su futuro por unas monedas más.
El trabajo de zafreros tan sólo les reportará el magro pago de 55 ó 60 bolivianos por tonelada cosechada, que es la cifra “acordada”, en la mayoría de los casos de forma verbal, con los patrones.
El ejecutivo de la Federación de Trabajadores Zafreros, Fausber Soraide, explica que la mayoría de las familias migrantes trabajan en los cañaverales de Bermejo y Padcaya, regiones ubicadas en la provincia Aniceto Arce de Tarija; aunque muchos también son ubicados en las cosechas de Culpina del departamento de Chuquisaca e Incahuasi en Potosí.
Soraide asegura que acuden a vivir en la “Casa del Zafrero”, con el propósito de engrosar la mano de obra, cuenta que llegan muchos jovenzuelos acompañando a sus padres o parientes; y que a pesar de ser adolescentes, su esfuerzo termina siendo similar al de los mayores.
Este líder sindical es enfático al señalar que “Si le vamos a prohibir el trabajo a los adolescentes de 14 y 15 años, tendríamos que darles alguna alternativa de vida y que puedan seguir estudiando”.
Sin embargo, la prohibición está contemplada en la anterior Ley 2026, que señala que los adolescentes comprendidos entre los 14 y 18 años no podrán trabajar en actividades peligrosas que atenten contra su salud, seguridad o moralidad, de acuerdo a lo señalado en los artículos 133 al 135 del Código Niño, Niña y Adolescente. Pero algunos vienen con sus padres y se mueven en un grupo más sólido; otros llegan con algún pariente y están casi solos; pero unos y otros tienen el mismo propósito: trabajar y ayudar a sostener a la familia.
De manera coincidente, el Ministerio de Trabajo, a través de la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil, considera que se deben forjar alternativas para que los zafreros jóvenes puedan seguir estudiando. El dato que conmueve es que, según esta repartición estatal, en la pasada gestión 2013, la zafra tuvo, entre jóvenes y adolescentes, un 40 por ciento.
Cada vez menos necesarios
En algún momento los zafreros sumaron 5 mil personas entre mujeres, niños y adolescentes, de acuerdo a datos de la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil de las gestiones 2003 al 2006. Se trataba de expertos en trabajos de quema, cortes, despunte y carga a los camiones de toda la materia prima, cuyo destino siempre es el ingenio azucarero.
Con el pasar de los años y la tecnificación del proceso de cosecha, el número de zafreros disminuyó a tres mil familias, que fue la cifra registrada en las gestiones 2012 y 2013 y, este año, se calcula que fueron alrededor de mil familias las migrantes.
Cuando se habla de zafra, las personas que la conocen, saben que se está hablando de aproximadamente cuatro meses de duro trabajo en la cosecha de la caña; que los cañaverales tienen una extensión superior a las 11 mil hectáreas; y que se está hablando de un inclemente calor seco, propio de Bermejo y Padcaya, y de alimañas que se niegan a ceder su propio hábitat.
Según declaraciones de Gumersindo Condori, presidente de la Federación de Productores Cañeros de Bermejo, la incipiente organización laboral en la zafra, muestra que existen 118 jefes de grupo de cosecha, quienes perciben por tonelada de caña, entre 50 y 60 bolivianos.
Condori sostiene que los zafreros, en su mayoría, no tienen contrato ni seguro de salud, y menos aportes para una jubilación; es decir que estos trabajadores están desprovistos de cualquier mecanismo que les resguarde de accidentes de trabajo, mordeduras de víboras o picaduras, tan frecuentes en esas zonas, o de riesgos mayores, como su propia muerte.
El migrante en desventaja
Se podría decir que las familias migrantes de Potosí y Chuquisaca tienen un trato particular, diferente, al obtener el Seguro Universal de Salud de Tarija (SUSAT) ya que este beneficio sólo les vale mientras dura la zafra, mientras que para las familias tarijeñas el seguro tiene vigencia los 365 días del año.
La responsable del SUSAT en Bermejo, Patricia Cadena, explica que el reglamento del SUSAT dice que “Es beneficiaria toda la población nacida en el departamento de Tarija de cinco a 59 años”. En esta gestión la autorización para la extensión del SUSAT a la familia zafrera se realizó recién a partir del 25 de septiembre, cuando la zafra ya está en plena marcha.
Según la explicación de Cadena, el SEDES otorga a los oriundos de otros departamentos un seguro temporal -durante la temporada de la zafra- pero después, si lo requirieran, sólo son atendidos en los centros de salud y en el Hospital Virgen de Chaguaya. Por ello el SUSAT para los no tarijeños tiene un sello que los diferencia.
De acuerdo a datos recogidos en la primera inspección de la gestión 2014, en los campamentos zafreros se tiene un registro de 842 personas entre hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. De ellos, hasta ahora, algo más de 20 personas cuentan con el seguro de salud.
En 2012 se habían registrado 170 asegurados, el 2013 fueron 130. Se prevé que este año se aseguren alrededor de 200 personas, es decir que en media zafra tan sólo el 10 por ciento habría podido culminar sus trámites.
Evaden el seguro de salud
El seguro de salud es una de las responsabilidades del “jefe de grupo de cosecha de caña de azúcar”, pero evaden esta responsabilidad para no hacer los aportes a la Caja Nacional de Salud. Ellos se escudan en que los zafreros reciben el seguro SUSAT; pero las normas enarboladas por el Ministerio de Trabajo, el Defensor del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil dicen todo lo contrario.
La responsable de la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil, Norma Alfaro, considera que la situación es tan delicada que los actores no deberían esperar que se emita una resolución porque de lo que se habla es de seres humanos que a veces requieren una atención inmediata.
Aunque este tema debería ser una responsabilidad del jefe de grupo, son pocos quienes cumplen. “En casos de accidentes y otras atenciones que no cubre el SUSAT, sí o sí (sic) deben ser atendidas por los jefes de grupo y (las cuentas) canceladas en todas las prestaciones de salud”.
Existe un acuerdo con los responsables de puestos de salud para que, en caso de accidentes de trabajo en la cosecha de la caña, se remita inmediatamente toda la documentación al Ministerio de Trabajo, y sea esta instancia la que haga el seguimiento correspondiente.
“Consideramos que es una discriminación toda vez que hay que esperar, sabemos que la zafra empezó tarde, pero se tuvo conocimiento que desde el 16 de agosto ya hubo gente trabajando. ¿Esto significa que la familia zafrera no tenía derecho a enfermarse al no contar con el seguro autorizado por el SEDES, en especial para familias de otros departamentos?”, cuestionó Alfaro.
De acuerdo a una inspección realizada entre el 20 de agosto y el 18 de septiembre, el Ministerio de Trabajo, a través de la Comisión de Erradicación del Trabajo Infantil, en su primera visita registró 81 campamentos de los que 50 estaban ocupados.
Las cifras del informe son elocuentes: Se registraron 353 hombres adultos, 220 mujeres, 197 niños de 0 a 5 años, 39 niños de 6 a 12 años y 33 adolescentes que estarían trabajando en la zafra como “cuartas”, que es el denominativo dado a jóvenes mujeres o varones que trabajan por la cuarta parte del salario de un trabajador adulto; es decir que si un trabajador ayudado por su cuarta saca un promedio de cinco o seis toneladas de caña y que su ingreso sería de 6 mil bolivianos, de esa cantidad, a la cuarta le corresponde 1500 bolivianos.
Generalmente, la cuarta además de ayudar al zafrero a cortar la caña, amontonarla y ponerla en los camiones, debe preparar los alimentos.
Sólo cinco cumplen norma
El Decreto Supremo Nº 20255 del 24 de mayo de 1984, establece claramente qué se entiende por “parte patronal” y qué es la “parte laboral” y cuáles son los derechos y deberes.
Señala, por ejemplo, que todo empleador que contrate trabajadores para la zafra de la caña de azúcar debe firmar un contrato de trabajo y dar seguros a corto y largo plazo.
El decreto no es cumplido a cabalidad, así lo expresa Juan Pablo Galván, jefe del Ministerio de Trabajo (Regional Bermejo). “De 200 campamentos instalados en diferentes zonas, sólo cinco están cumpliendo con la presentación de carpetas; es decir que sólo cinco aportan al seguro a largo plazo (AFP) que también sirve como seguro de vida en casos de accidentes o muerte”.
Galván citó a “El Módulo Agropecuario de la Cooperativa Primero de Septiembre”, a “Cimar Alberto Gareca”, a “Pedro Acuña” a “Basilio Mamani” y a “Lidio Bejarano” entre las jefaturas de grupo que cumplen la norma laboral.
Los trabajadores también son cómplices de la inseguridad
Otro dilema según Juan Pablo Galván, es que el personal zafrero no quiere que se le descuente por aportar a las AFP. El argumento muestra un claro desconocimiento de las normas por parte de los trabajadores, quienes, según el funcionario público, señalan que ellos llegan a Bermejo a ganar dinero y que no quieren ningún descuento. Se asegura que cuando la reducción por aportes a las AFP es innegociable, el zafrero abandona el campamento y busca otro donde sean más flexibles.
Galván asegura que los beneficios de estos seguros a corto y largo plazo fueron socializados con dirigentes de la Federación de Zafreros y dice que ellos son consientes de que deben apoyar las inspecciones laborales y presentar una serie de documentos entre los que está la Planilla a la Caja Nacional de Salud y la de Aportes a las AFP; afirma que el no hacerlo debe dar pie al inicio de un proceso por infracción a las leyes sociales.
Según esta autoridad, el trabajo de concientización sobre el cumplimiento obligatorio de las normas, tanto a Jefes de Grupo como a los trabajadores zafreros es una tarea que debe ser mantenida en el tiempo. Además asegura que las inspecciones a los campamentos son también imprescindibles para mejorar las condiciones laborales de la zafra y convertirla en un trabajo menos cruel. El objetivo final es que quienes lleguen allí, no se jueguen la vida por unas monedas más.
* Es periodista. Autora del presente reportaje realizado con el apoyo del “Fondo concursable para la investigación periodística sobre el empleo juvenil en Bolivia”, una iniciativa de la Fundación para el Periodismo y Solidar-Suiza
